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NO SE PUEDE VIOLENTAR LA LEY Y PEDIR PERDÓN: CANDELARIA OCHOA

Guadalajara, Jalisco 19 de julio de 2016

“La casa blanca no puede quedar en una anécdota, no se puede violentar la ley y pedir perdón”, sentenció la Diputada Federal Ciudadana Candelaria Ochoa Ávalos, luego de que este lunes el Presidente Enrique Peña Nieto pidió perdón por el agravio que causó a la sociedad en el 2014 debido a un “error” cometido relacionado con la llamada Casa Blanca.

Añadió la Legisladora que:

“La ética pública, el combate a la corrupción, los principios de honestidad y rendición de cuentas de quien encabeza el gobierno federal deben ser un principio fundamental.”

Cabe recordar que durante la comparecencia el pasado Noviembre del Secretario de la Función Pública Virgilio Andrade ante las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción en San Lázaro, Ochoa Ávalos tomó la tribuna para señalar que a nadie convencieron los argumentos esgrimidos para exonerar al Presidente Peña Nieto y al Secretario de Hacienda Luis Videgaray por su relación con el grupo Higa.

Candelaria Ochoa cuestiona el por qué Andrade no dijo en la mencionada comparecencia que habían “devuelto” la casa y este 18 de Julio el Presidente así lo afirma. A quién quieren engañar? pregunta la Diputada  y añade: “Si no fué delito de corrupción, porque dieron la orden para sacar a la periodista Carmen Aristegui y su equipo del aire?”. Ya que como es sabido, fueron  los responsables de la investigación que destapó el caso que causó tanta indignación entre los mexicanos. Ahora Peña Nieto ofrece disculpas y pretende que el tema simplemente quede en el olvido.

“Peña Nieto quiere hacer borrón de un acto ilícito y eso es violentar la legalidad, no se lo podemos permitir…¡porque la corrupción es un delito!”

La Diputada Federal presentó en Junio una reserva al artículo 212 del Código Penal Federal, con el fin de que los funcionarios corruptos sean inhabilitados de por vida. Propuso endurecer las sanciones a servidores públicos que incurran en actos ilegales comprobados, de tal manera que se contemple la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisiones públicas de por vida.

 

 

Movimiento Ciudadano mantiene observaciones en torno a la Ley de Transparencia

30 de Marzo de 2016

Luego de que el resto de grupos parlamentarios han mostrado cerrazón para aceptar propuestas de modificación a la minuta de la Ley de Transparencia, Movimiento Ciudadano reafirma la importancia de una serie de observaciones que resultan irrenunciables en el marco de la aprobación de este ordenamiento.

“Queremos advertir que la aprobación de un dictamen que excluya cambios indispensables en la Ley de Transparencia representará una señal inequívoca de que las voluntades de los partidos de siempre no están del lado de la transparencia en los recursos de los ciudadanos, sino de una opacidad que favorece la corrupción y la impunidad en el ejercicio público”, dijo la diputada Candelaria Ochoa, integrante de la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados.

1.- 3de3 obligatorio y transparente. Estamos convencidos que para dar pasos correctos en dirección a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, debemos incluir en la Ley de Transparencia la obligación de todos los servidores públicos de hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.

“El argumento del PRI y sus aliados es que formará parte de la Ley de Responsabilidades, pero nada garantiza que así será, así que debemos incluirla en esta Ley. No hay argumentos razonables para no hacerlo”, añadió la diputada Candelaria Ochoa. .

2.- Evitar reparto de cuotas partidistas en la elección de Consejeros del INAI. Proponemos que en el proceso de elección de los Consejeros del INAI se convoque a instituciones académicas para la elaboración, aplicación y calificación de evaluaciones, que garanticen que sólo los mejores perfiles accederán a dichos puestos, sin cuotas partidistas.

3.- Evitar opacidad por argumentos de “seguridad nacional”. Un elemento indispensable para los Diputados Ciudadanos es la definición del término seguridad nacional en la Ley para que los consejeros del INAI tengan claras las condiciones en las que pueden negar el acceso a información bajo esa limitante. “Los consejeros del INAI han aceptado que son muchos los expedientes que mantienen bajo reserva con el argumento de seguridad nacional. Si no definimos con claridad su significado y alcances, este concepto seguirá siendo utilizado como pretexto para impedir que se conozca información vital”, indicó la diputada.

4.- Lineamientos de gobierno abierto. Para los Diputados Ciudadanos es necesario que la Ley Federal de Transparencia incluya conceptos e instrumentos específicos de Gobierno y Parlamento Abierto, incluso para que los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y el Senado de la República estén obligados a cumplir reglas y condiciones de transparencia y control del gasto.

5.- Armonización de los sujetos obligados. Proponemos reducir de 18 meses a 6 meses el plazo para que los sujetos obligados expidan su normatividad interna ajustándolas a las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia, dado que el plazo propuesto en la minuta es excesivo.

6.- Régimen laboral de los trabajadores del INAI. Está claro que los trabajadores del INAI como servidores públicos  deben pertenecer al régimen del apartado B del artículo 123 constitucional. La minuta los clasifica de otra manera, lo que significa una violación a sus derechos laborales. “¿Por qué tienen esta clasificación si fueron contratados antes de 1997 y tienen derecho a ser de base?”, preguntó la diputada Ochoa. “Si no modificamos este error en la Ley, dejaremos a los trabajadores en absoluta desprotección de cualquier seguridad social y legitimaremos lo que la Constitución prohíbe”.

7.- Transparencia en contratos de deuda pública. La minuta contiene la omisión de no considerar como información pública fundamental los contratos de deuda pública y las condiciones de los mismos. Si bien, se establece como información pública el monto de la deuda, no es así con los contratos y condiciones adquiridas por el Gobierno Federal, por lo que consideramos debe corregirse.

8.- Correcciones jurídicas indispensables sobre el salario mínimo.  Debe corregirse un error evidente del proyecto de dictamen: en el apartado de medidas y sanciones previstas en el Título Sexto se hace mención a multas en salario mínimo general vigente, cuando la reciente esta misma Legislatura estableció el concepto de unidad de cuenta.