1

FUNCIONARIOS CORRUPTOS DEBEN SER INHABILITADOS DE POR VIDA: CANDELARIA OCHOA

Presentó una reserva al artículo 212 del Código Penal Federal

El combate a la corrupción ha sido un compromiso desde el inicio de su gestión, por lo que la Diputada Federal Jalisciense por Movimiento Ciudadano Candelaria Ochoa Ávalos, propuso endurecer las sanciones a servidores públicos que incurran en actos ilegales comprobados, de tal manera que se contemple la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisiones públicas de por vida. Así se expresó en el pleno:

“Hice uso de la Tribuna para presentar reserva al Artículo 212 del Código Penal Federal. Necesitamos hacer una buena ley que sancione e inhabilite de por vida a los funcionarios que se les comprueben actos de corrupción, solo así podremos combatir la corrupción de manera seria y responsable.”

La legisladora ha reiterado en innumerables ocasiones que el mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima debe ser castigado de manera ejemplar, de forma que un funcionario lo piense dos y hasta más veces antes de incurrir en un acto de corrupción.

“La persona que sea sancionada por un delito de corrupción y que este sea comprobado, que sea inhabilitado de por vida. Pero además no hacer una buena ley solamente, sino que los otros dos poderes se comprometan verdaderamente a no contratar funcionarios corruptos y procesarlos el poder judicial. Necesitamos mandar una señal que sancione a los corruptos.”

Cabe señalar que en una de sus participaciones en el pleno, Ochoa Ávalos advirtió que según un informe del Instituto Mexicano de la Competitividad, el 46% de los empresarios reveló que autoridades gubernamentales les piden sobornos a cambio de contratos y oportunidades de negocios y que la corrupción en el país le cuesta 900 mil MDP anuales, es decir, hasta un 5% del producto interno bruto.

La diputada ha enfatizado la importancia de la transparencia y el combate a la corrupción, como una forma de influir en la consolidación de la democracia y de favorecer la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos.