La eficiencia, efectividad y orientación por resultados se han constituido dentro de los nuevos paradigmas de la gestión pública, en valores institucionales guía para el comportamiento de los servidores públicos alrededor del mundo y en todos los niveles de gobierno. México no ha sido la excepción, desde 1970 se han venido modificando e implementando novedosos marcos normativos en torno a la estructuración de los presupuestos en función del desempeño de la acción pública. Lo que se ha denominado como el Sistema de Evaluación del Desempeño, que es un componente central de un conjunto de reformas de gestión y presupuestación con base en el desempeño, y que tienen por objetivo incrementar la eficacia y la eficiencia dentro de las dependencias gubernamentales, incentivando así la transparencia y el proceso de rendición de cuentas.
Este esquema presupuestario con base en el desempeño quedó normado mediante la publicación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en 2006, en donde se establece que todas las instituciones que ejercen gasto público tienen I) la responsabilidad de llevar a cabo una gestión por resultados, II) establecer metas y objetivos para sus programas y III) evaluar los resultados.
Con la incorporación jurídica del Sistema de Evaluación del Desempeño en la gestión pública se ha buscado “transitar de un gobierno concentrado en el cumplimiento de procedimientos rígidos hacía instituciones públicas inteligentes” que permitan crear valor público a través de la generación de espacios de interlocución con la ciudadanía.
En este sentido, la evaluación de la gestión pública se encuentra estrechamente vinculada con las directrices del gobierno abierto y la rendición de cuentas, ya que la constante revisión de resultados de las dependencias gubernamentales ha permitido, por una parte, transparentar su quehacer mediante la generación de valiosa información, y por otra, identificar oportunamente si es necesario fortalecer su gestión, redirigir los esfuerzos o en última instancia eliminar aquellas que no estén mostrando los resultados esperados.
Por ello, es importante que para la asignación de recursos públicos a través del presupuesto, se tome en consideración el desempeño de las dependencias gubernamentales, de modo que los recursos destinados se encuentren en función de sus resultados, e incluso, en el caso de resultados nulos o nimios se considere la supresión de estas dependencias.
Toda acción que ayude y adicione al combate a la corrupción es definitivamente necesaria. No obstante, siempre será cuestionable la existencia de dependencias públicas que en lugar de generar beneficios en el actuar gubernamental o social, se constituyen como lastres del presupuesto, contraviniendo la propia esencia al convertirse en reproductoras de la corrupción, pues sus pobres y cuestionables desempeños no contribuyen con los ejes de transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública y con la correcta aplicación de los recursos públicos.