Mesa de trabajo para atender las Alertas de Género en el país.

LA DIPUTADA CANDELARIA OCHOA ORGANIZA MESA DE TRABAJO
“DECLARATORIA DE ALERTA DE GÉNERO” ¿Y LUEGO QUÉ?

Este miércoles 28 de febrero se llevó a cabo en San Lázaro la mesa de trabajo “DECLARATORIA DE ALERTA DE GÉNERO ¿Y LUEGO QUÉ?”, organizada por la diputada Ciudadana Candelaria Ochoa Ávalos, con la presencia de representantes de los Institutos de las mujeres y operadores de la alerta en los estados donde se encuentra activa: Morelos, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Jalisco, Sonora y el estado de México.

La legisladora organizó la mesa de trabajo a la que también asistió el Instituto Nacional de la Mujer, el CONAVIM y los Institutos Estatales de la Mujer, con el fin de recoger experiencias, conocer la situación que priva  en los estados donde se activó la Alerta de Género y de esta manera contribuir a definir medidas para una estrategia efectiva por parte de autoridades estatales y municipales. Señaló la necesidad de hacer modificaciones al mecanismo e incorporar un comité de expertas que den seguimiento y vigilen el actuar del gobierno.

“El problema surge cuando la declaratoria de dicha alerta es producto de trabas burocráticas en razón de intereses políticos. Las alertas de género, cuando logran ser declaradas, muchas veces lo hacen después de más de un año de esfuerzos constantes y desgastantes por parte de mujeres que desde la sociedad civil son vigilantes. Y por ello, creemos que esas mujeres pueden hacerse cargo del proceso para declarar las alertas de género: crear un Comité de Expertas, quienes sean electas después de una convocatoria pública. Ya no queremos dejar nuestra vida y nuestra suerte al arbitrio de intereses políticos y negligencias.”

La senadora Martha Tagle dirigió la primera de tres de las mesas de diálogo y destacó que la problemática de la alerta de género no es menor y que una de las principales razones por las que no existe una estrategia efectiva es por la falta de apropiación del problema por parte de los ciudadanos

Por su parte el Vicecoordinador de la Bancada de los Ciudadanos, Jonadab Martínez García, reconoció  que hace falta mucho trabajo por hacer y señaló la necesidad de dar seguimiento al mecanismo de Alerta de Género, como el  intercambio de perspectivas sobre los programas, revisar reportes y verificar los resultados además de aprovechar el apoyo que brindan foros como el presente.

Candelaria Ochoa aprovechó para lanzar un llamado por la seguridad de la Dra. Rocío Córdova Plaza, “hago un reclamo por la seguridad de la Dra. Rocío Córdova en Veracruz, una investigadora SNI-III que ha estudiado el tema de las desapariciones en ese estado. Hago un llamado al Gobernador para decirle que estaremos vigilantes de la integridad de la Dra.” señaló la diputada ciudadana.

Transmisión de la mesa de trabajo:

Parte 1
Parte 2

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Mesa de trabajo “Declaratoria de Alerta de Género ¿y luego qué?”

La Alerta de Violencia de Género es un instrumento, compuesto por un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia, que tiene el Estado mexicano para combatir la violencia contra las mujeres en su expresión más extrema: el feminicidio.

A pesar de que es un instrumento relativamente nuevo, declarada apenas en 2015, su implementación ha sido ampliamente difundida y actualmente hay más de 90 municipios distribuidos en 13 estados de la república que cuentan con esta declaratoria. Sin embargo, en muchos de estos estados los feminicidios no han disminuido, y siguen siendo una terrible amenaza a la seguridad de las mujeres.

La novedad y expansión de las alertas de género, así como su aplicación, aún no ha permitido crear un espacio o dinámica necesarios para el intercambio de información, experiencias y retos que los encargados de hacerla cumplir han enfrentado, por lo que nos parece necesario avanzar en la construcción del mismo.

Por ello, hoy convocamos a las y los representantes encargadas a nivel estatal de la aplicación de la alerta de violencia de género, pues son quienes tienen la posibilidad de dar un panorama más amplio de la aplicación y los retos, así como entablar un diálogo nutritivo y avanzar en la construcción de políticas públicas e institucionales que contribuyan a una mejora de estos mecanismos que son necesarios para erradicar la violencia contra las mujeres.

 

Programa

Fecha: 28 de Febrero de 2018, 9:45 horas
Sede: H. Cámara de Diputados, Palacio legislativo de San Lázaro, Edificio G, Zona C (Cristales)

9:45 hrs. Registro

10:00 hrs. Inauguración presentación del foro

  • Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano
  • Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos

10:10 hrs. Mesa 1, Estados con declaratoria de Alerta de Género anterior a 2017

  • Presentación
    Senadora Martha Angélica Tagle, “El sentido de Urgencia, Rediseño de la Alerta de Violencia de Género”
  • Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres*
  • Instituto Nacional de la Mujeres
    Mtro. Pablo Navarrete, Coordinador de Asuntos Jurídicos.
  • Estado de México
    Mtro. Jesús Morales Gil, Subdirector de asistencia jurídica y psicológica del CEMyBS
  • Morelos
    María Teresa Domínguez Rivera, Directora General del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos
  • Chiapas
    C.P. Braulia Sánchez Velasco, Secretaria del Empoderamiento de la Mujer en Chiapas
  • Nuevo León
    Dr. Arturo Ojeda Becerra, Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León
  • Veracruz
    Mtra. Yolanda Olivares Pérez, Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres.  

14:00 hrs. Comida

15:30 hrs. Mesa 2, Estados con Declaratoria de Alerta de Género a partir de 2017

  • Introducción
  • Colima
    Armida Zepeda Mesina, Secretaria ejecutiva del Consejo de la Comisión de los Derechos Humanos de Colima
  • San Luis Potosí
    Lic. Jorge Andrés López Espinosa, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí
  • Guerrero
    Maira Gloribel Martínez Pineda, Titular de la Secretaria de la Mujer de Guerrero
  • Quintana Roo
    Dra. Silvia Damián López, Directora general del Instituto Quintanarroense de la Mujer
  • Jalisco
    Dra. Érika Adriana Loyo Beristáin, Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres
  • Sonora
    Juan Carlos Rico Díaz, Director del Consejo Estatal de Población de Sonora

17:30 hrs. Mesa 3. Conclusiones

Los Participantes tendrán 20 minutos para exponer, una vez finalizada la ronda de intervenciones habrá una ronda de preguntas y finalmente ronda de respuestas de 5 minutos por participante.

 

*Por confirmar

 

 

Amplían diputados combate a acoso sexual

Medio: Reforma

Diputados aprobaron redefinir y ampliar la definición de acoso sexual en la Ley para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.
La Cámara de Diputados aprobó modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para ampliar la definición a detalle del acoso y el hostigamiento sexual.Con 303 votos, todos a favor, aprobaron un proyecto de decreto para añadir el artículo 16 Bis al capítulo De la Violencia en la Comunidad, para redefinir el acoso sexual: “Cualquier acto llevado a cabo en un espacio público o privado que sea no consensuado y amenazador, motivado principalmente por el sexo o el género percibido de la persona acosada“.

El proyecto de decreto aclara que son formas de acoso sexual, el expresivo, el verbal, el físico, las persecuciones y el exhibicionismo.

También se ordena al Estado mexicano que garantice a las mujeres su erradicación mediante programas de prevención, además de la facilitación de protocolos de denuncia.

El documento, enviado al Senado para su ratificación, también contempla ampliar el artículo 13 de la misma Ley, para ampliar la definición de hostigamiento sexual.

“Hostigamiento sexual es cualquier conducta que comete una persona en contra de otra con fines lascivos, mediante el ejercicio del poder, el asedio reiterado y/o valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualesquiera que otro otras que implique subordinación”.

La autora de la iniciativa, Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano, urgió a erradicar esos delitos tan comunes en contra sobre todo de las mujeres.

“La normalización del acoso en nuestra cultura ha provocado que las personas no sean conscientes de que es un problema ampliamente difundido y que se den explicaciones socialmente válidas que lo perpetúen“, sostuvo.

La diputada priista Laura Plascencia Pacheco alertó también sobre la falta de protección a las mujeres.

Afirmó que en México casi 7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia, incluso, dijo, 40 por ciento de las mujeres sufren violencia sexual. Según esas cifras, cada minuto una mujer, incluso niña, son violadas y la mayoría de los casos queda impunes.

El acoso callejero será considerado como delito

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen producto de la iniciativa de Candelaria Ochoa para que el acoso callejero sea considerado acoso sexual y por lo tanto, un delito. La propuesta de la diputada ciudadana busca combatir la violencia contra las mujeres.

“El acoso contra las mujeres modifica el libre desenvolvimiento en la ciudad, lo que significa que se modifiquen rutas, horarios, vestimenta e incluso que declaren no salir porque no se sienten seguras” recordó la diputada ciudadana.

Candelaria Ochoa señaló que el acoso sucede en diferentes espacios, de diversas maneras y con más frecuencia de lo que pensamos y su normalización es un problema muy serio “la normalización del acoso en nuestra cultura ha provocado que las personas no sean conscientes de que es un problema ampliamente difundido” señaló la legisladora.

“Erradicar la violencia contra las mujeres no es sencillo, hoy a 10 años de la creación de la Ley aún tenemos problemas para implementarla” señaló la diputada, quien recordó que el dictamen fue regresado en 3 ocasiones por la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género.

La lucha de las Diputadas Ciudadanas en contra de la violencia de género en todas sus expresiones, el acoso y la cosificación de las mujeres ha sido una de las principales banderas que han impulsado durante esta legislatura. En otras ocasiones han presentado denuncias y puntos de acuerdo sobre el tema, en donde el resto de la bancada siempre las ha acompañado.

“Es nuestro deber trabajar para encontrar herramientas que contribuyan a que las mujeres podamos sentirnos y estar seguras en los espacios docentes y en los espacios laborales, y aún nos falta trabajar en los espacios comunitarios. Necesitamos educar y reeducarnos contra la normalización del acoso y la violencia y fomentar mecanismos que la sancionen” destacó Candelaria Ochoa.

Siempreviva: El acoso es un problema

La reforma presentada al Artículo 13 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, reconoce el acoso en los espacios laborales y docentes. Con todas las dificultades y a pesar de que ya la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto. Falta reconocer el acoso como parte de la violencia en la comunidad. Es, por lo tanto, un primer paso en esta tarea que no es fácil, porque se trata de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres en los distintos espacios e instituciones de nuestro país.

            Así como La LGAMLV reconoce los tipos y modalidades de la violencia como la física, emocional, psicológica, sexual, económica, laboral, política y docente, el acoso es, evidentemente, una forma de violencia que evidencia un desbalance de poder en el que una persona amedrenta de alguna forma a otra.

            El acoso sexual es un fenómeno que, a pesar de ser una agresión directa en contra de alguien, se ha normalizado hasta el punto de sorprender la denuncia del mismo. Es un comportamiento que, más que invisible, es común en las interacciones cotidianas y afecta la vida de la mayoría de las mujeres en nuestro país. La normalización del acoso sexual en nuestra cultura ha provocado que las personas no sean conscientes de que es un problema ampliamente difundido, y que se den explicaciones socialmente válidas que lo perpetúan.

La sensación de inseguridad en las ciudades y comunidades, no deriva únicamente del crimen y la violencia, sino de una combinación de factores que incluyen temas sociales, económicos, culturales y domésticos, como la pobreza, el desempleo, la violencia urbana, la actividad delictiva, la desigualdad entre hombres y mujeres, el racismo, la xenofobia y la trata, entre otros.

En un estudio realizado por David Martínez y Mariana del Carmen González, de la Universidad Iberoamericana León, en Los Castillos, las y los investigadores exploran desde una perspectiva de los derechos humanos y de género, el derecho a la ciudad.  Y en particular, estudian el derecho a los espacios públicos y la libertad de las mujeres en ellos. Y si pensamos que las mujeres tenemos derechos en ellos, pues nos hemos equivocado, porque este trabajo, lo que nos muestra que el acoso en la vía pública es una vivencia que desde niñas la padecemos. Y digo la padecemos porque los testimonios que nos presentan nos muestran cómo antes estas situaciones de acoso -que son violencia- iniciamos a vivir con miedo y temerosas de los hombres. Y me pregunto ¿En qué momento les perdemos el miedo y la vergüenza? porque después nos piden que nos enamoremos de ellos,  vivir con ellos y hasta tener hijos con ellos. Esos que quizá acosaron a mujeres en sus propios hogares o en los espacios públicos, que son conocidos muchas veces y desconocidos otras tantas. Dicen las y los autores de este trabajo, acosar a una mujer desconocida en la vía pública, surte el efecto simbólico de alimentar esa masculinidad hegemónica y probar la virilidad.

Y es que el acoso contra las mujeres modifica su libre desenvolvimiento en la ciudad; lo cual implica que modifiquen rutas, horarios, vestimenta e incluso que decidan no salir al no saberse seguras. Es nuestro deber, desde este poder legislativo, trabajar para encontrar herramientas que contribuyan a que las mujeres podamos sentirnos y estar seguras; educar y re educarnos contra la normalización del acoso y la violencia y fomentar mecanismos que lo sancionen.

            Considero fundamental y necesario avanzar para erradicar la violencia, no nos vamos a acostumbrarnos y normalizarla, la violencia y el maltrato son un problema que lastima el tejido social y tenemos que atajarlo de manera frontal. Es un problema y hay que nombrarlo como tal.

Por María Candelaria Ochoa Ávalos
Publicado originalmente en MX Político

Siempreviva: Prohibir el matrimonio infantil

En varios Códigos civiles se mantiene el matrimonio infantil de mujeres menores de 18 años, lo que quiere decir niñas. Y es que todavía se permite que con la autorización de padres y/o tutores ellas puedan contraer matrimonio. Este es un gran reto para la legislatura -ante la cual ya presentamos la diputada Maricela Contreras y una servidora- una iniciativa para prohibirlo y que posteriormente, todos los estados de la República hagan lo mismo. Y es que los casos de matrimonio infantil son dramáticos, menores de edad que no han vivido como tales.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) define el matrimonio infantil como un matrimonio formal o unión informal antes de los 18 años. Este fenómeno es una realidad que afecta a las niñas de manera más desproporcionada. En su informe, Progreso para la Infancia de 2010, dicha agencia de Naciones Unidas sostiene que alrededor de una tercera parte de las mujeres de 20 a 24 años de edad a nivel mundial se casaron cuando eran niñas; precisa que si bien los datos de 47 países muestran que, en general, la edad mediana del primer matrimonio está aumentando gradualmente, esta mejora se ha limitado principalmente a las niñas de las familias con ingresos más altos e informa que mientras que el 48% de las mujeres de 45 a 49 años de edad se casaron antes de cumplir los 18 años, la proporción sólo ha bajado a 35% de las mujeres 20 a 24 años de edad.

El matrimonio infantil es una norma social discriminatoria y violatoria de los derechos humanos porque pretende reducir la carga económica que representan las niñas y adolescentes en las familias pobres.

Esta práctica profundiza las brechas de desigualdad y marginación, condenando principalmente a las mujeres, porque alienta el embarazo prematuro y sin espaciamiento; fomenta la preferencia del varón en la educación; fomenta la deserción escolar en niñas y adolescentes; circunscribe a las mujeres a las tareas domésticas, privándolas de elegir una actividad fuera del hogar; aumenta el riesgo de que su bebé muera en su primer año de vida es de un 60% más que el de un bebé nacido de una madre mayor de 19 años.

            En México, de 2005 a 2012, los matrimonios infantiles aumentaron seis por ciento. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cada año más de 113 mil niñas entre los 15 y 18 años se casan en el país, es decir, una quinta parte del total de los matrimonios a nivel nacional, estimándose que aproximadamente 389 mil niñas y niños entre 14 y 17 años están casados o viven en unión libre.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 da cuenta de que la proporción de mujeres adolescentes entre 15 a 19 años que viven en unión libre o matrimonio, representa 15 de cada 100; lo que quiere decir que en México hay 6.8 millones de mujeres entre los 15 y 54 años que contrajeron matrimonio antes de los 18 años. De las mujeres de 50 a 54 años 25.3% se unieron antes de los 18 años, mientras que en el grupo de edad de 20 a 24 años este porcentaje es de 21.4%.

Actualmente, el Código Civil Federal permite a mujeres mayores de 14 años y a los hombres mayores de 16 contraer matrimonio, siendo México uno de los 52 países que permiten esta unión legal entre menores con el consentimiento de sus padres, a pesar de que el 4 de diciembre de 2015 fue publicada la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes expresa que en su Artículo 45, titulo segundo expresa: Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.

Por ello, propusimos reformar el Artículo 48 y quedar de la siguiente manera: Artículo 148.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad.

El matrimonio infantil es violatorio de los derechos humanos de niñas y adolescentes, por ello, estamos a la espera de garantizar el derecho a una vida libre y a la libre elección, y se apruebe esta iniciativa que puede cambiar las vidas de las menores que son forzadas a semejante atrocidad.

Por María Candelaria Ochoa Ávalos
Publicado originalmente en MX Política

Candelaria Ochoa cuestionó al presidente de la CNDH

Este miércoles, durante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se realizó  la presentación del informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde en nombre de su bancada la diputada federal Ciudadana Candelaria Ochoa Ávalos formuló dos preguntas al Presidente del Organismo Luis Raúl González Pérez. La primera relacionada a la aprobación por parte del PRI y sus aliados a la controversial Ley de Seguridad Interior.

Después de acotar que dicha ley representa la intención del Estado Mexicano de perpetuar la fallida estrategia del combate al crimen organizado, la legisladora inquirió a González Pérez, sobre lo que él cree de las motivaciones para continuar con una táctica que a todas luces ha fallado y ha sido reprobada por los principales organismos internacionales de derechos humanos, como la propia CNDH.

Ochoa Ávalos se refirió también a la grave crisis de derechos humanos que vive actualmente México, que se ha traducido en recomendaciones sobre graves violaciones a estos y recordó que según el informe de labores de diciembre de 2017, la CNDH recibió en el pasado año un total de 14,156 quejas por violaciones a los derechos humanos. Razón por la que dijo, es necesario emprender acciones a profundidad que garanticen el derecho a conocer más sobre esta crisis y la no repetición del daño. Al respecto, Movimiento Ciudadano propuso la creación de una Comisión de la Verdad sobre las violaciones a los derechos humanos en la última década, por lo que la diputada cuestionó nuevamente al presidente del Organismo sobre su opinión acerca de este tipo de mecanismos a nivel nacional como un primer paso para transitar hacia un cambio de régimen con la voluntad que se requiere para reconocer el nivel de la actual crisis y para garantizar la reparación del daño a las víctimas.

Candelaria Ochoa hizo un repaso de las más graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, entre los que figuran feminicidios, el ataque a los periodistas y defensores de derechos humanos, el tema de los migrantes, la marginación de los pueblos indígenas entre otros, e hizo un llamado a Raúl González Pérez para que el organismo a su cargo intervenga en los graves y muy desafortunados casos de salud durante el gobierno de Javier Duarte en Veracrúz.

Siempreviva: Democracia y paridad

Por María Candelaria Ochoa Ávalos
Publicado en MX Político

Heidi Hartmann en su libro Un matrimonio mal avenido: hacia una unión más progresiva entre marxismo y feminismo, dice: es mejor un matrimonio más saludable o el divorcio. Y así ha pasado en la relación entre la democracia y la paridad. Y es que las y los políticos no sensibles “al género”, consideran que las cuotas y la paridad son una amenaza a la democracia, y en cierto sentido sí, porque la democracia liberal se olvidó de incluir a las mujeres, que somos las mitad de la población.

            Desde 1993 que se impulsa una primera reforma que “recomienda” a los partidos integrar a mujeres en sus listas de candidaturas, le siguieron reformas en 1996, 2002 y es en 2012, que se sienta jurisprudencia para establecer que los partidos políticos deberán integrar con personas del mismo género, sus fórmulas de candidatos titulares y suplentes a diputados y senadores por ambos principios. En el Parlatino[1] en 2014,  se discutió la paridad vertical como establecer en las listas plurinominales la ubicación de las candidaturas de mujeres y hombres, de manera alternada y secuencial (uno a uno) en toda su extensión y de modo descendiente tanto en los cargos de titulares como en los cargos de suplencias. Si se trata de listas partidarias uninominales, la paridad se cumple con la incorporación de candidaturas suplentes al otro sexo de quien detenta el cargo de titular. Y la paridad horizontal, como la participación equivalente de mujeres y hombres al encabezar las listas partidarias (primeros lugares). Cuando un mismo partido político y/o alianza se presenta en varios distritos electorales simultáneamente debe acordarse encabezar mujeres y hombres por igual.

            Para las elecciones de 2018, la paridad vertical y horizontal, serán una realidad.  La paridad vertical y horizontal, considerará la variable histórica o de rotación para encabezar las listas plurinominales y uninominales. Se trata de la alternancia inmediata de género entre un período electoral y otro. Si la lista fue encabezada por un hombre en el siguiente período deberá encabezarla una mujer y viceversa.

            De tal manera que la Norma Marco sobre paridad, pone en el centro la igualdad de resultados, entendiendo por ésta, la culminación de la igualdad legal y la igualdad sustantiva, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, haciéndola eficaz en la práctica y no basada en la noción de justicia procedimental.

            Para lograrlo, se requiere de un trato desigual, por ello, las medidas especiales de carácter temporal para alcanzar la igualdad sustantiva, son el pilar al que aspira la democracia paritaria en todos los ámbitos de la sociedad. Y reitero, es una medida democratizadora que implica la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los procesos de toma de decisiones en el ámbito público. Sin embargo, no puedo dejar de insistir que se requiere la paridad no solo en los cargos de elección popular: diputaciones, senadurías, regidurías, sindicaturas y presidencias municipales, se requiere también paridad en el ámbito ejecutivo y en el poder judicial, sino sólo tenemos una exigencia de paridad en uno de los poderes y queremos que esta se manifieste en los tres.

            Este debate se inscribe en la democracia y el feminismo radical, que no ve solamente al sistema político formal, sino al significado de impulsar una política democrática que aspire a la articulación de las diferentes luchas en contra de la opresión. Decían las feministas de los años setenta: no queremos la mitad del pastel, sino cambiar la receta. Y es que los valores de justicia social e igualdad de género están íntimamente vinculados. Queremos organizar y reorganizar la vida social en todas las dimensiones en las que vivimos la experiencia de ser humanas y humanos. Hasta ahora, los sistemas “democráticos” carecen de estos aspectos.

             Queremos recuperar y radicalizar los aspectos más progresistas de la democracia liberal – libertad, igualdad, autodeterminación y autonomía, además de una redefinición del bien común. Dice Fraser que  la base estructural de la subordinación de las mujeres en la sociedad capitalista, es la división entre la producción económica y la reproducción social, por ello, debe revisarse la relación profunda entre estas dos, sino, no será posible la emancipación de las mujeres.

            La democracia radical[2] significa crear una nueva cultura política y nuevos marcos de entendimiento que articulen estrategias para un proyecto de transformación social, que supere todas las formas de explotación, dominación y discriminación social y global. El neoliberalismo, los militarismos y fundamentalismos, nos excluyen, violan y deshumanizan, individual y conjuntamente, por ello, no puede haber democracia si no se reconoce la paridad en el marco de igualdad de resultados.


 [1] El PARLATINO reunido en su sede de Panamá  los días 4 y 5 de diciembre de 2014, con motivo de la conmemoración del Cincuenta Aniversario de su constitución, celebró, el ‘Encuentro Parlamentario: Mujeres, Democracia Paritaria’ y que contó con 173 participantes, parlamentarias/os, magistradas/os de Tribunales Electorales y representantes de diversas instituciones del Estado, así como mujeres de redes políticas de 16 países de la región.

[2] Chantal Mouffe: Feminismo, ciudadanía y política democrática radical. Debate feminista

Fallan diputados de Jalisco al atender peticiones

Martín Aquino
Mural

¿Le gustaría saber el trabajo que han hecho diputados federales a favor de Jalisco? Espere sentado.

En la Cámara de Diputados hay 31 representantes jaliscienses a quienes, en teoría, se les puede contactar vía correo electrónico; sin embargo, MURAL realizó un ejercicio de comunicación con todos y sólo se logró la respuesta de siete.

El 22 de noviembre se enviaron directamente peticiones periodísticas de información a los 31 legisladores a través del e-mail que cada uno tiene en su perfil disponible en el portal de la Cámara.

Se les cuestionó individualmente sobre su labor y las gestiones económicas que ha logrado en beneficio del Estado -durante las discusiones presupuestales- desde que protestó al cargo, el 29 de agosto de 2015.

Pero luego de más de un mes de esperar respuesta, 24 las ignoraron y sólo llegaron las de Germán Ernesto Ralis, María Candelaria Ochoa, Macedonio Tamez, Jonadab Martínez y Víctor Manuel Sánchez, todos de MC, así como Evelyng Soraya Flores, del PVEM, y José Luis Orozco, del PRI.

En el caso del panista Hernán Cortés, ni siquiera pudo llegarle el mensaje debido a que sus medidas de seguridad lo rechazaron.

“Desde que soy diputado federal no he gestionado de manera individual ningún apoyo económico. No estoy de acuerdo con el etiquetado de recursos a través de la gestión personal de los diputados. Se presta a corruptelas y a injusticias”, respondió el diputado Tamez.

Este legislador, igual que sus compañeros Ochoa y Sánchez, expusieron que las gestiones de MC se realizan como fracción legislativa, no de manera personal; sin embargo, Ralis expuso que él logró 194.7 millones de pesos para Tlaquepaque, y Martínez, 486 millones.

Sin dar cifras monetarias, el priista Orozco afirmó gestionar apoyos para escuelas y estudiantes, reparto de semillas y fertilizantes para agricultores, ampliación del Hospital Regional de Ciudad Guzmán y ferias de servicios de salud, construcción o rehabilitación de carreteras como la de San Andrés-Gómez Farías, y cursos para fomentar el empleo.

Por su parte, Flores, del PVEM, expuso que ha logrado gestiones por 136 millones de pesos que se han destinado para proyectos carreteros en el Estado, así como obras en San Juan de Los Lagos, Ojuelos y Lagos de Moreno.

La Ley de Seguridad Interior y las Universidades Autónomas

Por: Dra. Lourdes Pacheco
Publicado en: El Blog de Lourdes Pacheco

Nos erguiremos hacia el sol
en una sola voluntad y seremos peligrosos.
Khalil Gibran. El loco

El artículo 31 de la Ley de Seguridad Interior aprobada por la Cámara de Diputados y que deberá discutir la Cámara de Senadores, señala en el artículo 31 que “En materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley”.

Ahora bien, ello obliga a las universidades públicas autónomas puesto que se consideran órganos constitucionales autónomos como parte del sistema jurídico mexicano. Específicamente el artículo 3º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece como órganos constitucionales autónomos al Instituto Federal Electoral (INE), la Comisión nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Banco de México (BM) y las instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía (Diario Oficial de la Federación, 11 junio 2002).

Así pues, con motivo de la Ley de Seguridad Interior propuesta, las universidades –en tanto órganos autónomos-, deberán otorgar a las autoridades militares y policiacas la información que les sea requerida. Ello lleva a plantear diversos cuestionamientos:

En primer lugar tendremos que preguntarnos cuál es la información que pueden proporcionar las universidades. Una es la información sobre el personal que labora en la institución, trátese de personal académico, administrativo o estudiantil. En este caso, las universidades tienen bases de datos de la vida privada de tales poblaciones como domicilio, conyugalidad, lugar de origen, procedencia, etc. Quizá lo más preocupante lo constituya la información sobre la población estudiantil, puesto que los estudiantes han protagonizado diversas acciones transgresoras al orden del Estado o que así han sido consideradas: la rebelión estudiantil de 1968 en la Ciudad de México, el movimiento #YoSoy132 originado en plena campaña de Enrique Peña Nieto; la protesta por los desaparecidos de Ayotzinapan (2014), entre los más recientes, además de movilizaciones protagonizadas por universitarios de las universidades públicas autónomas de diversos lugares: Chilpancingo, Morelia, Puebla, Culiacán, San Cristóbal de las Casas, Monterrey y otros.

En segundo lugar, las universidades generan diversa información que puede considerarse de interés para la seguridad interior. Me refiere a las investigaciones que se realizan tanto referidas al territorio como a las personas. Por ejemplo, en las universidades se realizan investigaciones científico-técnicas relacionadas con el establecimiento de macroempresas como presas hidroeléctricas que afectan un territorio determinado. Los estudios comprenden no solamente aspectos referidos a manifiestaciones de impacto ambiental, viabilidad técnica, uso del suelo, etc., sino que también comprende información sobre la población que habita los territorios afectados, ya sean pueblos indígenas o pueblos rurales, las organizaciones existentes opositoras a los macroproyectos, las líneas de resistencia popular, las alianzas generadas en torno a defensa de territorios, etc. En este caso, ¿también las universidades deberán proporcionar esa información?

El tercer aspecto tiene que ver con la información científica ya que las universidades realizan investigaciones cuyos resultados tienen como destinataria la comunidad científica nacional e internacional pero que pueden convertirse en información atractiva para la seguridad interior: investigaciones de frontera sobre controles biológicos, comportamiento de organismos vivos,  propiedades de la materia o de la flora, topografías de los océano, estudios edafológicos, cartografía del cerebro, uso de radiaciones, etc.

La Ley de Seguridad Interior, tal como está, implica que las universidades autónomas serán sujetas a ella, lo cual provoca, en la práctica, una supeditación de las instituciones autónomas a la lógica militar y policiaca. Es sabido que las universidades no sólo estudian lo existente con los paradigmas normalizados, sino que también abren los futuros al estudiar lo improbable y justamente esto, lo improbable imaginado, es lo que hace avanzar la ciencia y la sociedad.

Por ello, opino que la ley tal como está redactada afecta a las universidades autónomas porque las mandata a entregar información cuyo fin es meramente académico, científico, artístico, tecnológico, cultural y que no tiene por qué ir a parar a manos de la inteligencia militar. La Ley de Seguridad Interior se establece como el ojo vigilante, buitre al acecho donde todos somos atrapables, hasta el breve espacio de las aulas donde construimos otros porvenires, otros sueños de paz sin armas y sin guerra.