La diputada Candelaria Ochoa visitó Honduras, del 18 al 21 de marzo, como parte de la Misión Internacional: Justicia para Berta Cáceres. La Comisión estuvo integrada por activistas y políticos de España, Argentina, El Salvador, Guatemala y México.
Trabajo de la Misión Internacional
La diputada Candelaria Ochoa formó parte de la Misión por la invitación de varios grupos de activistas a favor del medio ambiente de Jalisco y Chiapas, que se han sumado a los esfuerzos de la asociación Otros Mundos Chiapas para participar de la causa de Berta Cáceres. La invitación se hizo oficial a la Junta de Coordinación Política, desafortunadamente no resolvió a tiempo y acudió como representante del grupo parlamentario “Como era el último día de sesiones antes de vacaciones. Por lo que los gastos corrieron a cargo del grupo y de manera individual”, declaró la diputada.
“Un día antes de mi llegada a Tegucigalpa, se realizó una marcha demandando el esclarecimiento del asesinato de Berta Cáceres. Nos habían advertido a quienes integramos la misión que podía haber represión y quizá hasta detener a algunos y sacarlos del país, afortunadamente no sucedió así. Las calles de la capital hondureña y La Esperanza están llenas de pintas de Berta, y la gente tomó la iniciativa de crear botones y llaveros para compartir el mensaje de esta luchadora”, contó la diputada.
El sábado, la Misión Internacional viajó de Tegucigalpa a La Esperanza, por poco más de tres horas, ya que la juez que ejecutó la orden de alerta migratoria a Gustavo Castro nos había dado una cita en el Palacio de Justicia de La Esperanza, municipio de Intibucá, “sin embargo, tras esperar más de dos horas, su secretaria nos dijo que no nos recibiría, alegando que en un juicio no podía escuchar la declaración de una de las partes. Al respecto, manifesté que aún no había ningún juicio; sin embargo esto no importó”, mencionó Ochoa.
Después de la visita al Palacio de Justicia, “un palacio romano en medio de la nada: una zona rural de terracería: una justicia adornada, pero abandonada”, la Misión visitó la sede principal del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en el mismo municipio de La Esperanza. Esta organización fue dirigida y fundada por Berta Cáceres. “Es la más importante de Honduras, organiza a diversas comunidades. En La Esperanza, el COPINH tiene un Centro de Capacitación que apoya a los habitantes de ese municipio. Se realizan diversos cursos sobre el medio ambiente. Fue muy reconfortante, para los y las integrantes del COPINH, haber estado ahí; ya que la fiscalía públicamente considera, en una de sus líneas de investigación, que el asesinato de Berta se debió a un conflicto interno en el COPINH, por lo que ven claramente la intervención del Estado en su organización para tratar de amedrentarlos e incidir en su desmantelamiento. Es sintomático que, en un país con un sistema de procuración de justicia tan endeble, sucedan este tipo de cosas, aún cuando todos los campesinos tienen una formación política impresionante y están conscientes del despojo que las corporaciones hacen con sus tierras.”, narró la legisladora.
Durante la conferencia de prensa de la Misión, el 21 de marzo, se presentaron las conclusiones de la visita:
No se detecta la voluntad por parte del gobierno de Honduras para erradicar la impunidad relacionada a la violencia contra la defensa de los derechos humanos, sobre todo en los pueblos indígenas.Se pide la cancelación de concesiones de proyectos hidroeléctricos, explotación minera, industrial y forestal, para garantizar la sustentabilidad ambiental; la desmilitarización de los territorios del pueblo Lenca. Suspender el Plan para la Prosperidad, en conjunto con Estados Unidos, hasta que se garantice la protección de los derechos humanos en Honduras.Se desmiente la participación del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, del FBI y de la OEA en relación con la investigación de la muerte de la líder indígena, versión que maneja el gobierno pero que es falsa.
Sobre Berta Cáceres y Gustavo Castro
El asesinato de la ambientalista y defensora de los pueblos indígenas, Berta Cáceres es un eslabón más de una serie de asesinatos y persecución a quienes se oponen a los megaproyectos de inversión financiados por la bancada de desarrollo internacional.
En la tarde del 3 de marzo, día del asesinato de Cáceres, el mexicano Gustavo Castro, defensor de los derechos humanos, ambientalista e integrante de la Asociación Otros Mundos, daba un taller en el COPINH. Cáceres lo invitó a su casa el día de su asesinato. Gustavo Castro es el único testigo y es clave para la resolución del caso; sin embargo, “la justicia hondureña no va al fondo del asesinato, sino ha hecho una serie de nudos gordianos: le dictaron una orden migratoria por 30 días; el sistema judicial de Honduras no le otorga los beneficios de testigo y la posibilidad de regreso al país. Su vida corre peligro. Por ejemplo, La abogada de Castro fue suspendida 15 días por pedir una copia de la declaración de Gustavo y por pedir la corrección de una fecha equivocada en una de sus declaraciones. Esto es solo una muestra de lo endeble del sistema judicial”, argumentó Ochoa.
“Están tratando de culpar al COPINH o a su expareja y no a los grandes intereses políticos y económicos involucrados en este caso” narró la diputada.
Gustavo se encuentra en la Embajada de México en Honduras sin sus pertenencias. El Gobierno Mexicano debe tomar acciones más eficaces para resolver esta situación y no perder los esfuerzos de la Embajadora mexicana, Dolores Jiménez. “La familia de Gustavo viajó a Honduras para apoyarlo y llevarle ropa. Estas acciones pueden dejarlos en la ruina por el desgaste económico y emocional que requiere.”, mencionó Ochoa.
La diputada declaró que no ha habido presión suficiente de la cancillería. La Misión internacional y los abogados de Gustavo interpusieron un hábeas corpus, que las instituciones jurídicas debieron responder en 24 horas y hasta hoy, no ha sucedido. Además, existe el Tratado sobre asistencia jurídica mutua, entre México y Honduras, al que se puede adherir el caso de Gustavo, pero no lo han permitido.”
La semana próxima, la diputada urgirá a sus compañeros legisladores proponer vías para que liberen a Gustavo y garanticen el cumplimiento de sus derechos y la seguridad de su vida. “México tiene un asiento en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),con este fondo, sumado a bancos de Holanda y Finlandia, se apoya económicamente la construcción de las represas. Holanda ya retiró los fondos; México puede presionar a Honduras por medio del BCIE. Nuestro país aún no ha hecho lo que debe hacer. Lo diplomático no ha funcionado.”, finalizó la diputada Ochoa.
Imágenes Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres”
