16 de febrero de 2016
El 1 de enero de 1994, constituye un parteaguas en la historia de nuestro país. Los mexicanos sabemos y sabe también el mundo, que en esa fecha surge en México un movimiento armado sui generis, formado por indígenas chiapanecos auto denominados Ejército Zapatista de Liberación Nacional, miles salen a las calles en la madrugada y asaltan por sorpresa comunidades y presidencias municipales como la de San Cristóbal de Las Casas. Denominarse Ejército Zapatista nos remite a dos consideraciones: movimiento armado y lucha por la tierra. Este movimiento nos trae a la conciencia una historia presente, que creíamos pasada.
El rezago agrario no es propio de Chiapas, pero sí se expresa de manera cruda en este estado y ser indígena hasta nuestros tiempos, significa una falta de justicia ignominiosa, además de vivir la discriminación, la violencia y el maltrato de manera perpetuada.
El impacto de este levantamiento armado, sobre la opinión pública nacional e internacional fue tal, que en tres semanas se iniciaron negociaciones para parar la guerra. Luego de un diálogo intenso, las partes en conflicto suscribieron los conocidos “Acuerdos de San Andrés”, que sentaron las bases de una tregua.
La Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz en Chiapas, aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión y promulgada el 9 de marzo de 1995, estableció las bases jurídicas para el diálogo. Esta Ley, creo uno de los mecanismos para mantener una instancia de intermediación y es la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) para convertirse en garante de la tregua y coadyuvar en el diálogo y la negociación entre las partes, es decir entre el gobierno federal y el EZLN, se estableció la Comisión para la Concordia y Pacificación, conformada por Diputados federales y Senadores. La existencia misma de esta comisión, así como su desempeño, es fundamental para la tregua. Por ello, hoy tenemos una gran responsabilidad, ya que como es sabido -es algo que ha sido denunciado no solamente por el EZLN sino por muy diversas voces autorizadas- el gobierno federal no cumplió y no ha cumplido con la palabra empeñada en San Andrés Larráinzar y el EZLN se retiró del diálogo. En este vigésimo aniversario de los Acuerdos de San Andrés, tenemos la oportunidad de revitalizar este enlace que nos permita re asumir la responsabilidad para que fue creada.
Porque en años recientes, se ha “normalizado” la guerra, lo que tiende a invisibilizar el conflicto. Pero la normalización de la guerra no lo anula; por el contrario, crea otros conflictos. Se puede considerar que el diálogo iniciado en San Andrés Larráinzar está hoy en punto muerto. Pero la ausencia de diálogo no elimina los factores que dieron origen al levantamiento armado: la discriminación, la desigualdad, la falta de derechos y de recursos, la falta de respeto por los pueblos, la ignominia…
En la actualidad, es indispensable mirar de forma autocrítica la situación y lo acontecido: se impone realizar un balance serio de la trayectoria de la COCAPA que representa la presencia y actuación del poder Legislativo de la nación, en un conflicto que no ha dejado de existir.
A todos nos concierne la construcción de un país incluyente y justo, para lo cual todos estamos interpelados para erradicar la discriminación y la injusticia. Este poder legislativo, que representa la diversidad de país que somos, tiene la oportunidad de asumir su responsabilidad en la construcción de las vías para el dialogo.
La realidad nos muestra que requerimos de un balance a 20 años de los Acuerdos de San Andrés, en el que se puedan plasmar los logros, pero sobre todo, los retos pendientes con los pueblos originarios y su derecho a vivir una vida sin discriminación. Les conmino desde aquí, a que revitalizar las tareas de la COCOPA, a realizar un balance con especialistas y con los pueblos, para que juntos, encontremos las vías de la paz y la concordia y no la simulación de las mismas.
