Un 18 por ciento de las Áreas Naturales Protegidas en el País cuenta con concesiones mineras, revela un cruce de datos entre terrenos con esa categoría y capas vectoriales de los permisos proporcionados a la iniciativa CartoCrítica.
En 74 de esos terrenos forestales se localizan 2.8 millones de hectáreas concesionadas a la explotación minera, indica el análisis.
En la actual Administración federal se ha decretado un 71.8 por ciento de la superficie natural protegida, que abarca más de 90 millones de hectáreas.
“Para nosotros, el principal tema es esta contraposición de políticas. ¿Para qué vas a establecer un Área Natural Protegida si al final vas a permitir una concesión minera?”, cuestionó Marcela Ortiz, administradora de proyectos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
“Es una contradicción entre cuál es la política de desarrollo y cuál la de política ambiental”.
Las concesiones implican que el proyecto minero aún no está en desarrollo, es decir, las empresas se encuentran en etapa explorativa o sin actividades.
Ocho Áreas Naturales Protegidas, ubicadas en el norte del País, tienen de 109 mil a 637 mil hectáreas concesionadas a explotación minera.
Destaca la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán que, de acuerdo con el cruce de datos, tiene el 79 por ciento de su superficie concesionada.
Dicho sitio es uno de los más importantes del Occidente mexicano y está integrado a la Red Internacional de Reservas de la Biósfera de la UNESCO.
El Valle de los Cirios en Ensenada, Baja California, alberga varias especies vegetales endémicas, como el cirio y el cardón, así como el reptil endémico Urosaurus lahtelai, y cuenta con un 25 por ciento de sus hectáreas concesionadas.
Debido a que las concesiones se otorgan a personas físicas y morales, los particulares con mayor número de hectáreas concesionadas dentro de áreas naturales son Roberto Magaña Aceves con 83 mil 16 hectáreas, Samuel Gallo Martínez con 53 mil 387 y Claudia Noemí Rivas Jasso con 40 mil 119.
Ortiz advirtió que los titulares de las concesiones sirven como prestanombres, por lo que no es posible saber con certeza qué empresa explota las hectáreas concesionadas.
Las concesiones mineras también se han otorgado en reservas naturales privadas o comunitarias, catalogadas como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, las cuales funcionan como áreas protegidas bajo la protección de las comunidades.
De las 417 mil 562 hectáreas dentro de este esquema, 116 mil cuentan con concesiones para la actividad minera, según la investigación del Consejo.
El organismo advirtió que la mayoría de estas concesiones se otorgan sin consultar a las comunidades y, a largo plazo, pueden devastar los recursos naturales de la zona.
“El acto de autoridad de otorgar una concesión sobre un territorio es en sí mismo un elemento que atenta contra los derechos de los legítimos propietarios de la tierra y genera una enorme incertidumbre, impactando en las estrategias de manejo y uso por parte de la población local”, criticó.