Hay una nueva generación de políticos en el poder pero persiste el temor a que continúen con las malas prácticas que llevaron a sus antecesores a la cárcel
Durante los últimos cinco años el tema de la corrupción ha sido una constante en el gobierno mexicano.
Más allá de si los encarcelan o regresan lo que se llevaron, en distintos sectores empieza a crecer una preocupación: ¿Cómo recuperar el respeto a la figura del gobernador? Un personaje clave en la vida política del país por ser ellos junto con los alcaldes quienes tienen el contacto directo con la población.
La confianza en estas figuras es fundamental para los partidos políticos, pero también para mantener la gobernabilidad en el país y más aún, después del año 2000 cuando con la llegada del primer presidente de oposición los mandatarios estatales se convirtieron en una pieza clave para mantener el equilibrio de poderes.
De los 32 gobernadores que han coincidido con el actual sexenio que inició en 2012, cuatro están encarcelados, uno está prófugo, y otro logró su libertad. Pero del total, los 22 que pertenecen al oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) tienen señalamientos de la Auditoria Superior de la Federación –el órgano fiscalizador a nivel federal- por supuestos desvíos de recursos que rebasarían los 258.000 millones de pesos (USD 14.300 millones).
Sobre estos gobernadores pesan acusaciones que van desde la adquisición masiva de lujosas residencias, hasta el desvío de presupuestos para compras cuestionadas.
En el ánimo ciudadano pesa también “el descaro” mostrado por los gobernadores, como el caso del priista Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, que según unos audios filtrados presumió en una noche de copas que entre sus pertenencias tenía 1.000 camisas, 400 pares de zapatos, 300 trajes de lujosas marcas y 400 pantalones.
No sabemos qué sucedió
Francisco Ramírez Acuña, del derechista Partido Acción Nacional (PAN) fue gobernador del estado de Jalisco entre 2001 y 2006. Afirma que entre algunos ex mandatarios estatales existe una preocupación real por el desprestigio que ha sufrido esta figura a raíz de los escándalos de corrupción.
Admite también, que “ya no queda en manos de los ex gobernadores, quienes lo fuimos ya no podemos volver a serlo y los que ya no tenemos actividad publica no está en nuestras manos poder hacer propuestas por respeto a quienes están en el ejercicio. Es una costumbre no escrita de que quienes lo fuimos, nos mantenemos alejados para que no haya un ápice de sospecha que queremos estar en la actividad pública”, comentó en charla con Infobae.
Asegura que aún para algunos ex mandatarios estatales es “inexplicable” como sus sucesores han cometido “este tipo de atropellos y que en su momento, no fueran denunciados a tiempo ni parados por los congresos estatales”.
“[Lo que han hecho] Los gobernadores que han robado ha sido corromper a sus congresos estatales, comprándolos para que voten sus iniciativas y después ya no hay legislador alguno que se les quiera oponer”, agrega.
En este sentido, Candelaria Ochoa, diputada federal por el opositor Movimiento Ciudadano (MC) reconoce cierta responsabilidad de los legisladores, pero también está consciente que es poco lo que pueden hacer los partidos con representación mínima.
Ochoa pidió en distintas ocasiones en la tribuna legislativa una investigación en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, esperando ser extraditado de Guatemala, pero su fracción solo cuenta con 21 de 500 diputados.
Reconoce que en los congresos locales existen aún menos posibilidades de maniobra.
¿Se puede recuperar el prestigio?
En un momento de división política como el que enfrenta México, en el que el presidente Enrique Peña Nieto tiene un nivel de desaprobación del 76%, según la última encuesta de Consulta Mitofsky, la aceptación de los gobernadores es indispensable.
Una encuesta publicada en el mes de marzo reveló que sólo siete de los actuales gobernadores tienen una aprobación superior al 50%, mientras que el resto tiene un un promedio de 35.4%.
Tony Payán, director del Centro de Estudios sobre México de la Universidad de Rice en Estados Unidos, considera parte del problema que los mexicanos no creen que esta clase política tenga la capacidad de investigarse.
Y mientras sea así, se mantendrá la desconfianza.
Ramírez Acuña concluye que el problema no es de leyes sino de personas, pues de acuerdo con su experiencia los controles que existen para evitar casos de corrupción y desvío de fondos son los suficientemente claros y eficientes.
“Estos gobernadores que han hecho gala de robo a lo descarado muestran que por más leyes que hubiera, las hubieran violentado. Es un problema de personas. Hicieron todo un esquema para poder robar: armaron empresas, crearon estrategias para violentar la ley y que no fueran encontradas sus fechorías, eso es de mentes criminales, delincuenciales que llegaron a robar no a gobernar, administrar o a hacer el bien”, añade.
La opinión de la legisladora por el MC va en el mismo sentido. Su preocupación es que la nueva generación de gobernadores, que empezó a tomar los cargos el año pasado, no puedan ayudar a restablecer la confianza y la credibilidad de sus electores.
Entre esta nueva generación de gobernadores se encuentran hijos de algunos personajes señalados en el pasado, por lo que considera que el reto es doble.
“Me preocupa muchísimo. Mientras no haya gobernadores que rindan cuentas es muy difícil evitar la degradación de la política. Tenemos que parar esto para que no sigan viendo las gobernaturas como un espacio para enriquecerse y no para el servicio social”, expresa a este medio.