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Los organismos de control interno y fiscalización surgen, hace algunas décadas, en un contexto de ilegitimidad gubernamental y descontento social. La incertidumbre gubernamental comenzó a generar grandes costos capitales en diversos países; sus índices de confianza se vieron disminuidos lo que tuvo repercusiones automáticas en la inversión extranjera y por lo tanto en la producción nacional. Tratando de frenar los efectos macroeconómicos adversos de esta crisis, las diferentes organizaciones internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre otras) conminaron a través de diversos medios a la apertura en la información pública y a la rendición de cuentas, ya que consideraron, que estos dos elementos eran la clave para la inversión, el crecimiento y la competitividad. De este modo, las estructuras gubernamentales comenzaron a incorporar la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción como ejes de acción, con lo que inauguraban una nueva forma de hacer política.

En los últimos años, el Estado Mexicano ha respaldado y ratificado la demanda internacional en términos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. En este esfuerzo se han firmado una serie de tratados nacionales e internacionales y se han generado leyes y reglamentos en todos los niveles de gobierno, de modo que fundamenten la existencia de dependencias y servidores públicos especializados en procurar la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas.

Parte fundamental del quehacer gubernamental es la ejecución de decisiones para satisfacer necesidades públicas mediante la gestión y prestación de servicios a los que la sociedad tiene derecho.

 

Derivado de ese quehacer público surge la necesidad de regular la relación del servidor público con el Estado para la profundización de la democracia y de la gobernabilidad en materia de lucha contra la corrupción, mediante un marco jurídico encaminado a la profesionalización en el actuar de los servidores públicos que permita mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y evite la discrecionalidad en el ejercicio gubernamental.

 

Los mercados públicos son espacios que los gobiernos locales deben promover y proteger, ya que por sus diversas características fomentan la convivencia social y fortalecen la economía doméstica. Los mercados públicos son parte del desarrollo del país, parte esencial de la cultura mexicana ya que fortalecen importantes eslabones económicos entre productores, distribuidores y consumidores finales. En términos económicos, los mercados públicos favorecen la distribución del ingreso porque la comercialización de una gran cantidad de productos y servicios se da en forma atomizada, por lo cual, miles de familias sostienen su economía a través de estos espacios.

A diferencia de las grandes cadenas comerciales de autoservicios,
varias de origen transnacional, los microempresarios que laboran en los mercados públicos son de origen local;; la venta al menudeo en los mercados públicos favorece la economía de miles de familias, tanto al oferente como al demandante, ya que la competencia promueve precios bajos, productos más frescos y de mayor calidad.

Sin embargo, de forma lamentable, los mercados públicos han sido paulatinamente sustituidos por las grandes empresas de autoservicio, esta política ha sido inspirada en un modelo que promueve la inversión extranjera, el otorgamiento de subsidios indiscriminados a la gran empresa, todo en detrimento del pequeño propietario cuya actividad productiva y comercial está mucho más enraizado al mercado interno.
Uno de los efectos de este modelo es el abandono de los mercados públicos;; la falta de inversión y de una regulación adecuada ha provocado el deterioro de la infraestructura: las redes de energía eléctrica, agua y gas sufren un peligroso nivel de obsolescencia. Además, existe la proliferación del comercio ambulante, que a diferencia de los locatarios formalmente establecidos, no pagan impuestos, y que en el caso del Mercado Libertad, se ha generado un ambiente de tensión entre ambas partes.

El Mercado Libertad, mejor conocido como Mercado de San Juan de Dios, es el más grande de América Latina. Cuenta con casi tres mil locales en 49 distintos giros comerciales, distribuidos en 3 niveles, con una superficie total de 4,570 metros cuadrados aproximadamente. Ahí laboran más de seis mil personas y es el sostén económico de más de veinte mil personas;; abre todos los días de la semana y diariamente lo visitan entre veinte y treinta mil personas aproximadamente.
A pesar de su historia e importancia económica, el Mercado de San Juan de Dios sufre una gran cantidad de problemas. Los comerciantes del mercado han demandado de forma reiterada ante las autoridades municipales atención a sus problemas;; sin embargo, han pasado más de quince años que este espacio emblemático de la ciudad no recibe una inversión del erario municipal que busque recuperar y mantener su esplendor original.

En días pasados de este mes de junio, quienes suscribimos la presente iniciativa, realizamos un recorrido general por las instalaciones del mercado, y detectamos un intenso olor a gas por el local número 1710 y sus alrededores, ubicado en la planta baja. Al hablar con los locatarios cercanos a esta zona del inmueble, manifestaron que: “Ese olor es tan común, que nosotros ya no lo percibimos, ya estamos acostumbrados”;; cabe señalar que el local 1710 y sus alrededores, se encuentra debajo de comercios de preparación y venta de comida, lo cual pone en alto riesgo la integridad física de todas aquellas personas que frecuentan el mercado. Comerciantes y clientes día con día se exponen al peligro que representan las fugas de gas.
Además, los locatarios hicieron mención de la existencia de “grietas” en el techo del mercado, problema que se agrava en épocas de lluvia, ya que por la acumulación de agua en la azotea del inmueble, la falta de impermeabilización de la azotea, y las grietas existentes en ésta, el agua de la lluvia se filtra a través del techo, causando así precipitaciones de agua en el interior del mercado. La acumulación de agua derivada de estas fallas, se mezcla con basura al interior del merado en los primeros dos niveles del inmueble, lo cual conlleva graves problemas de salubridad pública.
6. De acuerdo a los locatarios, el Mercado de San Juan de Dios tiene múltiples y complejos problemas. Por lo pronto, esta iniciativa se centra en la problemática de la infraestructura que provee de gas al mercado. Por su propia naturaleza, la acumulación de gas en los locales, varios de ellos cerrados, y en los pasillos, representa un peligro potencial que requiere atención inmediata. Es urgente que la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara realice un peritaje técnico que ubique los ductos donde se presentan las fugas y los repare de inmediato, evitando así una tragedia.

La eficiencia, efectividad y orientación por resultados se han constituido dentro de los nuevos paradigmas de la gestión pública, en valores institucionales guía para el comportamiento de los servidores públicos alrededor del mundo y en todos los niveles de gobierno.  México no ha sido la excepción, desde 1970 se han venido modificando e implementando novedosos marcos normativos en torno a la estructuración de los presupuestos en función del desempeño de la acción pública. Lo que se ha denominado como el Sistema de Evaluación del Desempeño, que es un componente central de un conjunto de reformas de gestión y presupuestación con base en el desempeño, y que tienen por objetivo incrementar la eficacia y la eficiencia dentro de las dependencias gubernamentales, incentivando así la transparencia y el proceso de rendición de cuentas.

Este esquema presupuestario con base en el desempeño quedó normado mediante la publicación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en 2006, en donde se establece que todas las instituciones que ejercen gasto público tienen I) la responsabilidad de llevar a cabo una gestión por resultados, II) establecer metas y objetivos para sus programas y III) evaluar los resultados.

Con la incorporación jurídica del Sistema de Evaluación del Desempeño en la gestión pública se ha buscado “transitar de un gobierno concentrado en el cumplimiento de procedimientos rígidos hacía instituciones públicas inteligentes” que permitan crear valor público a través de la generación de espacios de interlocución con la ciudadanía.

En este sentido, la evaluación de la gestión pública se encuentra estrechamente vinculada con las directrices del gobierno abierto y la rendición de cuentas, ya que la constante revisión de resultados de las dependencias gubernamentales ha permitido, por una parte, transparentar su quehacer mediante la generación de valiosa información, y por otra, identificar oportunamente si es necesario fortalecer su gestión, redirigir los esfuerzos o en última instancia eliminar aquellas que no estén mostrando los resultados esperados.

Por ello, es importante que para la asignación de recursos públicos a través del presupuesto, se tome en consideración el desempeño de las dependencias gubernamentales, de modo que los recursos destinados se encuentren en función de sus resultados, e incluso, en el caso de resultados nulos o nimios se considere la supresión de estas dependencias.

Toda acción que ayude y adicione al combate a la corrupción es definitivamente necesaria. No obstante, siempre será cuestionable la existencia de dependencias públicas que en lugar de generar beneficios en el actuar gubernamental o social, se constituyen como lastres del presupuesto, contraviniendo la propia esencia al convertirse en reproductoras de la corrupción, pues sus pobres y cuestionables desempeños no contribuyen con los ejes de transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública y con la correcta aplicación de los recursos públicos.