Cámara de Diputados | Candelaria Ochoa

Llaman a Presidente de la Cámara a aprobar iniciativas contra la violencia de género

La Bancada de los Ciudadanos llamó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a aprobar las iniciativas que se encuentran dictaminadas por la comisión de igualdad y que buscan combatir la violencia contra las mujeres.

En una rueda de prensa encabezada por las diputadas Candelaria Ochoa y Claudia Corichi señalaron que el presidente de la mesa directiva debe honrar la palabra que hizo en su momento Jorge Carlos Ramírez Marín de aprobar el dictamen, pues se trata de una cuenta pendiente de la Cámara de Diputados con todos las mujeres de México.

Ante el panorama de violencia creciente en contra de las mujeres, la diputada ciudadana Candelaria Ochoa presentó dos puntos de acuerdo que fueron respaldados por el grupo parlamentario, que buscan que se investigue, esclarezcan y finquen responsabilidades por los feminicidios de la activista María Guadalupe Hernández Flores (Cleo) y de la maestra de la UNAM Graciela Cifuentes y su hija Flor Cifuentes.

La diputada Claudia Corichi señaló que es urgente que se aprueben el paquete de iniciativas que contiene el dictamen, pues desde septiembre del año pasado el Presidente de la Mesa Directiva se comprometió a aprobarlo.

“Ayer recordamos al actual presidente de la mesa directiva de un compromiso que vamos a poner en nuestras redes sociales, donde instruye a la secretaría a que se acopien todas las iniciativas de violencia sexual y violencia de género para que se dictaminaran antes de que se terminara el periodo”.

A la rueda de prensa asistieron las diputadas Verónica Bermúdez, Marbella Toledo, Rosa Alba Ramírez Nachis, Dennisse Hauffen, Dalia Rocha, Daniella Hernández y Laura Plascencia, así como los diputados Germán Ralis, Jorge Álvarez Máynez, Juan Chávez, Adán Pérez Utrera, Salvador García, Gustavo Cárdenas y Moisés Guerra Mota, quienes apoyaron los puntos de acuerdo.

Legislan por mejoras para mujeres

Claudia Salazar
Reforma

La Cámara de Diputadas aprobó nuevas reformas legales para generar mejores condiciones de igualdad para las mujeres, evitar actos de violencia laboral, discriminación deportiva y acoso en los centros de trabajo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el pleno aprobó otorgar anualmente la medalla “Sor Juana Inés de la Cruz” para reconocer y premiar a las mujeres que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política, científica y económica a favor de los derechos humanos de las mujeres y por la igualdad de género.

Pese a un paquete de reformas a favor de la mujer, las diputadas de los diversos partidos reclamaron que aún hay rezagos en todos los ámbitos de desarrollo del sexo femenino.

En medio de la presentación de los dictámenes, diputadas del PRI y MC intercambiaron señalamientos.

Mirza Flores, de Movimiento Ciudadano, pidió mayor reflexión en las modificaciones en la ley general de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia respecto a la reubicación temporal de un agresor en su centro de trabajo, cuando en el mismo lugar labore la víctima.

“Es un delito el hostigamiento sexual. No tienen por qué reasignar a la persona que está hostigando a otra área de ese mismo espacio laboral. ¿Por qué? Porque va a seguir hostigando a la víctima a la entrada o a la salida o por interpósitas personas en forma de venganza”, alertó.

La priista Carolina Viggiano expuso que no se trataba de un castigo al agresor, sino una medida de protección, por lo que pidió a Flores que no se confundiera.

“Muchas mujeres que yo he conocido en centros laborales no quieren denunciar a su acosador precisamente porque, o es su superior jerárquico o es su compañero y lo va a seguir teniendo en su misma área de trabajo.

“Por eso es importante dictar una medida preventiva que no permita que las mujeres se queden calladas, independientemente de que se investigue y se revise de qué tipo de conductas se trata”, explicó.

Mirza Flores respondió a la priista que la que no entiende el tema era ella.

Señaló que, en el caso del hostigamiento sexual, previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Libre de Violencia y en el Código Penal, debe de actuarse en consecuencia si es un delito.

“Esta medida de retirar a la persona de su espacio laboral, debe de ser una protección para la receptora o la víctima debe de ser tomada con muchísima seriedad porque si no, se sigue protegiendo al agresor.

“Dije que debemos de seguir analizando el tema. Y si ella es la asesora del candidato a la Presidencia de la República del Revolucionario Institucional, pues en menudo problema estamos metidas”, reviró.

La perredista Hortensia Aragón reclamó que no se haya aprobado una iniciativa, presentada desde el 2015, para lograr la igualdad horizontal y vertical en los puestos de gobierno de la Cámara de Diputados.

La diputada de Morena Maricela Contreras expuso que hace 10 años las encuestas sobre violencia decían que, de las mujeres mayores de 15 años en nuestro país, el 70 de cada 100 sufrían agresiones, pero 10 años después la situación era casi la misma.

“Hay avances legislativos, pero existe un alejamiento con la realidad, dado que estas leyes no se aterrizan en políticas y no se aplican de manera concreta, se han convertido en un catálogo de buenas intenciones en hojas de papel, donde el Estado no asume la obligación de acatarlas y generar esquemas de garantía para el ejercicio de nuestros derechos”, remarcó.

Candelaria Ochoa, de MC, expuso que a pesar de que hay mayor paridad en la representación política, está pendiente el acceso a los mercados de trabajo en paridad.

Siempreviva: Inconclusa la tarea contra la violencia y la alerta de género

La alerta de género se ha declarado para municipios en 12 estados: Colima, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Quintana Roo; y se admitió la solicitud de alerta para municipios en: Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Sin embargo, aun cuando se han hecho trámites para solicitarla, esta se ha negado en Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Ciudad de México.

Sin embargo, dicha declaratoria de alerta sufre de tremendas trabas burocráticas en razón de intereses políticos. Las alertas de género, cuando logran ser declaradas, muchas veces lo hacen después de más de un año de esfuerzos constantes y desgastantes por parte de mujeres desde la sociedad civil. Y es por eso que proponemos que sean esas mujeres quienes se hagan cargo del proceso para declarar las alertas de género: crear un Comité de expertas, quienes sean electas después de una convocatoria pública.

La vida de las mujeres no puede quedar al arbitrio de intereses políticos y negligencias. Queremos, además, reestructurar el mecanismo para hacerlo más eficiente. Desde esta Cámara he propuesto que la Alerta de género debe ser expedita; Reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir el feminicidio como delito que admite prisión preventiva;

Crear un mecanismo mediante el cual las autoridades puedan –y deban- activar la Alerta de Género cuando la violencia contra todas las mujeres así lo exija, reconocer la violencia a personas trans y los delitos por homofobia; Reconocer el acoso sexual en el espacio público como una manifestación más de violencia contra las mujeres; Hacer más eficiente el mecanismo y crear un Comité de selección más amplio que elija a las integrantes del Comité de Expertas, quienes sean electas después de una convocatoria pública; Reformar el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer un plan estratégico, crear los instrumentos e indicadores de seguimiento y evaluación de los resultados de las acciones preventivas, de seguridad y justicia; y establecer calendarios de acción, seguimiento e información de las acciones y resultados de las medidas establecidas en la declaratoria de alerta de violencia de género.

Además, he propuesto los siguientes puntos de acuerdo: Con el que se exhortó al Ejecutivo federal a desarrollar una base de datos sobre casos feminicidio y que diseñe y ejecute un Programa integral para prevenir, atender y erradicar el feminicidio. También se exhortó al Poder Judicial de la federación y de las entidades federativas, el otorgamiento irrestricto de las órdenes de protección, así como la aplicación efectiva de los protocolos de investigación con perspectiva de género y debida diligencia del feminicidio; Se exhortó a las legislaturas de los estados a revisar su códigos penales a fin de considerar, en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Campo Algodonero, la estandarización del tipo penal de feminicidio, a fin de ajustarlo a la perspectiva de género, a elementos objetivos que no dificulten su acreditación y a ubicarlo como delito de naturaleza jurídica autónoma del homicidio, con base en la descripción típica del artículo 325 del Código Penal Federal. (éste fue aprobado en abril de 2016 y solo hubo respuesta de tres estados Guanajuato, Puebla y Morelos); Se exhortó a los gobiernos municipales de la República Mexicana a expedir y fortalecer su reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia o de combate, atención y erradicación a la violencia de género o sus equivalentes. Así como a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres a trabajar con los gobiernos municipales en capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de combate a la violencia contra las mujeres y de género a fin de que estos órdenes de gobierno tengan los elementos necesarios para expedir sus reglamentos en la materia; Se exhortó a la Secretaría de Gobernación a dar seguimiento puntual a las 13 acciones del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres contenidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, acorde a su artículo 42, inciso VIII; Se exhortó a los gobiernos estatales de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit hacer pública la información relativa a la experiencia institucional en la realización, operación, seguimiento, obstáculos, limitaciones y resultados de la implementación de la alerta de género emitida para cada uno de estos estados. (Fue desechado por concluir el periodo de la comisión permanente)

Insistiremos que en la Declaratoria de Alerta de género se incluyan a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades y a brindar una respuesta conjunta. Solo así podremos enfrentar este flagelo de la vida de las mujeres.

Columna de opinión de Candelaria Ochoa
Publicado originalmente en MX Político

Mesa de trabajo “Declaratoria de Alerta de Género ¿y luego qué?”

La Alerta de Violencia de Género es un instrumento, compuesto por un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia, que tiene el Estado mexicano para combatir la violencia contra las mujeres en su expresión más extrema: el feminicidio.

A pesar de que es un instrumento relativamente nuevo, declarada apenas en 2015, su implementación ha sido ampliamente difundida y actualmente hay más de 90 municipios distribuidos en 13 estados de la república que cuentan con esta declaratoria. Sin embargo, en muchos de estos estados los feminicidios no han disminuido, y siguen siendo una terrible amenaza a la seguridad de las mujeres.

La novedad y expansión de las alertas de género, así como su aplicación, aún no ha permitido crear un espacio o dinámica necesarios para el intercambio de información, experiencias y retos que los encargados de hacerla cumplir han enfrentado, por lo que nos parece necesario avanzar en la construcción del mismo.

Por ello, hoy convocamos a las y los representantes encargadas a nivel estatal de la aplicación de la alerta de violencia de género, pues son quienes tienen la posibilidad de dar un panorama más amplio de la aplicación y los retos, así como entablar un diálogo nutritivo y avanzar en la construcción de políticas públicas e institucionales que contribuyan a una mejora de estos mecanismos que son necesarios para erradicar la violencia contra las mujeres.

Programa

Fecha: 28 de Febrero de 2018, 9:45 horas
Sede: H. Cámara de Diputados, Palacio legislativo de San Lázaro, Edificio G, Zona C (Cristales)

9:45 hrs. Registro

10:00 hrs. Inauguración presentación del foro

Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos

10:10 hrs. Mesa 1, Estados con declaratoria de Alerta de Género anterior a 2017

Presentación
Senadora Martha Angélica Tagle, “El sentido de Urgencia, Rediseño de la Alerta de Violencia de Género”
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres*
Instituto Nacional de la Mujeres
Mtro. Pablo Navarrete, Coordinador de Asuntos Jurídicos.
Estado de México
Mtro. Jesús Morales Gil, Subdirector de asistencia jurídica y psicológica del CEMyBS
Morelos
María Teresa Domínguez Rivera, Directora General del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos
Chiapas
C.P. Braulia Sánchez Velasco, Secretaria del Empoderamiento de la Mujer en Chiapas
Nuevo León
Dr. Arturo Ojeda Becerra, Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León
Veracruz
Mtra. Yolanda Olivares Pérez, Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres.

14:00 hrs. Comida

15:30 hrs. Mesa 2, Estados con Declaratoria de Alerta de Género a partir de 2017

Introducción
Colima
Armida Zepeda Mesina, Secretaria ejecutiva del Consejo de la Comisión de los Derechos Humanos de Colima
San Luis Potosí
Lic. Jorge Andrés López Espinosa, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí
Guerrero
Maira Gloribel Martínez Pineda, Titular de la Secretaria de la Mujer de Guerrero
Quintana Roo
Dra. Silvia Damián López, Directora general del Instituto Quintanarroense de la Mujer
Jalisco
Dra. Érika Adriana Loyo Beristáin, Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres
Sonora
Juan Carlos Rico Díaz, Director del Consejo Estatal de Población de Sonora

17:30 hrs. Mesa 3. Conclusiones

Los Participantes tendrán 20 minutos para exponer, una vez finalizada la ronda de intervenciones habrá una ronda de preguntas y finalmente ronda de respuestas de 5 minutos por participante.

*Por confirmar

Siempreviva: El acoso es un problema

La reforma presentada al Artículo 13 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, reconoce el acoso en los espacios laborales y docentes. Con todas las dificultades y a pesar de que ya la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto. Falta reconocer el acoso como parte de la violencia en la comunidad. Es, por lo tanto, un primer paso en esta tarea que no es fácil, porque se trata de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres en los distintos espacios e instituciones de nuestro país.

Así como La LGAMLV reconoce los tipos y modalidades de la violencia como la física, emocional, psicológica, sexual, económica, laboral, política y docente, el acoso es, evidentemente, una forma de violencia que evidencia un desbalance de poder en el que una persona amedrenta de alguna forma a otra.

El acoso sexual es un fenómeno que, a pesar de ser una agresión directa en contra de alguien, se ha normalizado hasta el punto de sorprender la denuncia del mismo. Es un comportamiento que, más que invisible, es común en las interacciones cotidianas y afecta la vida de la mayoría de las mujeres en nuestro país. La normalización del acoso sexual en nuestra cultura ha provocado que las personas no sean conscientes de que es un problema ampliamente difundido, y que se den explicaciones socialmente válidas que lo perpetúan.

La sensación de inseguridad en las ciudades y comunidades, no deriva únicamente del crimen y la violencia, sino de una combinación de factores que incluyen temas sociales, económicos, culturales y domésticos, como la pobreza, el desempleo, la violencia urbana, la actividad delictiva, la desigualdad entre hombres y mujeres, el racismo, la xenofobia y la trata, entre otros.

En un estudio realizado por David Martínez y Mariana del Carmen González, de la Universidad Iberoamericana León, en Los Castillos, las y los investigadores exploran desde una perspectiva de los derechos humanos y de género, el derecho a la ciudad. Y en particular, estudian el derecho a los espacios públicos y la libertad de las mujeres en ellos. Y si pensamos que las mujeres tenemos derechos en ellos, pues nos hemos equivocado, porque este trabajo, lo que nos muestra que el acoso en la vía pública es una vivencia que desde niñas la padecemos. Y digo la padecemos porque los testimonios que nos presentan nos muestran cómo antes estas situaciones de acoso -que son violencia- iniciamos a vivir con miedo y temerosas de los hombres. Y me pregunto ¿En qué momento les perdemos el miedo y la vergüenza? porque después nos piden que nos enamoremos de ellos, vivir con ellos y hasta tener hijos con ellos. Esos que quizá acosaron a mujeres en sus propios hogares o en los espacios públicos, que son conocidos muchas veces y desconocidos otras tantas. Dicen las y los autores de este trabajo, acosar a una mujer desconocida en la vía pública, surte el efecto simbólico de alimentar esa masculinidad hegemónica y probar la virilidad.

Y es que el acoso contra las mujeres modifica su libre desenvolvimiento en la ciudad; lo cual implica que modifiquen rutas, horarios, vestimenta e incluso que decidan no salir al no saberse seguras. Es nuestro deber, desde este poder legislativo, trabajar para encontrar herramientas que contribuyan a que las mujeres podamos sentirnos y estar seguras; educar y re educarnos contra la normalización del acoso y la violencia y fomentar mecanismos que lo sancionen.

Considero fundamental y necesario avanzar para erradicar la violencia, no nos vamos a acostumbrarnos y normalizarla, la violencia y el maltrato son un problema que lastima el tejido social y tenemos que atajarlo de manera frontal. Es un problema y hay que nombrarlo como tal.

Por María Candelaria Ochoa Ávalos
Publicado originalmente en MX Político

Siempreviva: Prohibir el matrimonio infantil

En varios Códigos civiles se mantiene el matrimonio infantil de mujeres menores de 18 años, lo que quiere decir niñas. Y es que todavía se permite que con la autorización de padres y/o tutores ellas puedan contraer matrimonio. Este es un gran reto para la legislatura -ante la cual ya presentamos la diputada Maricela Contreras y una servidora- una iniciativa para prohibirlo y que posteriormente, todos los estados de la República hagan lo mismo. Y es que los casos de matrimonio infantil son dramáticos, menores de edad que no han vivido como tales.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) define el matrimonio infantil como un matrimonio formal o unión informal antes de los 18 años. Este fenómeno es una realidad que afecta a las niñas de manera más desproporcionada. En su informe, Progreso para la Infancia de 2010, dicha agencia de Naciones Unidas sostiene que alrededor de una tercera parte de las mujeres de 20 a 24 años de edad a nivel mundial se casaron cuando eran niñas; precisa que si bien los datos de 47 países muestran que, en general, la edad mediana del primer matrimonio está aumentando gradualmente, esta mejora se ha limitado principalmente a las niñas de las familias con ingresos más altos e informa que mientras que el 48% de las mujeres de 45 a 49 años de edad se casaron antes de cumplir los 18 años, la proporción sólo ha bajado a 35% de las mujeres 20 a 24 años de edad.

El matrimonio infantil es una norma social discriminatoria y violatoria de los derechos humanos porque pretende reducir la carga económica que representan las niñas y adolescentes en las familias pobres.

Esta práctica profundiza las brechas de desigualdad y marginación, condenando principalmente a las mujeres, porque alienta el embarazo prematuro y sin espaciamiento; fomenta la preferencia del varón en la educación; fomenta la deserción escolar en niñas y adolescentes; circunscribe a las mujeres a las tareas domésticas, privándolas de elegir una actividad fuera del hogar; aumenta el riesgo de que su bebé muera en su primer año de vida es de un 60% más que el de un bebé nacido de una madre mayor de 19 años.

En México, de 2005 a 2012, los matrimonios infantiles aumentaron seis por ciento. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cada año más de 113 mil niñas entre los 15 y 18 años se casan en el país, es decir, una quinta parte del total de los matrimonios a nivel nacional, estimándose que aproximadamente 389 mil niñas y niños entre 14 y 17 años están casados o viven en unión libre.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 da cuenta de que la proporción de mujeres adolescentes entre 15 a 19 años que viven en unión libre o matrimonio, representa 15 de cada 100; lo que quiere decir que en México hay 6.8 millones de mujeres entre los 15 y 54 años que contrajeron matrimonio antes de los 18 años. De las mujeres de 50 a 54 años 25.3% se unieron antes de los 18 años, mientras que en el grupo de edad de 20 a 24 años este porcentaje es de 21.4%.

Actualmente, el Código Civil Federal permite a mujeres mayores de 14 años y a los hombres mayores de 16 contraer matrimonio, siendo México uno de los 52 países que permiten esta unión legal entre menores con el consentimiento de sus padres, a pesar de que el 4 de diciembre de 2015 fue publicada la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes expresa que en su Artículo 45, titulo segundo expresa: Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.

Por ello, propusimos reformar el Artículo 48 y quedar de la siguiente manera: Artículo 148.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad.

El matrimonio infantil es violatorio de los derechos humanos de niñas y adolescentes, por ello, estamos a la espera de garantizar el derecho a una vida libre y a la libre elección, y se apruebe esta iniciativa que puede cambiar las vidas de las menores que son forzadas a semejante atrocidad.

Por María Candelaria Ochoa Ávalos
Publicado originalmente en MX Política

Candelaria Ochoa cuestionó al presidente de la CNDH

Este miércoles, durante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se realizó la presentación del informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde en nombre de su bancada la diputada federal Ciudadana Candelaria Ochoa Ávalos formuló dos preguntas al Presidente del Organismo Luis Raúl González Pérez. La primera relacionada a la aprobación por parte del PRI y sus aliados a la controversial Ley de Seguridad Interior.

Después de acotar que dicha ley representa la intención del Estado Mexicano de perpetuar la fallida estrategia del combate al crimen organizado, la legisladora inquirió a González Pérez, sobre lo que él cree de las motivaciones para continuar con una táctica que a todas luces ha fallado y ha sido reprobada por los principales organismos internacionales de derechos humanos, como la propia CNDH.

Ochoa Ávalos se refirió también a la grave crisis de derechos humanos que vive actualmente México, que se ha traducido en recomendaciones sobre graves violaciones a estos y recordó que según el informe de labores de diciembre de 2017, la CNDH recibió en el pasado año un total de 14,156 quejas por violaciones a los derechos humanos. Razón por la que dijo, es necesario emprender acciones a profundidad que garanticen el derecho a conocer más sobre esta crisis y la no repetición del daño. Al respecto, Movimiento Ciudadano propuso la creación de una Comisión de la Verdad sobre las violaciones a los derechos humanos en la última década, por lo que la diputada cuestionó nuevamente al presidente del Organismo sobre su opinión acerca de este tipo de mecanismos a nivel nacional como un primer paso para transitar hacia un cambio de régimen con la voluntad que se requiere para reconocer el nivel de la actual crisis y para garantizar la reparación del daño a las víctimas.

Candelaria Ochoa hizo un repaso de las más graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, entre los que figuran feminicidios, el ataque a los periodistas y defensores de derechos humanos, el tema de los migrantes, la marginación de los pueblos indígenas entre otros, e hizo un llamado a Raúl González Pérez para que el organismo a su cargo intervenga en los graves y muy desafortunados casos de salud durante el gobierno de Javier Duarte en Veracrúz.

Fallan diputados de Jalisco al atender peticiones

Martín Aquino
Mural

¿Le gustaría saber el trabajo que han hecho diputados federales a favor de Jalisco? Espere sentado.

En la Cámara de Diputados hay 31 representantes jaliscienses a quienes, en teoría, se les puede contactar vía correo electrónico; sin embargo, MURAL realizó un ejercicio de comunicación con todos y sólo se logró la respuesta de siete.

El 22 de noviembre se enviaron directamente peticiones periodísticas de información a los 31 legisladores a través del e-mail que cada uno tiene en su perfil disponible en el portal de la Cámara.

Se les cuestionó individualmente sobre su labor y las gestiones económicas que ha logrado en beneficio del Estado -durante las discusiones presupuestales- desde que protestó al cargo, el 29 de agosto de 2015.

Pero luego de más de un mes de esperar respuesta, 24 las ignoraron y sólo llegaron las de Germán Ernesto Ralis, María Candelaria Ochoa, Macedonio Tamez, Jonadab Martínez y Víctor Manuel Sánchez, todos de MC, así como Evelyng Soraya Flores, del PVEM, y José Luis Orozco, del PRI.

En el caso del panista Hernán Cortés, ni siquiera pudo llegarle el mensaje debido a que sus medidas de seguridad lo rechazaron.

“Desde que soy diputado federal no he gestionado de manera individual ningún apoyo económico. No estoy de acuerdo con el etiquetado de recursos a través de la gestión personal de los diputados. Se presta a corruptelas y a injusticias”, respondió el diputado Tamez.

Este legislador, igual que sus compañeros Ochoa y Sánchez, expusieron que las gestiones de MC se realizan como fracción legislativa, no de manera personal; sin embargo, Ralis expuso que él logró 194.7 millones de pesos para Tlaquepaque, y Martínez, 486 millones.

Sin dar cifras monetarias, el priista Orozco afirmó gestionar apoyos para escuelas y estudiantes, reparto de semillas y fertilizantes para agricultores, ampliación del Hospital Regional de Ciudad Guzmán y ferias de servicios de salud, construcción o rehabilitación de carreteras como la de San Andrés-Gómez Farías, y cursos para fomentar el empleo.

Por su parte, Flores, del PVEM, expuso que ha logrado gestiones por 136 millones de pesos que se han destinado para proyectos carreteros en el Estado, así como obras en San Juan de Los Lagos, Ojuelos y Lagos de Moreno.

La Ley de Seguridad Interior y las Universidades Autónomas

Por: Dra. Lourdes Pacheco
Publicado en: El Blog de Lourdes Pacheco

Nos erguiremos hacia el sol
en una sola voluntad y seremos peligrosos.
Khalil Gibran. El loco

El artículo 31 de la Ley de Seguridad Interior aprobada por la Cámara de Diputados y que deberá discutir la Cámara de Senadores, señala en el artículo 31 que “En materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley”.

Ahora bien, ello obliga a las universidades públicas autónomas puesto que se consideran órganos constitucionales autónomos como parte del sistema jurídico mexicano. Específicamente el artículo 3º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece como órganos constitucionales autónomos al Instituto Federal Electoral (INE), la Comisión nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Banco de México (BM) y las instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía (Diario Oficial de la Federación, 11 junio 2002).

Así pues, con motivo de la Ley de Seguridad Interior propuesta, las universidades –en tanto órganos autónomos-, deberán otorgar a las autoridades militares y policiacas la información que les sea requerida. Ello lleva a plantear diversos cuestionamientos:

En primer lugar tendremos que preguntarnos cuál es la información que pueden proporcionar las universidades. Una es la información sobre el personal que labora en la institución, trátese de personal académico, administrativo o estudiantil. En este caso, las universidades tienen bases de datos de la vida privada de tales poblaciones como domicilio, conyugalidad, lugar de origen, procedencia, etc. Quizá lo más preocupante lo constituya la información sobre la población estudiantil, puesto que los estudiantes han protagonizado diversas acciones transgresoras al orden del Estado o que así han sido consideradas: la rebelión estudiantil de 1968 en la Ciudad de México, el movimiento #YoSoy132 originado en plena campaña de Enrique Peña Nieto; la protesta por los desaparecidos de Ayotzinapan (2014), entre los más recientes, además de movilizaciones protagonizadas por universitarios de las universidades públicas autónomas de diversos lugares: Chilpancingo, Morelia, Puebla, Culiacán, San Cristóbal de las Casas, Monterrey y otros.

En segundo lugar, las universidades generan diversa información que puede considerarse de interés para la seguridad interior. Me refiere a las investigaciones que se realizan tanto referidas al territorio como a las personas. Por ejemplo, en las universidades se realizan investigaciones científico-técnicas relacionadas con el establecimiento de macroempresas como presas hidroeléctricas que afectan un territorio determinado. Los estudios comprenden no solamente aspectos referidos a manifiestaciones de impacto ambiental, viabilidad técnica, uso del suelo, etc., sino que también comprende información sobre la población que habita los territorios afectados, ya sean pueblos indígenas o pueblos rurales, las organizaciones existentes opositoras a los macroproyectos, las líneas de resistencia popular, las alianzas generadas en torno a defensa de territorios, etc. En este caso, ¿también las universidades deberán proporcionar esa información?

El tercer aspecto tiene que ver con la información científica ya que las universidades realizan investigaciones cuyos resultados tienen como destinataria la comunidad científica nacional e internacional pero que pueden convertirse en información atractiva para la seguridad interior: investigaciones de frontera sobre controles biológicos, comportamiento de organismos vivos, propiedades de la materia o de la flora, topografías de los océano, estudios edafológicos, cartografía del cerebro, uso de radiaciones, etc.

La Ley de Seguridad Interior, tal como está, implica que las universidades autónomas serán sujetas a ella, lo cual provoca, en la práctica, una supeditación de las instituciones autónomas a la lógica militar y policiaca. Es sabido que las universidades no sólo estudian lo existente con los paradigmas normalizados, sino que también abren los futuros al estudiar lo improbable y justamente esto, lo improbable imaginado, es lo que hace avanzar la ciencia y la sociedad.

Por ello, opino que la ley tal como está redactada afecta a las universidades autónomas porque las mandata a entregar información cuyo fin es meramente académico, científico, artístico, tecnológico, cultural y que no tiene por qué ir a parar a manos de la inteligencia militar. La Ley de Seguridad Interior se establece como el ojo vigilante, buitre al acecho donde todos somos atrapables, hasta el breve espacio de las aulas donde construimos otros porvenires, otros sueños de paz sin armas y sin guerra.

El ataque a Yndira es un ataque a todas las mujeres

EL ATAQUE A LA ACTIVISTA YNDIRA SANDOVAL, ES UN ATAQUE A TODAS LAS MUJERES: CANDELARIA OCHOA

Este martes la diputada federal Candelaria Ochoa, presentó un punto de acuerdo para que se investigue y lleve a sus últimas consecuencias el caso de la activista y defensora de los derechos humanos Yndira Sandoval Sánchez, quien presentó una denuncia por violación y abuso de poder el pasado 16 de septiembre, en Tlapa.

El ataque perpetrado a la feminista por la policía del citado municipio es un ataque a todas las mujeres, afirmó contundente Ochoa Ávalos quien agregó que es una muestra de lo mucho que existe en materia de impunidad, omisión y criminalización de las mujeres y en particular de las feministas y defensoras de los derechos humanos en este país.

La diputada subrayó que incluso el video de Yndira que hizo circular la policía de Tlapa es una violación a sus derechos humanos, pues por un lado la expone y por otro es incompleto ya que no muestra todo el proceso de detención, además de criminalizarla por tomar alcohol como si se tratara de una justificación a la violencia que se ejerce en su contra.

“Por qué cuando una mujer se toma una, dos, tres o cinco cervezas es víctima de asesinato, acoso sexual o violación?”.Evidenció que todo lo anterior es un típico caso de revictimización a la mujer, práctica común en México.

La diputada invitó a que se sumen más diputados y diputadas a fin de esclarecer los hechos y castigar de manera puntual a los responsables y exhortó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al gobierno del estado de Guerrero, al Congreso del estado de Guerrero y al gobierno del municipio de Tlapa de Comonfort a tomar cartas en el asunto.

La legisladora pidió juicio político para el presidente municipal de Tlapa como responsable administrativo de las acciones de la policía municipal y exigió la destitución de los funcionarios que por acción u omisión participaron en el caso; que se capacite a los funcionarios del estado de Guerrero en la aplicación de protocolos con perspectiva de género y a que el gobierno municipal de Tlapa actúe administrativamente contra los responsables.

El punto de acuerdo está firmado por las diputadas Candelaria Ochoa, Claudia Corichi, Mirza Flores y Verónica Delgadillo y en su presentación estuvieron presentes los diputados Gustavo Cárdenas y Víctor Sánchez.

Muchas mujeres han sufrido vejaciones o han muerto en silencio en total impunidad en este país. Candelaria Ochoa exige que en este caso emblemático que involucra al estado y reproduce la violencia que ejerce un sistema patriarcal, se haga justicia.