Jorge O. Moreno
Para El Financiero
Escribir sobre la corrupción en México es abrir a la reflexión sobre un tema que, desafortunadamente, es imposible concluir en una columna, y fenómeno cuyo costo y social permea a todos los ciudadanos del país, no importando estrato de ingreso o nivel de educación.
Cientos de artículos y libros, de autores en diversas áreas de las ciencias sociales incluyendo antropología, economía, historia, leyes, sociología y politología, han dedicado su agenda de investigación al análisis de las causas de la corrupción, estudio de sus consecuencias, y propuestas para solucionar a este grave problema el cual sigue ocupando un lugar preponderante en la agenda cívica del país. De hecho, como también lo hemos observado en el panorama internacional y en particular con el caso de los gobiernos en Brasil y los escándalos financieros con empresas petroleras, el problema de la corrupción no es exclusivo de nuestro país.
En México, en fechas recientes, este problema ha ocupado las primeras columnas de distintos medios de comunicación al vincular la corrupción de diversos servidores públicos al desvío de recursos destinados a programas de asistencia social como construcción de hospitales, atención a adultos mayores, construcción y adecuación de escuelas en zonas marginadas, provisión de alimentos de niños en situación de pobreza extrema, hasta la compra de medicamentos necesarios para auxiliar enfermedades crónicas como el cáncer y la leucemia.
Al margen del grado de descomposición en los valores éticos que muestran la falta de empatía con el dolor humano ajeno, o el enorme enojo de quienes aportamos una parte importante de nuestros ingresos en forma de impuestos y somos testigos de estos actos, se encuentra lo que considero, es la causa principal a que el problema de la corrupción siga perpetuándose como cáncer en nuestra sociedad: la impunidad en los actos criminales.
Impunidad traducida en indignación que todo ciudadano percibe de la incapacidad de procurar la justicia, armar casos que generen jurisprudencia, castigar de manera ejemplar el crimen, y así desincentivar la reincidencia de esta trasgresión en todos los ámbitos de gobierno.
En una columna anterior planteamos sobre los fundamentos económicos del estudio del crimen, basados en el trabajo seminal de Becker (1968) en donde plantea que la decisión a cometer un crimen se fundamenta en comparar las ganancias esperadas de ejecutar tal decisión al costo que representa para la persona enfrentar la justicia; este último costo depende de dos factores importantes: el valor de la sanción para resarcir el daño causado, y la probabilidad de que esta sanción sea efectiva.
Cuando es noticia diaria la desviación de cientos, e incluso miles, de millones de pesos del presupuesto público en actos de corrupción que permanecen impunes, mientras que el robo de una lata de frijoles por un indigente es castigado de forma casi inmediata con prisión, uno no puede ignorar la alta regresividad del sistema judicial actual, esto es, la procuración de justicia y castigo real de un crimen es relativamente más probable en los crímenes realizados por personas de estratos de ingreso inferior.
Es entonces cuando la revisión de los hechos nos invita a preguntarnos: ¿cuál debe ser el punto de inicio para alinear los incentivos de nuestro sistema judicial a los intereses de la sociedad en la procuración de justicia en todos los niveles? ¿Cuál es el costo mínimo necesario para que estos cambios puedan implementarse, y cuáles son los costos de continuar postergando esta decisión social?
La respuesta a tales cuestionamientos no es trivial, pero sin duda está vinculada a la procuración efectiva de justicia por parte del sistema legal, a la capacitación de fiscales que representen los intereses de los ciudadanos y el estado ante un crimen, y a la modernización de los procesos de juicio, permitiendo incrementar la verosimilitud de castigo efectivo, al margen de actualizar e imponer las multas adecuadas para resarcir el daño ocasionado de manera directa e indirecta al patrimonio de los ciudadanos.
El tamaño de las ganancias derivadas de la corrupción muestran un mínimo del enorme costo de oportunidad en que estamos incurriendo por no contar con un sistema judicial justo, moderno, y capacitado. La indignación social no es suficiente para eliminar este problema de nuestra comunidad.
El autor es Doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-CONACYT Nivel 1.
