Ciudad de México a 5 de abril de 2017
Este miércoles la diputada federal Ciudadana Candelaria Ochoa reiteró la postura de su bancada, de enérgica desaprobación a la actuación del Juez Anuar González Hemadi, quien emitió un amparo a favor de Diego Cruz Alonso, joven que participó en el sonado caso de abuso sexual grupal en contra de una menor el 3 de enero de 2015 en Boca del Río, Veracrúz.
Como se recordará, Diego Cruz en compañía de 3 jóvenes de nombres; Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales y Gerardo Rodríguez Acosta, obligaron a subir a un auto a una joven que entonces tenía 17 años y abusaron sexualmente de ella, lo que se considera “daños al libre desarrollo personal e individual de la menor”.
La diputada hizo énfasis en que transcurrió un año para que se dictara orden de aprehensión contra estos cuatro violentadores de mujeres también conocidos como “los porkys”, que a todas luces fueron encubiertos por las autoridades, que fueron omisas. A este año se sumó otro en el que Diego Cruz fue detenido en Madrid y extraditado para enfrentar la justicia.
Después de la lentitud para la aplicación de justicia, el Juez Anuar González Hemadi Tercero de Distrito del estado de Veracruz, emitió un amparo a favor de Diego para dejarlo en libertad, hecho que denuncia Ochoa Ávalos, revictimiza a la víctima, violentando de este modo, la Ley general de Victimas.
En la investigación ministerial se desprende el abuso a la menor, quien en ese momento tenía 17 años de edad. Diego Cruz “Le tocó los senos, le metían sus manos debajo de la falda y [Cruz] le introdujo sus dedos por debajo del calzón y en la vagina”. Aun así, el Juez “no observa una intención “lasciva”, ni que Cruz tuviera la intención de “copular”. Considera lo sucedido como un “roce o frotamiento incidental” y no como abuso sexual.
A pesar de que lo anterior está plenamente documentado y en el colmo de la misoginia, Candelaria Ochoa señala que el juez acusa a la menor de no haber mostrado su estado de indefensión frente a 4 varones, que no demostró el abuso sexual y que la intención de la violación de que fue objeto, no tenía intenciones lascivas, de satisfacer un apetito sexual.
La legisladora apunta que en este caso emblemático, el amparo no solo es un agravio directo contra la menor y su familia, sino contra el sistema judicial de nuestro país, contra las convenciones internacionales que ha suscrito México ( como la “Convención de Belem do Pará”) y contra todas las mujeres mexicanas; puesto que expone la medida en que el dinero y las influencias superan a la justicia en nuestro país.
Por ello dijo; “interpusimos también un juicio político al Juez Anuar González Hemadi, quien demuestra que no es un servidor público. En base en la Ley Federal de los Servidores Públicos y en la Constitución Política, porque prefirió ignorar su función social de juzgador, favoreciendo conductas criminales y pasando por alto el respeto y garantía de los derechos humanos, violentó bienes jurídicos y minó la confianza en las instituciones de impartición de justicia”.
Recalcó que el Poder Judicial de la Federación está obligado a revocar la sentencia del amparo 159/2017-IV y a resolver con perspectiva de género, considerando lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y todo lo relacionado con la protección de los derechos humanos.