Ante el peligro que están generando a los pobladores los hundimientos de tierra por la extracción indiscriminada de tierra, la falta de un estudio de impacto ambiental y la suspensión de la construcción de la presa en esa zona del Río Verde, pobladores y legisladores ciudadanos exigieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que cancele los permisos que ha otorgado a los areneros en la zona de Temacapulín.
En conferencia de prensa, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; el Colectivo de Abogados COA, la diputada federal Candelaria Ochoa Ávalos y el diputado Augusto Valencia López, acusaron diversas irregularidades que están provocando la depredación salvaje por parte de los concesionarios areneros, principalmente el hecho de que la Conagua mantenga vigentes permisos de extracción de arena de río hasta por 30 años.
“Como está detenida la presa judicialmente, lo que nosotros solicitamos como Congreso y como diputada y diputado que hemos estado dando seguimiento a este tema, es que la Conagua, en este momento, suspenda cualquier permiso de extracción de arena que esté vigente”, solicitó la legisladora ciudadana, junto con el diputado Valencia López y los representantes de los pobladores.
“La Conagua ha dado estos permisos sin un estudio de impacto ambiental y sin lo que representa esta extracción. Pueden decir que es normal que se den permisos para que se extraiga arena de los ríos, sí, para desasolve; pero no para lo que se está haciendo”, señaló.
Para dimensionar el tamaño del negocio, la diputada Candelaria Ochoa refirió que a diario se extraen aproximadamente 20 camiones de arena de río de cada uno de los más de 20 bancos detectados en la zona de Temacapulín, y que cada camión se comercializa entre 2 mil 500 y 3 mil pesos.
“El río está lleno de arena y piedra de diferente tamaño. En el caso de Temacapulín hay al menos dos depósitos de arena o tres; de ahí los trasladan a Cañadas, a la cabecera y también a Tepatitlán, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, Mexticacán, toda esa zona de Los Altos, ahí se vende (la arena)”, precisó el abogado Guadalupe Espinoza Sauceda, integrante del Comité.
Entre las irregularidades, señalan la entrega de concesiones hasta por 30 años, por parte de Conagua, algunas de las cuales no precisan fecha de inicio ni de término de las mismas, “error” que puede permitir a los extractores rebasar el periodo, así como el permitirles operar sin licencias municipales, sin permisos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ni manifiestos de impacto ambiental.
También acusan el incumplimiento del Reglamento de Tránsito y Vialidad por parte de las autoridades del Municipio de Cañadas, quienes no han logrado frenar el paso de los camiones por las poblaciones.
Como parte de las acciones para frenar la extracción indiscriminada de material del Río Verde, la Diputada Candelaria Ochoa presentó el pasado mes de abril una denuncia ante la Profepa, de la que han derivado dos visitas de inspección. En la primera, fue clausurado uno de los aproximadamente 23 bancos de extracción detectados a lo largo de los 3 kilómetros donde la Conagua dio permisos, y la otra se realizó hoy.
“Sin embargo, quiero decirles que la Profepa no puede vigilar a la Conagua; o sea, el propio Ejecutivo no se vigila a sí mismo. La Conagua da permisos sin estudios de impacto ambiental y la Profepa dice que no puede hacer nada”, lamentó la legisladora federal del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Adicionalmente, el diputado Augusto Valencia exigió que cese la persecución judicial de los líderes sociales María Félix Rodríguez Reyes, Catalina Mejía Alvarado y José Gutiérrez Espinoza, participantes en una manifestación por la defensa de sus tierras.
