corrupción | Candelaria Ochoa

Morena denuncia irregularidades y sobreprecio en la adquisición del Carrusel; Pedirán investigación de la Contraloría Municipal

Guadalajara, Jal., a 5 de septiembre de 2022.

• Regidora Candelaria Ochoa exhibe irregularidades en el proceso de la licitación; la empresa ganadora se constituyó al inicio de esta administración y no aparece como proveedor del municipio ni del gobierno estatal

Una nueva adquisición a sobreprecio por parte del Gobierno de Guadalajara fue denunciada por la fracción edilicia de Morena. Esta vez se trata del carrusel que se adquirió con un costo de casi 26 millones de pesos y que será instalado en Paseo Alcalde, cuyo precio no debe rebasar los 10 millones de pesos, de acuerdo a la estimación de un especialista local que tiene proyección nacional y a quien por cierto no les fue girada la invitación a esta licitación.

La Regidora Candelaria Ochoa Ávalos señaló que ante las irregularidades encontradas en esta licitación, solicitarán a la Contraloría Ciudadana de Guadalajara realice una investigación seria sobre este proceso.

Al respecto, señaló que hay versiones que este carrusel será traído de Francia, aunque en ese país no se construyen este tipo de atracciones, por lo que lamentó que no se hubiera privilegiado a los especialistas de Guadalajara.

En la licitación LPL 2022/212 participaron dos empresas: Architainment, S.A. de C.V. y Nos Prende lo que Hacemos, S.A. de C.V, resultando ganadora la primera.

Sobre la empresa ganadora, la Regidora Ochoa Ávalos mencionó que fue constituida en octubre del año pasado y su representante legal, de nombre Laura Alejandra Martínez Zataray, aparece como contadora de Finox Financiera de Occidente. “Si el fallo de adjudicación se dio el 17 de junio de 2022, se trata de una empresa que consiguió dicho contrato a los siete meses de su creación”, refirió.

No fue posible encontrar una página electrónica de la empresa, por lo que no es fácil conocer de manera certera a qué se dedica esta empresa y por tanto no es palpable su experiencia en la fabricación, puesta en operación y mantenimiento de carruseles, indicó la Regidora de Morena, quien agregó que Architainment, S.A. de C.V no aparece como proveedora del Gobierno del Estado ni como proveedora del Gobierno de Guadalajara, aun así que las bases de la licitación señalaban que debería cumplir con este requisito.

Respecto de la empresa perdedora, unas de las razones por los que el Comité de Adquisiciones determinó que no cumplía con las bases, fue que no presentó en original su acta constitutiva ni copia de su registro al padrón de proveedores.

Esta empresa –agregó- está especializada en iluminación y no en carruseles ni en mobiliario recreativo, pero además notas periodísticas han dado cuenta de incumplimientos en obras que obtuvo el año pasado, lo que fue reconocido por el Gobierno de Guadalajara.

No obstante de estos incumplimientos, en abril de este año el Comité Mixto de Obra Pública de Guadalajara le asignó una obra de 7.9 millones de pesos para el parque lineal del canal de Patria y otra por 10.2 millones para la instalación del sistema de iluminación de Pedro Moreno hasta Agustín Yáñez, y de Colonias hasta Unión.

Ante estas irregularidades, la Regidora Ochoa Ávalos señaló que la licitación debió declarase desierta, por lo que la Contraloría Ciudadana deberá investigar el proceso.

Añadió que tuvo comunicación con un especialista tapatío dedicado a la elaboración de estas atracciones, quien le comentó que de acuerdo a las especificaciones del carrusel que adquirirá el municipio, éste no debe costar más de 10 millones de pesos.

“Si los precios ofertados por los participantes son superiores a los del mercado, debió haberse cancelado por razones de interés del municipio”, precisó.

El municipio, además, negó la posibilidad de que el carrusel fuera construido en Guadalajara y que se hubieran beneficiado a las familias de 30 expertos dedicados para la elaboración de este tipo de atracciones.

Finalmente, la Regidora Ochoa Ávalos indicó que ante la opacidad que reina en el Gobierno de Guadalajara, se desconoce si la empresa Architainment, S.A. de C.V cumple con el mínimo de cinco proyectos similares y si demostró que tiene experiencia y calidad en su trabajo.

Asimismo, por tratarse de un contrato multianual a 2024, se desconoce si esta atracción quedará como patrimonio del municipio al término de esta administración.

“No falló reglamento, falló corrupción”

Reforma

Materiales de baja calidad, violaciones al reglamento de construcción e irregularidades en las estructuras han sido encontradas por especialistas en los edificios que colapsaron tras el sismo del pasado 19 de septiembre.

Paulina Escobar, especialista de APL Ingenieros Consultores, equipo que inspecciona de forma gratuita daños a inmuebles, refirió que estas deficiencias propiciaron el derrumbe de las edificaciones.

“Influye mucho la corrupción y los malos manejos de las constructoras, algunas constructoras que hacen puras porquerías, hacen las cosas mal, pero eso quiere decir que las Delegaciones no lo auditan de la manera más correcta”, dijo.

“Rébsamen, que trae licencias de construcción antes del 85, y se construyó así, después del 85 se reformó el reglamento de construcción, pero nadie le dio seguimiento a este tipo de estructuras, y como éstas pudo haber habido muchas. Eso también influye a que se pudiera estar dando este colapso tan grande de edificaciones”, agregó.

REFORMA publicó que de los 187 muertos reportados en edificios colapsados la semana pasada en la CDMX, 165 fallecieron en inmuebles de más de 43 años de antigüedad.

“No falló (reglamento), no se aplicó el reglamento, falló la corrupción. En todas estas zonas vulnerables se tenía que haber hecho una revaloración (después de 1985), un dictamen estructural para ver si estas edificaciones sufrieron algún daño después de un sismo tan fuerte, lo cual no se hizo, si no, no tenían que haberse presentado daños con esta gravedad”.

Indicó que en su despacho reciben más de 44 llamadas diarias sobre los dictámenes emitidos por autoridades locales.

“¿Qué es lo que hicieron (1985)? resanaron, como actualmente ya están empezando a resanar varias estructuras, sin el peritaje estructural a detalle para que te puedan decir realmente si esta estructura no quedó resentida después del sismo. El Gobierno no reaccionó a tiempo”, dijo.

“Así lo nota la población que le están extendiendo un documento nada más por llenar un protocolo gubernamental”.

Rubén Juárez, jefe de la División de Diseño y Edificación de la FES Acatlán, urgió a la revisión exhaustiva de cada uno de los inmuebles de las zonas afectadas para evitar más pérdidas humanas ante un futuro fenómeno sismológico.

“Hay dos cosas que son importantes, una, la violación al uso de suelo y la otra pues obviamente una falta de supervisión en las construcciones. Inclusive están documentados en Cenapred en muchos de ellos se ha notado una falta de supervisión en el proceso constructivo de las estructuras”, dijo.

EXHORTO PARA ATENDER EL CASO DE CORRUPCIÓN Y SOBORNOS VINCULADOS A LA EMPRESA BRASILEÑA ODEBRECHT

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA, LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y A LA FISCALIA ESPECIALIZADA PARA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES PARA ATENDER EL CASO DE CORRUPCIÓN Y SOBORNOS VINCULADOS A LA EMPRESA BRASILEÑA ODEBRECHT. A CARGO DE LA DIPUTADA FEDERAL MARÍA CANDELARIA OCHOA ÁVALOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO.

La que suscribe, la diputada federal María Candelaria Ochoa Ávalos integrante de la LXIII Legislatura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

A finales de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer una investigación sobre la empresa constructora brasileña Obedrecht[1]. En esta investigación se reveló al mundo una red de corrupción internacional entre la empresa y funcionarios gubernamentales de distintos países latinoamericanos que implicó sobornos, dadivas y financiamiento de campañas políticas a cambio de grandes contratos de obra pública.

La red se extendió a través de funcionarios gubernamentales de alto nivel en países como México, Colombia, Perú, El Salvador, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Mozambique, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Brasil.

En la mayoría de estos países se han iniciado procesos contra funcionarios públicos y empresarios implicados en la trama de corrupción, existen investigaciones abiertas y en curso a presidentes en funciones, como el caso de Juan Manuel Santos en Colombia[2] y expresidentes como a Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil[3] o Alejandro Toledo de Perú[4] quien incluso ya es prófugo de la justicia se su país.

Sin embargo, en México la investigación prácticamente se ha congelado. Desde diciembre del 2016 que se dieron a conocer los resultados de la investigación realizada por la dependencia de los Estados Unidos, en México se inició una lucha desde varios frentes que ha buscado sacar a la luz a los funcionarios implicados en el caso y promover las acciones legales correspondientes en su contra, sin embargo parece que las instituciones encargadas de investigar no se han aplicado con la importancia que el tema requiere.

En este sentido, la Cámara de Diputados aprobó en abril de 2017, después de casi dos meses de debates y discusiones entre los que no deseaban que pasará el tema por el congreso de la unión y lo que impulsábamos la urgencia de atenderlo desde la máxima tribuna del país, un punto de acuerdo en el que se pedía a los diferentes órdenes y dependencias de gobierno cancelar los contratos que se tuvieran con la empresa, se solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que diera a conocer el avance de la investigación y se le solicito a compañía productiva del estado Petróleos Mexicanos (PEMEX) informara sobre los contratos que tenía con esta empresa. Sin embargo, la respuesta de ambas dependencias fue la determinación de clasificar la información relacionada al caso como reservada, es decir se ha ocultado la información relativa y con ello se ha puesto de nuevo la sospecha sobre este gobierno de proteger, solapar y cubrir los actos de corrupción realizados por una red de complicidades que incluso llegan a los principales actores del país. De hecho, hasta ahora no se conoce de algún funcionario o exfuncionario que sea investigado.

Pero las investigaciones del caso Obedrecht en otros países del continente siguen y han arrojado resultado e informaciones que vinculan a funcionarios mexicanos y procesos de trascendencia nacional con posibles actos de corrupción. En este sentido, se dio a conocer el día 13 de agosto de 2017 a través de una investigación realizada por el diario brasileño O’Globo y la organización mexicana El Quinto Elemento Lab[5] que la Fiscalía brasileña que lleva la investigación del caso posee dentro de su expediente las declaraciones de tres altos funcionarios de la empresa en las que se señala de manera directa a Emilio Lozoya Austin, ex titular de PEMEX, como el hombre que recibió sobornos y actuó de intermediario entre la empresa y el gobierno federal; y dan montos, cuentas y fechas de depósitos a favor de empresas vinculadas a este exfuncionario público para sustentar su dicho.

Resalta que dentro de las declaraciones realizadas, los inculpados refieren que a partir de abril de 2012 se inician transferencias hacia cuentas bancarias de empresas que el funcionario mexicano estableció para ese fin, en particular se menciona Latin American Asia Capital Holding. De los documentos probatorios que se presentaron, en el periodo de abril a junio de 2012 el flujo de dinero hacia las cuentas mencionadas es constante. Este hecho es de suma atención, pues corresponde al periodo de campaña presidencial en México y en el que Emilio Lozoya fungió como Coordinador de vinculación internacional de campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto[6]. Es decir, existe una presunción sobre posibles transferencias de recursos financieros privados y extranjeros a la campaña presidencial del PRI, lo cual violenta disposiciones federales en la materia y que de ser comprobadas correspondería a una pena de carácter criminal contra el actor Emilio Lozoya, contra el candidato Enrique Peña y la pérdida del registro como partido político del PRI.

Y resalta también otro hecho preocupante al respecto y es la posibilidad de un conflicto de intereses o al menos la incapacidad del actual Procurador General de la República Raúl Cervantes para ser partícipe de la investigación, pues durante la campaña presidencial de 2012 el fungió como parte del cuerpo defensor legal del candidato del PRI ante las acusaciones de compra de votos y financiamiento ilegal de campaña.

Lo anterior da cuenta de una posible imputación de responsabilidades legales, tanto personales como institucionales que deben ser atendidas de manera urgente a fin de tener certidumbre de las instituciones democráticas nacionales, del buen manejo de las empresas del estado y de una real autonomía de las instituciones de justicia del país.

Cabe mencionar que el soborno aceptado por servidores públicos es un delito previsto en el Código Penal Federal y lo tipifica como cohecho. En el artículo 222 del Código citado y establece:

“Comete el delito de cohecho el servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dadiva o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto relacionado con sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.”

En el mismo Código se establece:

“Artículo 223.- – Comete el delito de peculado:

I.-…

II.- El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona; ”

Por lo anterior propongo el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a congelar las cuentas y los activos del señor Emilio Lozoya Austin por posibles actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, hasta que se agote la investigación y se establezca el origen de los recursos asegurados.

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público solicite a la Fiscalía General de Brasil los expedientes financieros y de activos vinculados al caso Odebrecht y realice la investigación pertinente a fin de dictaminar el flujo de los recursos y se identifique los funcionarios y exfuncionarios públicos involucrados en posibles actos de corrupción.

TERCERO. Se exhorta al Procurador General de la Republica a separarse voluntariamente del cargo a fin de garantizar la imparcialidad y veracidad en la investigación de los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias de la empresa brasileña Odebrecht con funcionarios públicos mexicanos.

CUARTO. Se exhorta a la Procuraduría General de la Republica y a la Secretaria de la Función Pública a que den a conocer a esta legislatura los avances de la investigación por posibles actos de corrupción realzados por la empresa Odebrecht en México.

QUINTO. Se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a abrir una carpeta de investigación sobre el presunto financiamiento ilegal de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial 2012 del Partido Revolucionario Institucional y su Candidato Enrique Peña Nieto.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro el 15 de agosto de 2017

A t e n t a m e n t e:
María Candelaria Ochoa Ávalos

[1] Escándalo Odebrecht: EE.UU. dice que 12 países recibieron sobornos, CNN en Español, 22 de diciembre de 2016. [http://cnnespanol.cnn.com/2016/12/22/escandalo-odebrecht-ee-uu-dice-que-12-paises-recibieron-sobornos/]

[2] La Corte Suprema de Colombia llama a declarar a Santos por el ‘caso Odebrecht’ Periódico El País, 11 de agosto de 2017, https://elpais.com/internacional/2017/08/11/colombia/1502471292_740928.html

[3] Brasil: condenan a Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años de prisión, El Clarin, 12 de julio de 2017. https://www.clarin.com/mundo/brasil-condenan-luiz-inacio-lula-da-silva-anos-prision_0_r1jodRmSZ.html

[4] Perú: piden detención del ex presidente Toledo por caso Odebrecht, La Jornada en línea, 7 de febrero de 2017, http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/07/fiscalia-pide-detencion-de-ex-presidente-toledo-por-caso-odebrecht-en-peru

[5] El Expediente Secreto de Odebrecht (Reportaje Especial), Aristegui Noticias, 13 de agosto de 2017. http://aristeguinoticias.com/1308/mexico/emilio-lozoya-es-quien-recibio-los-sobornos-de-10-millones-de-dolares-de-odebrecht/

[6] Transferencias bancarias muestran que Lozoya recibió dinero de Odebrecht durante campaña electoral, Animal Político, 14 de agosto de 2017, http://www.animalpolitico.com/2017/08/transferencias-sobornos-odebrech-lozoya-campana/

El costo económico de reducir la corrupción

Jorge O. Moreno
Para El Financiero

Escribir sobre la corrupción en México es abrir a la reflexión sobre un tema que, desafortunadamente, es imposible concluir en una columna, y fenómeno cuyo costo y social permea a todos los ciudadanos del país, no importando estrato de ingreso o nivel de educación.

Cientos de artículos y libros, de autores en diversas áreas de las ciencias sociales incluyendo antropología, economía, historia, leyes, sociología y politología, han dedicado su agenda de investigación al análisis de las causas de la corrupción, estudio de sus consecuencias, y propuestas para solucionar a este grave problema el cual sigue ocupando un lugar preponderante en la agenda cívica del país. De hecho, como también lo hemos observado en el panorama internacional y en particular con el caso de los gobiernos en Brasil y los escándalos financieros con empresas petroleras, el problema de la corrupción no es exclusivo de nuestro país.

En México, en fechas recientes, este problema ha ocupado las primeras columnas de distintos medios de comunicación al vincular la corrupción de diversos servidores públicos al desvío de recursos destinados a programas de asistencia social como construcción de hospitales, atención a adultos mayores, construcción y adecuación de escuelas en zonas marginadas, provisión de alimentos de niños en situación de pobreza extrema, hasta la compra de medicamentos necesarios para auxiliar enfermedades crónicas como el cáncer y la leucemia.

Al margen del grado de descomposición en los valores éticos que muestran la falta de empatía con el dolor humano ajeno, o el enorme enojo de quienes aportamos una parte importante de nuestros ingresos en forma de impuestos y somos testigos de estos actos, se encuentra lo que considero, es la causa principal a que el problema de la corrupción siga perpetuándose como cáncer en nuestra sociedad: la impunidad en los actos criminales.

Impunidad traducida en indignación que todo ciudadano percibe de la incapacidad de procurar la justicia, armar casos que generen jurisprudencia, castigar de manera ejemplar el crimen, y así desincentivar la reincidencia de esta trasgresión en todos los ámbitos de gobierno.

En una columna anterior planteamos sobre los fundamentos económicos del estudio del crimen, basados en el trabajo seminal de Becker (1968) en donde plantea que la decisión a cometer un crimen se fundamenta en comparar las ganancias esperadas de ejecutar tal decisión al costo que representa para la persona enfrentar la justicia; este último costo depende de dos factores importantes: el valor de la sanción para resarcir el daño causado, y la probabilidad de que esta sanción sea efectiva.

Cuando es noticia diaria la desviación de cientos, e incluso miles, de millones de pesos del presupuesto público en actos de corrupción que permanecen impunes, mientras que el robo de una lata de frijoles por un indigente es castigado de forma casi inmediata con prisión, uno no puede ignorar la alta regresividad del sistema judicial actual, esto es, la procuración de justicia y castigo real de un crimen es relativamente más probable en los crímenes realizados por personas de estratos de ingreso inferior.

Es entonces cuando la revisión de los hechos nos invita a preguntarnos: ¿cuál debe ser el punto de inicio para alinear los incentivos de nuestro sistema judicial a los intereses de la sociedad en la procuración de justicia en todos los niveles? ¿Cuál es el costo mínimo necesario para que estos cambios puedan implementarse, y cuáles son los costos de continuar postergando esta decisión social?

La respuesta a tales cuestionamientos no es trivial, pero sin duda está vinculada a la procuración efectiva de justicia por parte del sistema legal, a la capacitación de fiscales que representen los intereses de los ciudadanos y el estado ante un crimen, y a la modernización de los procesos de juicio, permitiendo incrementar la verosimilitud de castigo efectivo, al margen de actualizar e imponer las multas adecuadas para resarcir el daño ocasionado de manera directa e indirecta al patrimonio de los ciudadanos.

El tamaño de las ganancias derivadas de la corrupción muestran un mínimo del enorme costo de oportunidad en que estamos incurriendo por no contar con un sistema judicial justo, moderno, y capacitado. La indignación social no es suficiente para eliminar este problema de nuestra comunidad.
El autor es Doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-CONACYT Nivel 1.