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AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES PUEDEN REPLICAR EL EJEMPLO DEL AYUNTAMIENTO TAPATÍO, QUE APORTARÁ 4 MDP A LA ASOCIACIÓN 22 DE ABRIL

22 de abril de 2016

Como cada año, la Diputada Federal Jalisciense por Movimiento Ciudadano Candelaria Ochoa Ávalos, hizo acto de presencia en apoyo a las víctimas de las explosiones del 22 de abril, en esta ocasión en la guardia de honor que se realizó en el monumento de la Estela contra el Olvido en el barrio de Analco, donde refrendó el compromiso de seguir apoyando la lucha de los damnificados y sus familias.

La legisladora hace un llamado a autoridades estatales y federales para que sigan el ejemplo del municipio de Guadalajara, que a través de la figura del alcalde suplente Marco Valerio Pérez, anunció la aportación de 4 millones de pesos al fideicomiso de la Asociación 22 de abril, como resultado de un acuerdo con regidores y el presidente municipal Enrique Alfaro.  El convenio contempla etiquetar esos recursos en el Presupuesto de Egresos 2017.

Cabe señalar que en la actualidad están inscritas 62 personas y sus familias en dicho fideicomiso y beneficiarios manifestaron que prácticamente está por agotarse, razón por la que acudieron con el Gobierno del Estado para conseguir más recursos, sin obtener respuesta. De acuerdo a la información que aportaron beneficiarios de la bolsa, el Ejecutivo estatal les prometió 10 millones de pesos y sólo recibieron uno.

A 24 años de la tragedia que enlutó a cientos de familias, Ochoa Ávalos enfatiza la importancia de no caer en el olvido, por lo que invita a la ciudadanía a apreciar la exposición fotográfica que se inauguró este viernes en palacio municipal de Guadalajara con 20 imágenes que plasmaron el lamentable acontecimiento sin precedentes en la historia de la ciudad.

 

Aniversario de los Acuerdos de San Andrés

16 de febrero de 2016

El 1 de enero de 1994, constituye un parteaguas en la historia de nuestro país. Los mexicanos sabemos y sabe también el mundo, que en esa fecha surge en México un movimiento armado sui generis, formado por indígenas chiapanecos auto denominados Ejército Zapatista de Liberación Nacional, miles salen a las calles en la madrugada y asaltan por sorpresa comunidades y presidencias municipales como la de San Cristóbal de Las Casas. Denominarse Ejército Zapatista nos remite a dos consideraciones: movimiento armado y lucha por la tierra. Este movimiento nos trae a la conciencia una historia presente, que creíamos pasada.

El rezago agrario no es propio de Chiapas, pero sí se expresa de manera cruda en este estado y ser indígena hasta nuestros tiempos, significa una falta de justicia ignominiosa, además de vivir la discriminación, la violencia y el maltrato de manera perpetuada.

El impacto de este levantamiento armado, sobre la opinión pública nacional e internacional fue tal, que en tres semanas se iniciaron negociaciones para parar la guerra. Luego de un diálogo intenso, las partes en conflicto suscribieron los conocidos “Acuerdos de San Andrés”, que sentaron las bases de una tregua.

La Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz en Chiapas, aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión y promulgada el 9 de marzo de 1995, estableció las bases jurídicas para el diálogo. Esta Ley, creo uno de los mecanismos para mantener una instancia de intermediación y es la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) para convertirse en garante de la tregua y coadyuvar en el diálogo y la negociación entre las partes, es decir entre el gobierno federal y el EZLN, se estableció la Comisión para la Concordia y Pacificación, conformada por Diputados federales y Senadores. La existencia misma de esta comisión, así como su desempeño, es fundamental para la tregua. Por ello, hoy tenemos una gran responsabilidad, ya que como es sabido -es algo que ha sido denunciado no solamente por el EZLN sino por muy diversas voces autorizadas- el gobierno federal no cumplió y no ha cumplido con la palabra empeñada en San Andrés Larráinzar y el EZLN se retiró del diálogo. En este vigésimo aniversario de los Acuerdos de San Andrés, tenemos la oportunidad de revitalizar este enlace que nos permita re asumir la responsabilidad para que fue creada.

Porque en años recientes, se ha “normalizado” la guerra, lo que tiende a invisibilizar el conflicto. Pero la normalización de la guerra no lo anula; por el contrario, crea otros conflictos. Se puede considerar que el diálogo iniciado en San Andrés Larráinzar está hoy en punto muerto. Pero la ausencia de diálogo no elimina los factores que dieron origen al levantamiento armado: la discriminación, la desigualdad, la falta de derechos y de recursos, la falta de respeto por los pueblos, la ignominia…

En la actualidad, es indispensable mirar de forma autocrítica la situación y lo acontecido: se impone realizar un balance serio de la trayectoria de la COCAPA que representa la presencia y actuación del poder Legislativo de la nación, en un conflicto que no ha dejado de existir.

A todos nos concierne la construcción de un país incluyente y justo, para lo cual todos estamos interpelados para erradicar la discriminación y la injusticia. Este poder legislativo, que representa la diversidad de país que somos, tiene la oportunidad de asumir su responsabilidad en la construcción de las vías para el dialogo.

La realidad nos muestra que requerimos de un balance a 20 años de los Acuerdos de San Andrés, en el que se puedan plasmar los logros, pero sobre todo, los retos pendientes con los pueblos originarios y su derecho a vivir una vida sin discriminación. Les conmino desde aquí, a que revitalizar las tareas de la COCOPA, a realizar un balance con especialistas y con los pueblos, para que juntos, encontremos las vías de la paz y la concordia y no la simulación de las mismas.

 

 

Aniversario de la abolición de la Esclavitud

Aniversario de la abolición de la Esclavitud

1a.- Que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad, dentro del término de diez días, so pena de muerte, la que se les aplicará por transgresión de este artículo.


2a.- Que cese para lo sucesivo la contribución de tributos, respecto de las castas que lo pagaban y toda exacción que a los indios se les exija.

 

Miguel Hidalgo 6 de diciembre de 1810, sintetizó una promesa de libertad: firmó en Guadalajara el decreto de abolición de la esclavitud y del tributo de las castas e indios.

Fundó, con ese acto, la defensa en este suelo de los Derechos Humanos, pues igualaba ante la ley a los pobladores, desconociendo las diferencias basadas en el color de la piel, el lugar de nacimiento o la condición social.

Ese 6 de diciembre, la abolición de la esclavitud refundó simbólicamente a Guadalajara y a este país, como una tierra de libertades.

Y sin embargo, si por esclavitud se entiende el sometimiento, adueñarse de una vida humana, usar -y aún abusar- impunemente de su cuerpo y su persona, comercializar los cuerpos de seres humanos y lucrar con ese comercio, la privación de la libertad de decisión sobre el propio cuerpo y de la libertad de movimiento, con grilletes y cadenas materiales o simbólicos… Entonces la abolición de la esclavitud es en pleno siglo XXI, una tarea pendiente.

Sigue pendiente la abolición de la esclavitud porque en nuestro país se practica la trata de personas, el comercio de infantes, los salarios de miseria que atan al trabajador a formas de explotación que mal garantizan su subsistencia y porque esas prácticas ilegales, permanecen generalmente impunes.

El decreto de abolición de la esclavitud y del tributo de las castas y de los llamados “indios”, no solo es un hecho digno de ser recordado: es un acto histórico que obliga, que nos compromete a mantener la defensa de los derechos y libertades.

Al conmemorar el acto fundador de Don Miguel Hidalgo y su gesto libertador, deberemos reconocer también la inmensa labor que tenemos pendiente: la obligación que pesa sobre todos nosotros para que ésta se convierta en tierra de libertad y de justicia.

Si el empeño debe ser de todas y todos los ciudadanos, mayor aún es el deber de este Congreso para legislar contra toda práctica que atente contra los derechos humanos, sobre todo de quienes nos quieren seguir tratando como a esclavos.

Don Miguel Hidalgo ratificó una promesa de libertad. Este Congreso debe velar por su estricto cumplimiento.

En esta Cámara, existe una empresa que lleva por nombre “Slaver” (esclavizante, esclavismo, esclavizador) y que trata a las y los trabajadores que mantienen limpio este congreso, como esclavos, además del pago raquítico que reciben, llevan tatuado en sus gabardinas ese nombre.  Esa es la esclavitud moderna que debemos y estamos obligados como legisladores, a desterrar!