De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), existen 47 grupos de delincuencia organizada involucrados en la trata de personas para fines sexuales y laborales; se encuentran en México, Centroamérica y Estados Unidos y operan principalmente en 18 entidades de nuestro país.
La publicación “Al día las cifras hablan”, un análisis elaborado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado, dio a conocer que en 2016 la PGR inició 571 averiguaciones previas por trata.
De éstas, 15.9 por ciento fueron consignadas y únicamente 1.9 por ciento terminó en sentencias condenatorias, con un total de 12 individuos castigados.
El documento señala que en el ámbito local, entre el 15 de junio de 2012 y el 30 de junio de 2015, se iniciaron mil 458 averiguaciones por este ilícito, de las cuales 27 por ciento derivaron en consignaciones y solo 18.4 por ciento en sentencias condenatorias, con 108 sentenciados.
Precisó que Puebla, Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca, Baja California y Estado de México concentraron 76 por ciento del total de las averiguaciones en el ámbito local. Asimismo, a escala nacional se identificaron 363 municipios considerados de alta vulnerabilidad y 464 de vulnerabilidad media.
El estudio indicó que a escalas internacional y nacional, Tlaxcala es considerado como una de las entidades con los más altos índices del delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
“Diversos testimonios dan cuenta de que en México la trata es un negocio constituido por redes de complicidad entre el poder político, económico, el crimen organizado y hay nexos con hombres propietarios de negocios sexuales metidos en la política”, subrayó.
El análisis retomó los datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que revelan que entre 25 y 80 mil pesos es el pago a policías ministeriales para congelar una investigación, y de 800 mil pesos a las autoridades municipales para que no preceda un operativo; además, se calcula que las organizaciones invierten más de 100 mil pesos para la defensa de responsables del delito de trata de personas.
Explicó que, basados en datos de la CNDH, el número de víctimas de trata en México varían entre 50 mil y 500 mil casos; el número de niños sometidos a esclavitud sexual varía de 16 mil a 20 mil y los menores sujetos a explotación sexual ascienden a 70 mil, de los cuales 50 mil son explotados en zonas fronterizas y 20 mil en el resto del país.
El documento hace énfasis en que cada año alrededor de 21 mil menores son captados por las redes de trata con fines de explotación sexual y 45 de cada 100 son niñas indígenas; en tanto, 93 por ciento de las víctimas son mujeres y 26 por ciento menores de edad.
Advirtió que el reclutamiento de menores para ser usados como halcones, mulas, sicarios o secuestradores es cada vez más común en algunos estados del norte y en áreas suburbanas de alta marginación del oriente de la Ciudad de México, y en otras ciudades de menor tamaño.
Se estima que el internet está presente en uno de cada cinco casos de trata de personas y más de 50 por ciento de los delitos cometidos por este medio se relacionan con la pornografía y la trata de menores.
Recordó que el 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, establecido en 2013 por la Asamblea General de la Naciones Unidas con el propósito de “concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos”.
Agregó que la trata es un delito grave que afecta a todo el mundo en el ámbito familiar, que tiene como fin la servidumbre doméstica, o en complejas operaciones de corporaciones del crimen organizado.
“Le obsequiamos un microondas al PRI, a nombre de millones de mexicanos que les exigimos sacar las iniciativas ciudadanas de la congeladora”, tuiteó Jorge Álvarez Máynez. Foto: Tomada de @AlvarezMaynez
Cd. de México (04 agosto 2017).- Diputados de Movimiento Ciudadano regalaron al coordinador del PRI, César Camacho, un horno de microondas para que en el próximo periodo de sesiones descongele las iniciativas que han presentado y que están en comisiones sin dictaminar.
Los legisladores Jorge Álvarez Máynez, Verónica Delgadillo y Candelaria Ochoa llegaron hasta las oficinas del líder para entregar el electrodoméstico, el cual recibió un secretaria porque el priista no estaba.
“Antes de irse, saquen de la congeladora nuestras iniciativas”, decía un cartelón que cargaban los integrantes de MC y una tarjeta pegada al horno.
Algunas de las iniciativas que los diputados exigen que sean discutidas y dictaminadas son las de eliminar el fuero en San Lázaro, la aprobación de la figura de revocación de mandato, la cancelación de las pensiones a los ex Presidentes de la República y que desaparezcan las prerrogativas de los partidos políticos.
Tal reclamo forma parte de las actividades de la llamada Jornada Nacional contra la Corrupción, que Movimiento Ciudadano lleva a cabo en diferentes instituciones públicas.
Los legisladores también fueron a las oficinas de la presidencia de la Cámara, encabezada por la panista Guadalupe Murguía, para urgir a que se reúnan las comisiones de trabajo respectivas y desahoguen las iniciativas de su partido.
Lo que queremos es que al iniciar el periodo ordinario de sesiones en septiembre estas iniciativas se discutan, dijo Álvarez Máynez.
Acusó al PRI de haberse apropiado de la Cámara de Diputados, por evitar que en este órgano se haga un trabajo legislativo donde se expresen todas las fracciones y solamente se discutan los asuntos que interesa a la mayoría tricolor.
“Esta es la casa del pueblo que se apoderó el PRI, se hizo de ella”, reprochó.
Quizá la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, es la que más se regocijó con el hito.
Durante unos cuantos años, ella y otras dirigentes presidieron gran parte de América del Sur y representaban a más de la mitad de la población del continente. Sus presidencias —en Brasil, Argentina y Chile— convirtieron a la región en un ejemplo de la búsqueda global por lograr un lugar más equitativo para las mujeres en la política.
Sin embargo, con la destitución de una de ellas —la brasileña Dilma Rousseff— y la batalla para defenderse de los cargosde corrupción que ha entablado la otra —Cristina Fernández de Kirchner de Argentina—, Bachelet se encuentra en una posición inquietante: es la única mujer que lidera un país en toda América.
Y en unos meses dejará de serlo.
Cuando termine su mandato el próximo año, no se espera que haya una presidenta en ninguno de los países del norte, centro o sur del continente ni del Caribe, lo que constituye un notable revés en una parte del mundo donde, hasta hace poco, se habían elegido mujeres para liderar a las democracias más influyentes.
“Tal vez tuvimos un ciclo de hiperabundancia”, dijo Bachelet en una entrevista.
El fin de la era Bachelet está despertando cuestionamientos incómodos entre los defensores de los derechos de las mujeres que tenían la esperanza de que los antecedentes recientes de mujeres elegidas para cargos en la región representarían un paso duradero hacia la equidad de género.
Decenas de países en todo el mundo, incluido Chile, han adoptado sistemas de cuotas de género como parte de un esfuerzo por aumentar la representación femenina en el gobierno. Aun así, el progreso en la votación de más mujeres para los órganos legislativos en la región y más allá ha sido obcecadamente lento. Todavía no se cumple la meta establecida por las Naciones Unidas en la década de los años noventa, de que al menos un 30 por ciento de los legisladores del mundo fueran mujeres; hoy en día, la cifra global es solo del 23 por ciento.
“En todos esos países en que se han producido importantes avances hacia la equidad de género, la tendencia puede revertirse fácilmente”, dijo Lakshmi Puri, directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, agencia de las Naciones Unidas que alguna vez fue dirigida por Bachelet y que se creó en 2010 para promover los derechos de las mujeres y su empoderamiento.
“Se dan tres pasos adelante y tres atrás”, dijo Puri.
Bachelet, Rousseff y Fernández de Kirchner llegaron al poder con el respaldo de funcionarios populares del sexo masculino en un momento en que a los votantes les atraían los partidos de izquierda que prometían construir sociedades más igualitarias.
Sin embargo, la imagen pública de las tres mandatarias y de las fuerzas políticas a las que pertenecen resultó afectada cuando las economías regionales se contrajeron al caer los precios de las materias primas y luego de una serie de escándalos de corrupción que han desatado dudas sobre sus liderazgos e integridad.
Si bien los presidentes a menudo ven cómo su aprobación cae mientras desempeñan su cargo, el trío de mandatarias sudamericanas dice que su género las expuso a reacciones particularmente virulentas.
En una entrevista reciente, Rousseff dijo que la “llamaron vaca como seiscientas mil veces” y atribuyó su caída, en parte, a la misoginia. La brasileña indicó que a ella la calificaban de ser dura y severa y “a un hombre lo habrían considerado firme y fuerte”, o que la criticaban por ser emocional “pero a un hombre lo habrían considerado sensible”.
El sucesor de Rousseff, Michel Temer, designó a un gabinete compuesto exclusivamente por hombres. El congreso de Brasil, por su parte, es uno de los órganos legislativos con mayor presencia masculina en la región; solo hay un 11 por ciento de legisladoras.
“Lo que no se les exige muchas veces a los hombres en la política sí se les exige a las mujeres. Y yo a lo que aspiraría es que el patrón, el corte, sea con la misma tijera”, dijo Bachelet.
“Creo que esto tiene que ver con sociedades machistas en las que a la mujer le ha costado irse ganando su espacio. Creo que se ha avanzado tanto en Chile como en el mundo y en América Latina, pero queda mucho por avanzar”, añadió.
Bachelet, quien tiene 65 años y es pediatra, comenzó su carrera en el gobierno como consejera en el Ministerio de Salud y ascendió con rapidez hasta convertirse en la primera secretaria de Salud de Chile, en el 2000, y después fue la primera secretaria de Defensa del país, en 2002.
Obtuvo su primera victoria presidencial con un amplio margen en 2005 y sustituyó a su aliado político, Ricardo Lagos. Bachelet no fue la primera jefa de Estado de la región, pero es considerada como la primera en haber sido elegida por sus propios méritos, sin haber sido apuntalada por un esposo con poder político. Fue un momento inspirador para las mujeres de toda América Latina, al ayudar a generar “en las niñas la percepción de que no hay límites”, dijo Bachelet.
Aunque después de que se calmaron las celebraciones en la noche de su primera victoria, Bachelet regresó a casa con el peso de un breve encuentro que tuvo en un evento de campaña.
“Si usted es elegida presidenta mi marido no me va a golpear nunca más”, le dijo una votante a Bachelet. La mandataria señaló que fue aleccionador “saberme depositaria de sueños y anhelos de tanta gente que tenía muchas expectativas con un gobierno mío”.
Durante su primer mandato, Bachelet encabezó reformas legislativas para frenar la discriminación laboral, proteger a las víctimas de violencia doméstica y ampliar el acceso a los servicios de salud para las mujeres argumentando que construir una sociedad más igualitaria no solo era un asunto de igualdad.
“Yo siempre hago una analogía futbolística”, dijo Bachelet. “Si de los 11 jugadores solo participan la mitad, no podemos ganar ningún juego. El país para desarrollarse requiere de todas las capacidades de los hombres y las mujeres”.
Cuando dejó el cargo en 2010, pues no hay reelección para mandatos consecutivos presidenciales en Chile, fungió como la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres. Le brindó el poder de su fama a una nueva agencia que financiaba iniciativas para combatir la pobreza, trabajaba para reducir la violencia de género y cabildeaba a favor de reformas políticas para que fueran electas más mujeres.
Sin embargo, las ambiciones de la agencia se redujeron porque no fue posible recaudar los 500 millones de dólares de fondos anuales contemplados originalmente. El año pasado, su presupuesto rebasó por muy poco los 327 millones de dólares.
Bachelet regresó a la política, al postularse y ganar en 2013. Durante su segundo mandato creó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género e impulsó una reforma electoral que establece que por lo menos el 40 por ciento de los candidatos a cargos públicos deben ser mujeres. Un segundo legado que espera dejar antes de retirarse del cargo el próximo marzo es la despenalización parcial del aborto por tres causales, medida que está siendo debatida en el congreso.
No obstante, la chilena dijo que saldrá de la presidencia con muchos asuntos inconclusos. Las mujeres solo suman el 16 por ciento del cuerpo legislativo. Además ganan aproximadamente un 32 por ciento menos que los hombres, son más susceptibles de caer en el desempleo y tienen menos probabilidades de obtener créditos. “La cultura es lo que más cuesta cambiar”, dijo Bachelet.
En junio el expresidente Sebastián Piñera, quien va a la cabeza en la carrera por sustituir a Bachelet, fue blanco de ataques después de que se divulgó un video en el que bromea sobre la violación para tratar de animar a una muchedumbre en un evento de campaña. Bachelet estuvo entre las personas enfurecidas. “La violación es la expresión del peor tipo de violencia contra las mujeres”, escribió en Twitter. “Bromear al respecto es denigrarnos a todas, y eso es inaceptable”.
Puede que la misoginia siga siendo palpable en la política chilena, aunque Virginia Guzmán, socióloga del Centro de Estudios de la Mujer en Santiago, dijo que las presidencias de Bachelet han dejado una marca indeleble en la sociedad. Reconoció que las mujeres aún tienen una representación baja en la política, pero dijo que en los años recientes se han vuelto más influyentes en otras esferas del poder, incluyendo sindicatos y movimientos estudiantiles.
“Creo que se le recordará como alguien que trató de conducir al país hacia una mayor democracia de formas muy importantes”, dijo Guzmán de la presidenta. “Las mujeres, y la sociedad en general, ahora están más empoderadas en términos de sus derechos”.
Aunque fue una dirigente popular durante su primer periodo, Bachelet dijo que a menudo sentía que se le imponía un estándar diferente que a los políticos de sexo masculino. Cuando su predecesor se emocionaba por algo en público, cuenta Bachelet, era alabado como un hombre sensible. “Si yo me emocionaba por algo, se me llenaban los ojos de lágrimas o se me apretaba la garganta porque sucedía una situación dramática, yo era una mujer ‘sin control de mis emociones’”, señaló.
Le fastidiaba que, cuando los editoriales criticaban sus decisiones, suponían que había seguido malas recomendaciones de consejeros varones. “Hay una dificultad para entender que una como mujer tiene capacidades de pensamiento, de decisiones muy autónomas”, indicó.
Aunque las expresidentas de Argentina y Brasil eran diferentes de Bachelet en cuanto a estilo y estrategias políticas, también hablaban de estar sujetas a críticas basadas en el género y ataques mucho más cruentos.
A la argentina Kirchner, quien dejó el cargo en 2015, con frecuencia le decían “yegua”, término usado para llamar a las prostitutas en la jerga. Los críticos de Rousseff, de Brasil, llegaron a poner calcomanías en su auto con una imagen de la presidenta de piernas abiertas justo donde se inserta la manguera de la bomba de gasolina.
Cuando las mujeres que se dedican a la política se quejan de la doble moral y de la misoginia en ese campo, a menudo se les acusa de usar a su favor argumentos sexistas, dijo Farida Jalalzai, una profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Oklahoma que publicó un libro el año pasado sobre las presidentas latinoamericanas.
“Ni siquiera es sutil; es evidente”, dijo. “Es un contragolpe para tratar de intimidarlas y que permanezcan donde están”.
El porcentaje de legisladoras en todo el mundo se ha elevado en la última década –de 11 por ciento en 1995 al 23 por ciento–, pero el progreso se ha estancado, según la Unión Interparlamentaria (UIP), un grupo que promueve la comunicación y las mejores prácticas entre los organismos legislativos.
“Tomará otros 50 años alcanzar la paridad si continuamos a este ritmo”, dijo Zeina Hilal, quien estudia género y política en la UIP. Dijo que las mujeres tienen dificultades para recaudar fondos, llegar a puestos de liderazgo en sus partidos políticos y vencer el sesgo de los votantes respecto a la capacidad de liderazgo de las mujeres.
Iván Aleite, un hombre chileno que trabaja como chofer en Santiago, dijo que le urge que termine el mandato de Bachelet. Su popularidad va en declive, consecuencia de una economía inactiva e investigaciones judiciales sobre los negocios de bienes raíces realizados por su hijo y su nuera, lo que Aleite dice son indicadores de que las mujeres no tienen capacidad para ser dirigentes.
“Tengo una teoría sobre por qué eligieron a Donald Trump”, dijo Aleite. “Los estadounidenses vieron los resultados de las presidentas en otras partes del mundo y la verdad es que, con excepción de Angela Merkel, ninguna ha tenido lo que se necesita para gobernar”.
Jalalzai ya había escuchado este argumento antes, en sus entrevistas a votantes latinoamericanos. Sin embargo, recalcó que si Trump pasa a la historia como “un presidente terrible, la gente no dirá que fue así porque era hombre”.
Escribir sobre la corrupción en México es abrir a la reflexión sobre un tema que, desafortunadamente, es imposible concluir en una columna, y fenómeno cuyo costo y social permea a todos los ciudadanos del país, no importando estrato de ingreso o nivel de educación.
Cientos de artículos y libros, de autores en diversas áreas de las ciencias sociales incluyendo antropología, economía, historia, leyes, sociología y politología, han dedicado su agenda de investigación al análisis de las causas de la corrupción, estudio de sus consecuencias, y propuestas para solucionar a este grave problema el cual sigue ocupando un lugar preponderante en la agenda cívica del país. De hecho, como también lo hemos observado en el panorama internacional y en particular con el caso de los gobiernos en Brasil y los escándalos financieros con empresas petroleras, el problema de la corrupción no es exclusivo de nuestro país.
En México, en fechas recientes, este problema ha ocupado las primeras columnas de distintos medios de comunicación al vincular la corrupción de diversos servidores públicos al desvío de recursos destinados a programas de asistencia social como construcción de hospitales, atención a adultos mayores, construcción y adecuación de escuelas en zonas marginadas, provisión de alimentos de niños en situación de pobreza extrema, hasta la compra de medicamentos necesarios para auxiliar enfermedades crónicas como el cáncer y la leucemia.
Al margen del grado de descomposición en los valores éticos que muestran la falta de empatía con el dolor humano ajeno, o el enorme enojo de quienes aportamos una parte importante de nuestros ingresos en forma de impuestos y somos testigos de estos actos, se encuentra lo que considero, es la causa principal a que el problema de la corrupción siga perpetuándose como cáncer en nuestra sociedad: la impunidad en los actos criminales.
Impunidad traducida en indignación que todo ciudadano percibe de la incapacidad de procurar la justicia, armar casos que generen jurisprudencia, castigar de manera ejemplar el crimen, y así desincentivar la reincidencia de esta trasgresión en todos los ámbitos de gobierno.
En una columna anterior planteamos sobre los fundamentos económicos del estudio del crimen, basados en el trabajo seminal de Becker (1968) en donde plantea que la decisión a cometer un crimen se fundamenta en comparar las ganancias esperadas de ejecutar tal decisión al costo que representa para la persona enfrentar la justicia; este último costo depende de dos factores importantes: el valor de la sanción para resarcir el daño causado, y la probabilidad de que esta sanción sea efectiva.
Cuando es noticia diaria la desviación de cientos, e incluso miles, de millones de pesos del presupuesto público en actos de corrupción que permanecen impunes, mientras que el robo de una lata de frijoles por un indigente es castigado de forma casi inmediata con prisión, uno no puede ignorar la alta regresividad del sistema judicial actual, esto es, la procuración de justicia y castigo real de un crimen es relativamente más probable en los crímenes realizados por personas de estratos de ingreso inferior.
Es entonces cuando la revisión de los hechos nos invita a preguntarnos: ¿cuál debe ser el punto de inicio para alinear los incentivos de nuestro sistema judicial a los intereses de la sociedad en la procuración de justicia en todos los niveles? ¿Cuál es el costo mínimo necesario para que estos cambios puedan implementarse, y cuáles son los costos de continuar postergando esta decisión social?
La respuesta a tales cuestionamientos no es trivial, pero sin duda está vinculada a la procuración efectiva de justicia por parte del sistema legal, a la capacitación de fiscales que representen los intereses de los ciudadanos y el estado ante un crimen, y a la modernización de los procesos de juicio, permitiendo incrementar la verosimilitud de castigo efectivo, al margen de actualizar e imponer las multas adecuadas para resarcir el daño ocasionado de manera directa e indirecta al patrimonio de los ciudadanos.
El tamaño de las ganancias derivadas de la corrupción muestran un mínimo del enorme costo de oportunidad en que estamos incurriendo por no contar con un sistema judicial justo, moderno, y capacitado. La indignación social no es suficiente para eliminar este problema de nuestra comunidad. El autor es Doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-CONACYT Nivel 1.
El secretario de Gobernación aseguró que sí hay castigo para los agresores de mujeres en el país; cifras oficiales muestran que lo que sí hay es impunidad.
Nadia Alejandra tenía 24 años cuando sus tres hijos vieron cómo su padre, Bernardo y su tío Isidro la mataron. Las autoridades del Estado de México cometieron irregularidades en la investigación, al grado que pese a la declaración de los menores sobre el asesinato, las autoridades aseguraron que la muerte de Nadia fue por suicidio.
En 2009, tres años después del asesinato, se reabrió el caso, esta vez Isidro fue encarcelado pero no por mucho tiempo. Su defensa apeló el fallo del juez y salió libre. Bernardo tardó 10 años ser detenido y procesado por homicidio y no por feminicidio.
El pasado 27 de junio el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que en el país se castiga a quien agrede a una mujer: “¡Ni una más! Pero no sólo en el discurso, sino en las acciones, para que se sepa que hay castigo a quien comete agresiones a las mujeres”.
Pero la realidad es muy distinta. En México una persona puede atacar a otra sexualmente casi sin consecuencias, pues de cada 100 agresiones que se perpetran, solamente seis llegan a ser denunciadas por las víctimas y de esas ni la mitad terminan consignadas por las procuradurías, según un diagnóstico sobre violencia sexual que realizó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Según proyecciones de la CEAV, de 2010 a 2015 se cometieron más de dos millones 900 mil ataques sexuales en el país, de los cuales el 94% ni siquiera fue denunciado.
Una de las causas que desincentiva la denuncia son los muy pocos resultados en los casos que si se investigan.
De 2010 a 2015 las procuradurías estatales iniciaron más de 80 mil averiguaciones por delitos de tipo sexual, solamente 29 mil terminaron consignadas ante un juez. 50 mil casos se quedaron en los escritorios de los fiscales sin justicia.
Por ello, El Sabueso califica la declaración de Osorio Chong como: Falsa.
En 12 de los 32 estados, si un hombre asesina a su novia, esposa o una mujer con la que tenga una relación sentimental, el crimen no es considerado feminicidio.
“Hemos estado pidiendo que el crimen de feminicidio se homologue al tipo penal federal para que así no tenga excusa la autoridad y pueda acreditar el delito, porque si no se toma esta medida, se estará ayudando a dejar en total impunidad los casos ya que las autoridades no lo investigan teniendo elementos para poderlo hacer”, afirma María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios.
El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios registró que de enero de 2015 a noviembre de 2016, se asesinaron a 2,083 mujeres en 15 estados del país.
Los estados más peligrosos para mujeres son: el Estado de México, Veracruz, Guerrero, Morelos y Tamaulipas, aunque en éste último no se ha levantado una alerta de género.
Sobre los responsables de un feminicidio que han sido sentenciados los número tampoco son alentadores. Una investigación de la Comisión Nacional de Tribunales detalla que de 2011 a junio 2015 apenas hubo 169 sentencias en nueve de los 32 estados del país por el crimen de feminicidio.
En una charla de aproximadamente 60 minutos, la diputada federal por el distrito 9 de Jalisco, María Candelaria Ochoa Ávalos, habló sobre los avances en materia legislativa, los retos pendientes a nivel federal y los vacíos que existen para que en los comicios de 2018 se ejerzan libremente los derechos políticos electorales de las mujeres
Através de una reflexión sobre la importancia de la equidad de género en el ámbito legislativo, su evolución, avances y deficiencias, la diputada federal por el distrito 9 de Jalisco, María Candelaria Ochoa Ávalos, realizó este miércoles la serie de charlas “Acciones Legislativas para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia Contra las Mujeres” en la capital del estado.
Como parte de la invitación extendida por la secretaria de la igualdad de las mujeres del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Enriqueta Burelo Melgar, la diputada federal visitó el estado para hablar sobre los avances en materia legislativa, los retos pendientes a nivel federal y los vacíos que existen para que en los comicios de 2018 se ejerzan libremente los derechos políticos electorales de las mujeres a nivel nacional.
En una charla de aproximadamente 60 minutos, explicó que el gran reto para 2018 es que la política contra la violencia hacia las mujeres se aplique democráticamente y en caso que existan omisiones a sus derechos, las víctimas, los partidos políticos a los que representan o la sociedad civil tengan las bases y conocimientos para denunciarlos y hacer frente a los vacíos de perspectiva de género que existen en todas las entidades federativas.
Señaló que los prejuicios son los que limitan el ejercicio del reconocimiento de igualdad de las mujeres frente a los hombres y generan brechas de desigualdad, violencia política por cuestiones de género e impiden que las mujeres puedan acceder a cargos de elección popular así como ejercer libremente sus derechos político electorales.
Sin presupuesto para la atención y prevención de la violencia
Ochoa Ávalos dio a conocer que el principal obstáculo que enfrentan las legisladoras es el limitado acceso a los presupuestos con perspectiva de género y recordó que en 2017 el Programa de Atención a la Violencia contra las mujeres presentó mil 200 millones de pesos menos que en el 2016 y el Instituto Nacional de las Mujeres tuvo 80 millones de pesos menos para enviar a municipios.
“No nos dejan moverle un peso, el presupuesto olvida la prevención y atención de los delitos en contra de la mujer”.
En este sentido la diputada federal hizo hincapié en que la Ley de violencia está detenida a nivel nacional, pues el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no quiso hacer quórum para que se aprobara y se hiciera valer en 2018.
No obstante dijo que el panorama de paridad sigue siendo interesante en referencia al próximo proceso electoral porque existen estados y municipios que ya han aprobado leyes para que las mujeres tengan una vida libre de violencia.
“Entendemos que a nivel federal la ley de violencia no es un hecho pero en Chiapas la situación es distinta y deberían evaluar cuánto han avanzado a partir de la aprobación de la ley, sería interesante observar qué están aprobando, cómo se aplica y analizar los cambios, entonces habrá oportunidad que las cosas marchen distinto”.
En un ambiente feminista y de participación activa, las presentes pidieron consejos a la también activista a fin que puedan ser aplicados a nivel local, pues se sabe que a través de la sensibilidad y humanidad de las activistas y Organizaciones de la Sociedad Civil se han logrado cambios significativos, incluso muchos más que las mismas instituciones gubernamentales.
“No solo debe existir un entramado jurídico sino que debe aplicarse, sabemos que en algunos estados la reglamentación y las prácticas para atender la violencia son deficientes, éstos deben aplicarse, incluso aunque no sea de un instituto político lo deben demandar”.
Paridad de género beneficia a todos
“Es importante que reconozca que quienes estamos en representación tenemos pendiente el comprometernos con los temas de género, la paridad debe aplicarse en todo, todavía hoy no somos consideradas sujeto de derecho, hoy se cuestiona si somos capaces de o si tenemos la habilidad para, el cambio no depende de un primer paso depende de todo y no comienza en un lugar específico se aplica igual en casa, escuela y trabajo”.
Para frenar la discriminación a la mujer es necesario reeducar, dijo, por lo que exhortó a las activistas a mantenerse en la lucha de los derechos igualitarios y a las legisladoras a comprometerse más con la ciudadanía y no poner las relaciones de partido por encima de sus representados.
“La violación a los derechos humanos de las mujeres nos violenta a todos. Los avances en leyes que fortalecen la igualdad nos favorecen a todos”.
Es importante mencionar que, actualmente, Candelaria Ochoa integra las comisiones de Igualdad de Género, la Comisión del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género además de la Comisión de Delitos Cometidos por Razones de Género.
Candelaria Ochoa vota a favor de la ciclovía en Av. Marcelino García Barragán
Este domingo por la mañana, la diputada Federal Ciudadana Candelaria Ochoa, pedaleó en su bicicleta desde la glorieta Minerva acompañada por entusiastas amigos, hasta la casilla 66 instalada en Río Amacuzac de la colonia Quinta Velarde, a donde arribó aproximadamente a las diéz de la mañana, con el fin de decir SÍ a la ciclovía de Marcelino García Barragán, en la consulta ciudadana organizada por el IEPC (Instituto Electoral y de Participación Ciudadana).
La diputada explicó que su voto a favor es por el beneficio que suponen las ciclovías en términos de mejora del medio ambiente, la movilidad de la ciudad, la economía por el ahorro que representa y la salud de las personas por el acondicionamiento físico. A los vecinos opositores, la legisladora les dice que mantener la ciclovía no les perjudica, antes al contrario ya que afirmó que todo redunda en beneficio, ya que tendrán menos autos en su entorno.
Recordó Ochoa Ávalos que las casillas se mantendrán abiertas hasta las 18.00 hrs. en este ejercicio al que muchos ciudadanos calificaron de muy bueno para la democracia. Tal es el caso del Sr. Paco González, quien a temprana hora llegó a votar a favor de que se mantenga la ciclovía para dar alternativas a la movilidad no motorizada, ya que argumentó que la ciudad comparada con CDMX, tiene en proporción más parque vehicular y agregó: “Nos encanta el carro, nos da sentido de status, por desgracia también nos transforma pues cada vez que nos subimos a un vehículo, asumimos actitudes prepotentes, negligentes muchas veces porque se ha generado una mala cultura vehicular, mucha violencia vial”, concluyó.
En la casilla de Río Amacuzac, la respuesta ha sido buena y la afluencia de votantes continua para responder en una pantalla, las preguntas formuladas por el IEPC que se refieren a Sexo, rango de edad, colonia y voto a favor o en contra de la ciclovía, finalizando con la tinta en el dedo pulgar. Acción vigilada por dos observadores de la FEU que hicieron acto de presencia en las 81 casillas instaladas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, del que por cierto se espera, dé a conocer el resultado de la votación después de las 6 de la tarde, resultado que se adelantó, no será vinculante.
La diputada agradeció a la gente que en ese momento se encontraba en la casilla votando, por su participación en este ejercicio ciudadano.
Norma Romero Vázquez, fundadora del movimiento de Las Patronas, -conocido así por el pueblo de Veracruz del mismo nombre donde sus integrantes reparten desde hace 23 años alimentos a los migrantes que pasan a bordo del tren La Bestia-, recibió ayer en la Universidad de Guadalajara (UdeG), el premio Corazón de León, galardón que la casa de estudios ha entregado en anteriores ocasiones a personajes como Carmen Aristegui, el sacerdote Alejandro Solalinde o el ex presidente uruguayo José Mujica.
La Patrona mayor no pudo retener las lágrimas conmovida por la ovación que le ofrecieron más de mil estudiantes en el auditorio Salvador Allende por su labor humanitaria.
“El mejor pago que uno puede recibir es el reconocimiento de ustedes, que se siente y es compartido con cada uno. Agradezco de todo corazón que los jóvenes volteen la mirada a esta obra que dio inicio con nosotras, las mujeres de Las Patronas, pero sobre todo a los indocumentados que nos abrieron los ojos en un tema en el que no veíamos más allá, porque teníamos miedo al compromiso”.
Las Patronas son un grupo de mujeres que trabajanen la comunidad La Patrona, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y que con la labor de alimentar a los migrantes primero al paso, luego en un comedor y ahora en un albergue, iniciaron desde hace más de dos décadas una actividad que poco a poco se ha extendido por todo el país, en particular en la ruta que siguen los indocumentados centroamericanos hacia Estados Unidos, viajando como pueden en trenes de carga.
“Hubo muchas críticas, decían que ayudábamos a delincuentes, pero no es así, los migrantes son personas muy agradecidas, muy admirables, que nos han enseñado sobre todo el valor humano, saber que como tratas te van a tratar”, sostuvo.
En su breve e improvisado discurso también dijo que México es un país que lo tiene todo y que aunque cada vez más las condiciones de los sin papeles han empeorado, en particular tras la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre habrá maneras de ayudarlos sin ser “racistas”.
Al finalizar el acto, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), la UdeG, el gobierno jalisciense y municipal de Zapopan firmaron una carta compromiso para formar un grupo que apoye, de manera altruista, a los migrantes en la entidad a través de un programa de atención.
El acuerdo fue firmado por el alcalde Pablo Lemus; el vicerrector de la UdeG, Miguel Ángel Navarro; el secretario de Desarrollo Social de Jalisco, Miguel Castro y el presidente de la FEU, Jesús Arturo Medina Varela. Fungieron como testigos el padre Solalinde y la propia galardonada, Norma Romero Vázquez.
Este jueves 29 de junio, en el marco del convenio de colaboración entre el Gobierno Municipal de Zapopan y la oficina de la UNESCO en México, se llevó a cabo en el Colegio de Jalisco, el Segundo Conversatorio sobre Derechos Culturales, donde tuvo una importante participación Candelaria Ochoa Ávalos, académica y Diputada Federal Ciudadana.
Ella abordó el tema de los Derechos Culturales desde la perspectiva de la igualdad de género que es su especialidad. Dijo que “Para empezar, la igualdad de género en el mundo cultural, no se ha reconocido suficientemente, aun cuando las mujeres son productoras y consumidoras de bienes culturales”. Por ello enfatizó que es imperante incorporar estrategias y medidas en las políticas culturales de las administraciones públicas, que fomenten la participación de las mujeres de manera directa o indirecta en todas las fases del proceso cultural, ya que reiteró, “las mujeres han sido grandes constructoras de la vida cultural”.
Candelaria Ochoa señaló que de acuerdo a la UNESCO, la igualdad de género puede ser decisiva para ampliar la definición de patrimonio cultural y aumentar su alcance y significado para beneficio de toda la sociedad.
Se mostró de acuerdo con lo dicho por la filósofa Eli Bartra, quien manifestó que se requieren estudios sobre el significado del arte, la cultura y el patrimonio, qué significa para la gente que lo produce. “Porque hasta muy recientemente, como cultura y patrimonio sólo se valoraba de manera tangible, los monumentos históricos y la alta cultura, y no el arte que se transmite de generación en generación y que muchas de las veces es utilitario e intangible”.
La Diputada Ciudadana aplaudió el esfuerzo del Gobierno de Zapopan por desarrollar ejercicios como el presente sobre Derechos Culturales e hizo una última reflexión: “Quiero terminar diciendo que el arte popular o de las élites, es realizado por hombres y mujeres de diferentes edades, etnias y preferencias sexuales. El arte y la cultura son actividades que aún no son reconocidas como importantes y las y los artistas populares o de arte culto, pasan grandes penurias antes de ser reconocidos, por ello, un gran paso es reconocer la cultura en el sentido más amplio y como lo retoma la Declaración de Hangzhou, parte del desarrollo sostenible y el fomento de su conservación en futuras generaciones”.
Hay una nueva generación de políticos en el poder pero persiste el temor a que continúen con las malas prácticas que llevaron a sus antecesores a la cárcel
Durante los últimos cinco años el tema de la corrupción ha sido una constante en el gobierno mexicano.
Más allá de si los encarcelan o regresan lo que se llevaron, en distintos sectores empieza a crecer una preocupación: ¿Cómo recuperar el respeto a la figura del gobernador? Un personaje clave en la vida política del país por ser ellos junto con los alcaldes quienes tienen el contacto directo con la población.
La confianza en estas figuras es fundamental para los partidos políticos, pero también para mantener la gobernabilidad en el país y más aún, después del año 2000 cuando con la llegada del primer presidente de oposición los mandatarios estatales se convirtieron en una pieza clave para mantener el equilibrio de poderes.
De los 32 gobernadores que han coincidido con el actual sexenio que inició en 2012, cuatro están encarcelados, uno está prófugo, y otro logró su libertad. Pero del total, los 22 que pertenecen al oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) tienen señalamientos de la Auditoria Superior de la Federación –el órgano fiscalizador a nivel federal- por supuestos desvíos de recursos que rebasarían los 258.000 millones de pesos (USD 14.300 millones).
Sobre estos gobernadores pesan acusaciones que van desde la adquisición masiva de lujosas residencias, hasta el desvío de presupuestos para compras cuestionadas.
En el ánimo ciudadano pesa también “el descaro” mostrado por los gobernadores, como el caso del priista Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, que según unos audios filtrados presumió en una noche de copas que entre sus pertenencias tenía 1.000 camisas, 400 pares de zapatos, 300 trajes de lujosas marcas y 400 pantalones.
No sabemos qué sucedió
Francisco Ramírez Acuña, del derechista Partido Acción Nacional (PAN) fue gobernador del estado de Jalisco entre 2001 y 2006. Afirma que entre algunos ex mandatarios estatales existe una preocupación real por el desprestigio que ha sufrido esta figura a raíz de los escándalos de corrupción.
Admite también, que “ya no queda en manos de los ex gobernadores, quienes lo fuimos ya no podemos volver a serlo y los que ya no tenemos actividad publica no está en nuestras manos poder hacer propuestas por respeto a quienes están en el ejercicio. Es una costumbre no escrita de que quienes lo fuimos, nos mantenemos alejados para que no haya un ápice de sospecha que queremos estar en la actividad pública”, comentó en charla con Infobae.
Asegura que aún para algunos ex mandatarios estatales es “inexplicable” como sus sucesores han cometido “este tipo de atropellos y que en su momento, no fueran denunciados a tiempo ni parados por los congresos estatales”.
“[Lo que han hecho] Los gobernadores que han robado ha sido corromper a sus congresos estatales, comprándolos para que voten sus iniciativas y después ya no hay legislador alguno que se les quiera oponer”, agrega.
En este sentido, Candelaria Ochoa, diputada federal por el opositor Movimiento Ciudadano (MC) reconoce cierta responsabilidad de los legisladores, pero también está consciente que es poco lo que pueden hacer los partidos con representación mínima.
Ochoa pidió en distintas ocasiones en la tribuna legislativa una investigación en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, esperando ser extraditado de Guatemala, pero su fracción solo cuenta con 21 de 500 diputados.
Reconoce que en los congresos locales existen aún menos posibilidades de maniobra.
¿Se puede recuperar el prestigio?
En un momento de división política como el que enfrenta México, en el que el presidente Enrique Peña Nieto tiene un nivel de desaprobación del 76%, según la última encuesta de Consulta Mitofsky, la aceptación de los gobernadores es indispensable.
Una encuesta publicada en el mes de marzo reveló que sólo siete de los actuales gobernadores tienen una aprobación superior al 50%, mientras que el resto tiene un un promedio de 35.4%.
Tony Payán, director del Centro de Estudios sobre México de la Universidad de Rice en Estados Unidos, considera parte del problema que los mexicanos no creen que esta clase política tenga la capacidad de investigarse.
Y mientras sea así, se mantendrá la desconfianza.
Ramírez Acuña concluye que el problema no es de leyes sino de personas, pues de acuerdo con su experiencia los controles que existen para evitar casos de corrupción y desvío de fondos son los suficientemente claros y eficientes.
“Estos gobernadores que han hecho gala de robo a lo descarado muestran que por más leyes que hubiera, las hubieran violentado. Es un problema de personas. Hicieron todo un esquema para poder robar: armaron empresas, crearon estrategias para violentar la ley y que no fueran encontradas sus fechorías, eso es de mentes criminales, delincuenciales que llegaron a robar no a gobernar, administrar o a hacer el bien”, añade.
La opinión de la legisladora por el MC va en el mismo sentido. Su preocupación es que la nueva generación de gobernadores, que empezó a tomar los cargos el año pasado, no puedan ayudar a restablecer la confianza y la credibilidad de sus electores.
Entre esta nueva generación de gobernadores se encuentran hijos de algunos personajes señalados en el pasado, por lo que considera que el reto es doble.
“Me preocupa muchísimo. Mientras no haya gobernadores que rindan cuentas es muy difícil evitar la degradación de la política. Tenemos que parar esto para que no sigan viendo las gobernaturas como un espacio para enriquecerse y no para el servicio social”, expresa a este medio.
