Siempreviva: Guadalajara se revolucionó con las explosiones del 22 de abril

Con la revolución dentro es el libro de Jorge Gómez Naredo, publicado recientemente por la Cámara de Diputados, nos muestra de manera acuciosa y analítica la lucha de las y los lesionados por la tragedia del 22 de abril de 1992 y que se convirtieron en sujetos históricos. Es un trabajo que recupera sus vivencias sobre la catástrofe vivida que cambió sus vidas, sus prácticas, su entorno y su forma de mirar el mundo.

Porque esta tragedia además de marcarlos de por vida, nos marcó a quienes vivimos en Guadalajara. La tragedia que sufrieron quienes habitaban la zona de Analco, la colonia Atlas, San Carlos, Las Conchas, Quinta Velarde, Álamo Industrial, El Rosario y Fraccionamiento Revolución. Todas las personas fueron sorprendidas cuando vieron explotar las calles por las que transitaban de manera cotidiana.

Aproximadamente a las 10:05 de la mañana sucedió la primera explosión en la calle de Aldama y la Calzada Independencia; y así siguieron las calles de Gante, Nicolás Bravo, Calzada del Ejército, Mexicaltzingo, Silverio García, 5 de febrero, Río Nilo, Río Pecos, Río Álamo, Río Suchiate, González Gallo. También se afectaron otras calles que por cerca de una hora y quince vieron volar todo lo que tenían: su vida, su patrimonio y su vitalidad física. Los afectados: niños, niñas, mujeres, hombres o jóvenes, que vivían en la zona, que trabajaban ahí o que sólo transitaban en esa hora trágica por ahí, que viajaban en autobús urbano, en automóvil o caminando: a todos los marcó la tragedia. Fueron 16 kilómetros de calle, y según el INEGI 98 manzanas afectadas y cerca de 60 destruidas. Las cifras oficiales 210 muertos, aunque se estima que existe un número mayor, el cual no conoceremos nunca.

   Dos días antes de las explosiones, los habitantes de la zona estuvieron pidiendo auxilio, llamaron a todos los sistemas de emergencia: bomberos, policía, protección civil y SIAPA. Sin embargo, el Ayuntamiento de Guadalajara tardó dos días en mandar personal que supervisara los reportes, la respuesta fue: No hay riesgo de explosividad. Fue hasta ese mismo 22 de abril por la mañana que dos trabajadores del SIAPA tuvieron la desafortunada experiencia de la primera explosión. Negligencia, irresponsabilidad y descuido, es lo menos que se puede señalar ante tal riesgo, a 26 de años de la tragedia del 22 de abril, es fecha que no existen culpables de los hechos. La gasolina derramada, los cambios de ruta de los drenajes y la mala planeación del mismo, que ocasionaron la acumulación de gases, parece que fueron obra de manos invisibles, de mentes de personas inexistentes.

Las explosiones del 22 de Abril de 1992 movilizaron a la sociedad civil y ello evidenció la ineficacia de las autoridades, ante un gobierno que no supo cómo reaccionar para prevenir la tragedia y cómo actuar ante el desastre. La ciudad quedó paralizada. La inacción de las autoridades generó que cientos  de voluntarios se convirtieran en piezas clave para el rescate de personas de entre los escombros e impidieron el ingreso de maquinaria que las autoridades ordenaron. Gracias a esas voluntades civiles también se pudieron salvar vidas: bebés, infantes, mujeres y hombres.

Desafortunadamente murieron personas, y este libro da cuenta de cómo pudieron sobrevivir las y los lesionados que tuvieron que pasar días y meses internados en hospitales, quienes poco a poco fueron recuperando su fuerza para luchar por justicia y reclamar que el Estado en todos sus niveles se hiciera cargo de su tratamiento médico y de su patrimonio perdido. Surgieron asociaciones que siguen exigiendo un trato justo, un trato digno ante esa negligencia que les cambio la vida.

Como dice Jorge, las y los lesionados han marcado su propio derrotero y con su presencia real y mediática, han logrado mantener en la palestra política sus peticiones y exigencias. Su lucha es producto de la injusticia. La tragedia los convirtió en personas en condición de vulnerabilidad, ya que de ser personas sanas, se convirtieron en personas con alguna discapacidad o varias, que les impidieron continuar con una vida sana y laboralmente útil.

En este libro, Jorge Gómez Naredo se propone explicar el proceso que vivieron los lesionados, y a lo largo del mismo, nos muestra que no todos, aun y cuando coincidan en la lucha, tienen la misma forma de enfrentar, confrontar, asumir y reclamar un trato justo al gobierno en turno para resarcir los daños a sus vidas y patrimonio.

Recordamos la tragedia que, hace 26 años, pudo haber sido evitable. El desalojo a tiempo de las personas de la zona hubiera causado daños materiales, pero no pérdida de vidas. Hoy recordamos a las víctimas, a las y los muertos, pero sobre todo, a las personas que están con vida y que han dado una lucha importante para garantizarse una calidad de vida a pesar de sus tragedias personales como consecuencia de sus lesiones.

Dice Jorge sobre las y los lesionados …en su afán de sobrevivir no les quedó de otra que asimilar con prontitud la necesidad de resocializarse, de reinventarse en nuevos escenarios muy distintos a los que estaban acostumbrados. No solamente perdieron familiares, bienes materiales o alguna otra cosa. También perdieron por el momento el sentido de vivir que reencontraron cuando empezaron a reconocer su revolución o cambio de vida desde muy dentro, desde lo más entrañable de sus cuerpos y de sus convicciones.

Una de las preocupaciones de Jorge en este libro, es mostrarnos que los “damnificados” del 22 de abril no son seres homogéneos, que ni todos los damnificados eran damnificados de la misma forma, ni todos andaban unidos y sin diferencias. Y este es el gran potencial que este libro retoma, las pérdidas fueron muchas y diversas, las secuelas de la misma manera, por tanto, se posicionaron de distintas maneras quienes fueron las y los lesionados, por su condición física y por tanto, resarcir los daños estaban centrados en sus cuerpos.

Por su parte el gobierno estatal a través del Patronato no “conoció” a las y los lesionados hasta casi un año después, pero ahí estaban, con pérdidas en sus cuerpos, con pérdidas en sus rostros, con pérdidas en sus afectos, emocional y económicamente devastados y a ellas y ellos, les fue más difícil resarcir sus heridas para exigir sus derechos. Pasaron días, meses y han pasado años, para que puedan reconstruir sus vidas en condiciones adversas. Llevan esa revolución dentro desde el 22 de abril de 1992.

Las y los lesionados se convirtieron en agentes políticos, se hicieron visibles al gobierno, a la sociedad y a los medios de comunicación. Sus demandas se empezaron a desplegar con estrategias diversas, algunas mas contestatarias otras más dóciles a la autoridad. Ello trajo como consecuencia la división en grupos de lesionados y las fracturas de demandas. Pero sin duda, esta experiencia los ha convertido en actores con agencia, es decir, en actores que han sabido ser interlocutores del gobierno para negociar un mejor trato a su salud y en mejorar sus condiciones económicas.

Después de 26 años se preocupan porque seamos sensibles ante tragedias como estas, a prevenir desastres, pero sobre todo, siguen clamando por el esclarecimiento de los hechos, a través de sus acciones cotidianas, de su conmemoración cada 22 de abril, de los murales en las calles donde explotó el colector.

La escultura Estela contra el olvido, de Alfredo López Casanova nos recuerda la tragedia, también nos recuerda la unión y solidaridad de la sociedad tapatía que se volcó el 22 de abril a apoyar con sus propias manos a rescatar de los escombros a las personas e impidió que ingresaran las máquinas a recoger el escombro si había señales de vida. Muchas de las y los lesionados fueron rescatados así.

El 22 de abril no vuelve a recordar que para que haya justicia, se requiere resarcir, en la medida de lo posible, las afectaciones humanas y físicas y reparar los daños como una acción de derechos humanos que sufrieron no sólo quienes vivían, tenían sus negocios o se trasladaban por la zona durante las explosiones.

Hace 4 años como regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, propuse que se ofreciera una disculpa pública a todas las personas afectadas por las explosiones del 22 de abril en Guadalajara que padecieron la negligencia de quienes tuvieron la responsabilidad del gobierno de la ciudad en su momento y que no actuaron conforme a su investidura, así como que en una muestra de buena voluntad, el Presidente municipal convocara a la conformación de una Comisión temporal para dar seguimiento a los compromisos firmados por el Gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval con las  y los vecinos afectados por las explosiones del 22 de abril de 1992, así como apoyar y acompañar a los afectados agrupados en la Asociación 22 de Abril y asegurarse que los compromisos contraídos se cumplieran en tiempo y forma.

Las y los lesionados de esta tragedia han sido muy eficaces en su tarea contra el olvido, que a pesar de sus pérdidas físicas y emocionales se mantuvieron firmes, han sostenido como dice Jorge una rebelión cotidiana y anhelos de cambio, porque siguen llevando la revolución dentro.

Columna de opinión de Candelaria Ochoa
Publicado originalmente en MX Político

Siempreviva: La igualdad sigue siendo una asignatura pendiente

La igualdad es ética y la equidad es política
Amelia Valcárcel

Hace 364 días en San Lázaro subimos a posicionar la importancia de alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Y de nuevo este 8 de marzo estamos aquí, insistiendo en este tema. Hoy como hace 112 años, las mujeres queremos igualdad de condiciones.

​El 8 de marzo fue proclamado como un día para el reconocimiento de la igualdad. Y quiero retomar la pregunta que se hace Amelia Valcárcel Si no estamos dispuestos a considerar que cualquier otro tiene deseos o derechos tan seguros como los nuestros ¿Cómo podríamos siquiera plantear la universalidad, que es la forma propia del juicio moral? Porque como dice la autora, a lo que llamamos moral, no es pensable sin la idea de igualdad… Porque la igualdad es la idea fundamental moral en su significado más profundo de equipotencia. Y la autora se cuestiona cómo hemos podido vivir varios milenios con política, sin que la igualdad forme parte de ella.

​Porque para Valcárcel, la igualdad es una relación concedida o pactada, incluso a veces impuesta, nada que no se conceda uno mismo tiene derecho moral a no concedérselo a otro, sino que tienes el deber de pensar en el otro como en ti mismo. Por ello hoy desde esta tribuna, tenemos la obligación moral de pensar en la igualdad de las mujeres, queremos ocupar el lugar de los otros que no han tenido el deber de pensar en nosotras.

​Hoy hacemos actual la demanda de igualdad, a pesar de que la palabra y su contenido nos asuste, la queremos, trabajamos por ella y queremos que se haga realidad. Porque la igualdad es una condición humana.

​Y como humanas, queremos transformar las normas de la desigualdad, las imágenes de los medios que las reproducen y las prácticas que nos margina. Lo que hemos ganado en dos siglos de lucha, ha sido tortuoso y lo hemos conquistado con mucho esfuerzo.

​Los derechos de las mujeres no han sido un regalo, sino una conquista. Hoy en esta Cámara se incorporó la paridad después de casi veinte años de haberse presentado la primera iniciativa; 1994 sobre la cuota; 1997 la primera “recomendación” a los partidos para incorporar a las mujeres en sus listas de candidaturas; 2002 la incorporación a la legislación; 2012 la Sentencia 12624, 2015 aplicación de la paridad. Y será en 2018 cuando aplique además la paridad vertical y horizontal en los ayuntamientos. Solo por mencionar la representación política.

​Sin embargo, sigue pendiente el acceso a los mercados de trabajo en paridad y recibir el salario igual por igual trabajo.

Este día no nos digan “feliz día de la mujer”, hagan realidad el derecho a la felicidad. Hagamos desde este espacio reformas para que las mujeres vivamos de manera igualitaria y equitativa. Legislemos para que se respeten nuestros derechos de manera plena; que se reformen las leyes y códigos que discriminan a niñas y mujeres; que transformemos la cultura de la desigualdad; que la maternidad sea una opción y no una obligación; que la sexualidad sea placentera y sin culpa; que la violencia de género, el hostigamiento y el acoso se sancionen; que la paternidad responsable sea una realidad; que los partidos respeten nuestro derecho a ser electas.

Desde esta tribuna, les conmino a reflexionar sobre el efecto perverso de la desigualdad y la violencia en las vidas de mujeres y niñas.

Publicado originalmente en Político MX

Siempreviva: Inconclusa la tarea contra la violencia y la alerta de género

La alerta de género se ha declarado para municipios en 12 estados: Colima, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Quintana Roo; y se admitió la solicitud de alerta para municipios en: Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Sin embargo, aun cuando se han hecho trámites para solicitarla, esta se ha negado en Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Ciudad de México.

Sin embargo, dicha declaratoria de alerta sufre de tremendas trabas burocráticas en razón de intereses políticos. Las alertas de género, cuando logran ser declaradas, muchas veces lo hacen después de más de un año de esfuerzos constantes y desgastantes por parte de mujeres desde la sociedad civil. Y es por eso que proponemos que sean esas mujeres quienes se hagan cargo del proceso para declarar las alertas de género: crear un Comité de expertas, quienes sean electas después de una convocatoria pública.

La vida de las mujeres no puede quedar al arbitrio de intereses políticos y negligencias. Queremos, además, reestructurar el mecanismo para hacerlo más eficiente.  Desde esta Cámara he propuesto que la Alerta de género debe ser expedita; Reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir el feminicidio como delito que admite prisión preventiva;

Crear un mecanismo mediante el cual las autoridades puedan –y deban- activar la Alerta de Género cuando la violencia contra todas las mujeres así lo exija, reconocer la violencia a personas trans y los delitos por homofobia; Reconocer el acoso sexual en el espacio público como una manifestación más de violencia contra las mujeres;  Hacer más eficiente el mecanismo  y crear un Comité de selección más amplio que elija a las integrantes del Comité de Expertas, quienes sean electas después de una convocatoria pública; Reformar el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer un plan estratégico, crear los instrumentos e indicadores de seguimiento y evaluación de los resultados de las acciones preventivas, de seguridad y justicia; y establecer calendarios de acción, seguimiento e información de las acciones y resultados de las medidas establecidas en la declaratoria de alerta de violencia de género.

Además, he propuesto los siguientes puntos de acuerdo: Con el que se exhortó al Ejecutivo federal a desarrollar una base de datos sobre casos feminicidio y que diseñe y ejecute un Programa integral para prevenir, atender y erradicar el feminicidio. También se exhortó al Poder Judicial de la federación y de las entidades federativas, el otorgamiento irrestricto de las órdenes de protección, así como la aplicación efectiva de los protocolos de investigación con perspectiva de género y debida diligencia del feminicidio; Se exhortó a las legislaturas de los estados a revisar su códigos penales a fin de considerar, en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Campo Algodonero, la estandarización del tipo penal de feminicidio, a fin de ajustarlo a la perspectiva de género, a elementos objetivos que no dificulten su acreditación y a ubicarlo como delito de naturaleza jurídica autónoma del homicidio, con base en la descripción típica del artículo 325 del Código Penal Federal. (éste fue aprobado en abril de 2016 y solo hubo respuesta de tres estados Guanajuato, Puebla y Morelos); Se exhortó a los gobiernos municipales de la República Mexicana a expedir y fortalecer su reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia o de combate, atención y erradicación a la violencia de género o sus equivalentes. Así como a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres a trabajar con los gobiernos municipales en capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de combate a la violencia contra las mujeres y de género a fin de que estos órdenes de gobierno tengan los elementos necesarios para expedir sus reglamentos en la materia; Se exhortó a la Secretaría de Gobernación a dar seguimiento puntual a las 13 acciones del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres contenidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, acorde a su artículo 42, inciso VIII; Se exhortó a los gobiernos estatales de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit hacer pública la información relativa a la experiencia institucional en la realización, operación, seguimiento, obstáculos, limitaciones y resultados de la implementación de la alerta de género emitida para cada uno de estos estados. (Fue desechado por concluir el periodo de la comisión permanente)

            Insistiremos que en la Declaratoria de Alerta de género se incluyan a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades y a brindar una respuesta conjunta. Solo así podremos enfrentar este flagelo de la vida de las mujeres.

 

Columna de opinión de Candelaria Ochoa
Publicado originalmente en MX Político

Siempreviva: El acoso es un problema

La reforma presentada al Artículo 13 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, reconoce el acoso en los espacios laborales y docentes. Con todas las dificultades y a pesar de que ya la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto. Falta reconocer el acoso como parte de la violencia en la comunidad. Es, por lo tanto, un primer paso en esta tarea que no es fácil, porque se trata de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres en los distintos espacios e instituciones de nuestro país.

            Así como La LGAMLV reconoce los tipos y modalidades de la violencia como la física, emocional, psicológica, sexual, económica, laboral, política y docente, el acoso es, evidentemente, una forma de violencia que evidencia un desbalance de poder en el que una persona amedrenta de alguna forma a otra.

            El acoso sexual es un fenómeno que, a pesar de ser una agresión directa en contra de alguien, se ha normalizado hasta el punto de sorprender la denuncia del mismo. Es un comportamiento que, más que invisible, es común en las interacciones cotidianas y afecta la vida de la mayoría de las mujeres en nuestro país. La normalización del acoso sexual en nuestra cultura ha provocado que las personas no sean conscientes de que es un problema ampliamente difundido, y que se den explicaciones socialmente válidas que lo perpetúan.

La sensación de inseguridad en las ciudades y comunidades, no deriva únicamente del crimen y la violencia, sino de una combinación de factores que incluyen temas sociales, económicos, culturales y domésticos, como la pobreza, el desempleo, la violencia urbana, la actividad delictiva, la desigualdad entre hombres y mujeres, el racismo, la xenofobia y la trata, entre otros.

En un estudio realizado por David Martínez y Mariana del Carmen González, de la Universidad Iberoamericana León, en Los Castillos, las y los investigadores exploran desde una perspectiva de los derechos humanos y de género, el derecho a la ciudad.  Y en particular, estudian el derecho a los espacios públicos y la libertad de las mujeres en ellos. Y si pensamos que las mujeres tenemos derechos en ellos, pues nos hemos equivocado, porque este trabajo, lo que nos muestra que el acoso en la vía pública es una vivencia que desde niñas la padecemos. Y digo la padecemos porque los testimonios que nos presentan nos muestran cómo antes estas situaciones de acoso -que son violencia- iniciamos a vivir con miedo y temerosas de los hombres. Y me pregunto ¿En qué momento les perdemos el miedo y la vergüenza? porque después nos piden que nos enamoremos de ellos,  vivir con ellos y hasta tener hijos con ellos. Esos que quizá acosaron a mujeres en sus propios hogares o en los espacios públicos, que son conocidos muchas veces y desconocidos otras tantas. Dicen las y los autores de este trabajo, acosar a una mujer desconocida en la vía pública, surte el efecto simbólico de alimentar esa masculinidad hegemónica y probar la virilidad.

Y es que el acoso contra las mujeres modifica su libre desenvolvimiento en la ciudad; lo cual implica que modifiquen rutas, horarios, vestimenta e incluso que decidan no salir al no saberse seguras. Es nuestro deber, desde este poder legislativo, trabajar para encontrar herramientas que contribuyan a que las mujeres podamos sentirnos y estar seguras; educar y re educarnos contra la normalización del acoso y la violencia y fomentar mecanismos que lo sancionen.

            Considero fundamental y necesario avanzar para erradicar la violencia, no nos vamos a acostumbrarnos y normalizarla, la violencia y el maltrato son un problema que lastima el tejido social y tenemos que atajarlo de manera frontal. Es un problema y hay que nombrarlo como tal.

Por María Candelaria Ochoa Ávalos
Publicado originalmente en MX Político

Siempreviva: Prohibir el matrimonio infantil

En varios Códigos civiles se mantiene el matrimonio infantil de mujeres menores de 18 años, lo que quiere decir niñas. Y es que todavía se permite que con la autorización de padres y/o tutores ellas puedan contraer matrimonio. Este es un gran reto para la legislatura -ante la cual ya presentamos la diputada Maricela Contreras y una servidora- una iniciativa para prohibirlo y que posteriormente, todos los estados de la República hagan lo mismo. Y es que los casos de matrimonio infantil son dramáticos, menores de edad que no han vivido como tales.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) define el matrimonio infantil como un matrimonio formal o unión informal antes de los 18 años. Este fenómeno es una realidad que afecta a las niñas de manera más desproporcionada. En su informe, Progreso para la Infancia de 2010, dicha agencia de Naciones Unidas sostiene que alrededor de una tercera parte de las mujeres de 20 a 24 años de edad a nivel mundial se casaron cuando eran niñas; precisa que si bien los datos de 47 países muestran que, en general, la edad mediana del primer matrimonio está aumentando gradualmente, esta mejora se ha limitado principalmente a las niñas de las familias con ingresos más altos e informa que mientras que el 48% de las mujeres de 45 a 49 años de edad se casaron antes de cumplir los 18 años, la proporción sólo ha bajado a 35% de las mujeres 20 a 24 años de edad.

El matrimonio infantil es una norma social discriminatoria y violatoria de los derechos humanos porque pretende reducir la carga económica que representan las niñas y adolescentes en las familias pobres.

Esta práctica profundiza las brechas de desigualdad y marginación, condenando principalmente a las mujeres, porque alienta el embarazo prematuro y sin espaciamiento; fomenta la preferencia del varón en la educación; fomenta la deserción escolar en niñas y adolescentes; circunscribe a las mujeres a las tareas domésticas, privándolas de elegir una actividad fuera del hogar; aumenta el riesgo de que su bebé muera en su primer año de vida es de un 60% más que el de un bebé nacido de una madre mayor de 19 años.

            En México, de 2005 a 2012, los matrimonios infantiles aumentaron seis por ciento. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cada año más de 113 mil niñas entre los 15 y 18 años se casan en el país, es decir, una quinta parte del total de los matrimonios a nivel nacional, estimándose que aproximadamente 389 mil niñas y niños entre 14 y 17 años están casados o viven en unión libre.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 da cuenta de que la proporción de mujeres adolescentes entre 15 a 19 años que viven en unión libre o matrimonio, representa 15 de cada 100; lo que quiere decir que en México hay 6.8 millones de mujeres entre los 15 y 54 años que contrajeron matrimonio antes de los 18 años. De las mujeres de 50 a 54 años 25.3% se unieron antes de los 18 años, mientras que en el grupo de edad de 20 a 24 años este porcentaje es de 21.4%.

Actualmente, el Código Civil Federal permite a mujeres mayores de 14 años y a los hombres mayores de 16 contraer matrimonio, siendo México uno de los 52 países que permiten esta unión legal entre menores con el consentimiento de sus padres, a pesar de que el 4 de diciembre de 2015 fue publicada la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes expresa que en su Artículo 45, titulo segundo expresa: Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.

Por ello, propusimos reformar el Artículo 48 y quedar de la siguiente manera: Artículo 148.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad.

El matrimonio infantil es violatorio de los derechos humanos de niñas y adolescentes, por ello, estamos a la espera de garantizar el derecho a una vida libre y a la libre elección, y se apruebe esta iniciativa que puede cambiar las vidas de las menores que son forzadas a semejante atrocidad.

Por María Candelaria Ochoa Ávalos
Publicado originalmente en MX Política

Siempreviva: Seguridad de las mujeres en contextos urbanos

La violencia contra las mujeres no es natural, en esto hemos insistido desde hace casi treinta años. Es un problema sociocultural y como tal debemos impulsar acciones para prevenir y erradicar desde los gobiernos locales. También hemos insistido en que la seguridad ciudadana debe incluir dos perspectivas: enfoque social y perspectiva de género, por ello, ONU Mujeres ha retomado muchos de los estudios -y también los ha realizado- que retoman estas dos perspectivas. Es de destacar que las políticas y los programas de seguridad, deben responder a las necesidades de género, es decir, deben tener en cuenta los factores para que las mujeres y niñas se sientan seguras en sus comunidades, así como, quiénes son las y los perpetradores de la violencia.

La sensación de inseguridad en las ciudades y comunidades, no deriva únicamente del crimen y la violencia, sino de una combinación de factores que incluyen temas sociales, económicos, culturales y domésticos, como la pobreza, el desempleo, la violencia urbana, la actividad delictiva, la desigualdad entre hombres y mujeres, el racismo, la xenofobia y la trata, entre otros.

De tal manera que todo este conjunto, hace que la violencia de género, no sólo no disminuya, sino se incremente. Incluir la perspectiva de los derechos humanos y de género y el derecho a la ciudad, se convierte en una necesidad urgente, en particular, el derecho a los espacios públicos, que garanticen la libertad de las mujeres en ellos. El acoso en la vía pública es una vivencia que desde niñas la padecemos. Y la padecemos porque se ha naturalizado que nos suceda eso todos los días, por ello, desde que somos chicas iniciamos a vivir con miedo, e incluso, algunas viven temerosas de los hombres. Y me pregunto ¿En qué momento les perdemos el miedo y la vergüenza? porque después nos piden que nos enamoremos de ellos y hasta llegamos a vivir con ellos y procrear hijos. Esos hombres que quizá acosaron a mujeres en sus propios hogares o en los espacios públicos, pueden ser extraños para unas y conocidos para otras.

Requerimos, reconocer y reconocernos como sujetas de derechos, con la capacidad de agencia para parar la violencia, para que el acoso no genere el efecto simbólico de alimentar la masculinidad hegemónica y los hechos violentos. Pero la capacidad de agencia también está presente para hacernos actuar y hacer elecciones propias de modo libre.

La educación deberá modificar patrones culturales que prefiguran la aceptación e incluso, la sumisión de las mujeres. Por lo que deberemos empezar a construir en el sistema educativo, familiar y social, fuentes que subviertan dichos principios.  Por ello, es necesario marcar una ruta desde los gobiernos locales para que los espacios urbanos sean vivibles de manera segura para las mujeres y las niñas, la utilización de las calles y de los espacios públicos, en el imaginario colectivo y en el diseño de la ciudad, deben integrar la perspectiva de género en materia de seguridad.

 

Columna de opinión por Ma. Candelaria Ochoa Ávalos
Publicado originalmente en MX Político