Alicia fue violada desde los seis años por su padre, y a los nueve tuvo su primer embarazo. Medía apenas 1 metro con 30 cm. Ella, como otras tantas menores de edad, pasan por esto todos los días de su vida. ¿Qué vida? Quien diga que defiende la vida debería defender a estas criaturas, que no han tenido infancia, que no han sido felices, que no han jugado con niñas de su edad, que todo lo que han vivido son violencias.
Según Pablo Kuri Morales, subsecretario de prevención y promoción de la salud en México, cada día dan a luz en promedio 900 niñas entre 10 y 17 años. De estas, 6000 fueron niñas menores de 14 años. Imagínense tener un hijo a los 10, 11, 13 años. (El Universal, 09-05-2016). De acuerdo al INEGI, 11 mil nacimientos al año son hijos de niñas menores de edad. El 84% de las niñas tenían 14 años; 35% secundaria incompleta; 23% primaria y 17% primaria incompleta. Además, la incidencia de embarazos en niñas es cuatro veces mayor en el medio rural, y en estratos económicos más desfavorecidos. Estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Puebla son los estados con mayor número de embarazos de mujeres menores de edad.
Según UNICEFF, el 63% de las menores de 14 años se han embarazado por abuso sexual. Para Josefina Lira Placencia, jefa de la unidad de investigación de medicina adolescente en el INPER, las violaciones y falta de acceso a los anticonceptivos son las principales causas de los embarazos adolescentes (Milenio, 02-02-2016) Según la especialista, a menor edad, mayor incidencia de violencia y abuso sexual; y reitera que entre los principales abusadores se encuentran los tíos, padres, padrastros, cuñados y amigos, es decir, los hombres del círculo familiar son los abusadores.
En 23 años estas cifras no han disminuido en nuestro país, están estancadas. Algo estamos haciendo mal en política pública para prevenir el embarazo en mujeres menores de edad. Pero, ¿cómo hacerlo, si cada vez que se quiere impulsar la educación sexual en adolescentes encontramos resistencia? Queman libros, dicen falsedades de los contenidos, amenazan a funcionarios públicos diciendo que les van a hacer campañas en contra. ¿Cómo desarrollar una política pública si se siguen manteniendo los estereotipos sobre los roles de mujeres y hombres en los medios de comunicación que reproducen la subvaloración de las mujeres? ¿Cómo generar una política pública si cuando se legisla en contra de la violencia, se impulsan también contrareformas en ese sentido?
Es violencia contra las niñas y las mujeres la maternidad que como bien lo retoma este informe de GIRE – Grupo de Información en Reproducción Elegida se convierte en castigo. Para la elaboración de este documento se realizaron más de 900 solicitudes de acceso a la información pública, mismas que se sistematizaron y analizaron en relación con otras fuentes públicas. De acuerdo con datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero 2015 y abril 2018 se realizaron mil 666 averiguaciones previas por el delito de aborto, pero al no estar desagregados por sexo, es imposible conocer cuántos corresponden a mujeres.
En respuesta a solicitudes de acceso a la información, las autoridades reportaron a GIRE que durante el periodo de enero 2007 a diciembre 2016 fueron denunciadas 4 mil 246 personas por aborto: en promedio una cada día. Los cinco estados de la República Mexicana en los que se presentaron más denuncias son: la Ciudad de México con 894 casos; Baja California, 412; Veracruz, 416; y Nuevo León, 339; Hidalgo con 207; y Jalisco con 203 y Jalisco no reporta juicios penales ni sentencias, ni personas en prisión preventiva ni definitiva. Podemos concluir que Jalisco fue el Estado que negó información para este informe. En el mismo lapso, 228 personas fueron sentenciadas. En ese periodo, 83 personas estuvieron en prisión preventiva y 53, en prisión definitiva. En ese periodo, 228 personas fueron sentenciadas y 83 estuvieron en prisión preventiva condenadas por abortar, y 53 en prisión definitiva.
Lo que podría ser increíble es que en México, están 136 personas en prisión condenadas por aborto de acuerdo con el informe. Muchas de estas personas están presas por sus confesiones autoincriminatorias realizadas bajo presión y en contextos de emergencias médicas. Algunos de los procesos penales culminan en sentencias condenatorias, ya sea privación de la libertad, multa, trabajo en favor de la comunidad o tratamiento médico integral, una forma de sanción que perpetúa la idea de que quienes abortan necesitan ser curadas.
El informe indica que también hay hombres detenidos por esa causa, pero la mayoría de las sentencias fueron dictadas en contra de mujeres. Los hombres sentenciados se dividen entre algunos que ayudaron a una mujer a abortar, así como quienes ejercieron violencia contra las mujeres y provocaron un aborto o cometieron un feminicidio. Lo inaudito es que cuando se tienen casos claros de feminicidio ni siquiera se reconozcan como tales.
Gire ha dado seguimiento 37 casos de aborto de 2007 a la fecha documentando, registrando y acompañando en la búsqueda de justicia.
En todo el país, 29 entidades federativas establecen como causal de exclusión o no punibilidad que el aborto sea resultado de una conducta imprudencial o culposa; sólo dos contemplan que haya causas económicas para interrumpir el embarazo, y únicamente en Ciudad de México está despenalizada su interrupción antes de las 12 semanas de gestación.
Retomo una declaración de Regina Tamés quien expresa, Es impactante reconocer que “El impacto es enorme: los profesionales de la salud consideran que están cometiendo un delito y las mujeres que entran a los hospitales con alguna emergencia obstétrica se encuentran en un peligro mayor”, explica. “Los prestadores de salud no conocen la normativa o, aun cuando la conocen, quieren castigarlas”.
La única causa de interrupción legal del embarazo en todo el país es la violación: 24 Estados recogen como causa el riesgo de muerte para la madre; 16, alteraciones genéticas graves; otros 15 contemplan el riesgo a la salud y la inseminación artificial no consentida; y solo dos aceptan razones socioeconómicas. Esto muestra que no existe una homologación en los códigos penales de este país, por ello, esta debe ser una tarea pendiente. En algunos casos, las mujeres son acusadas de delitos como infanticidio y homicidio en razón de parentesco. Es decir, cada vez se han sofisticado las sanciones sociales a las mujeres, por ello, hay que reconocer que la criminalización por aborto afecta sobre todo a las mujeres en situación de vulnerabilidad, que provienen de comunidades marginadas, de contextos de violencia, que viven pobreza, con falta de acceso a la información y de servicios de salud reproductiva. Y esto se da porque son los casos que conocemos porque se penalizan, seguramente habrá muchas mujeres que abortan pero que no conocemos los casos porque tienen o tuvieron otras condiciones económicas, sociales y culturales que le permitieron realizarlo en otras condiciones.
El tema del aborto sigue considerándose un asunto de política criminal y no un problema de salud pública y de derechos humanos. Desde la modificación de 16 Constituciones estatales que legislaron para proteger la vida prenatal en abstracto, sin considerar que esa protección pasa necesariamente por la vida de las mujeres.
La reforma en materia de Derechos humanos nos obliga como país a acatar las últimas recomendaciones de las CEDAW y el Consenso de Montevideo para armonizar las legislaciones estatales en esta materia. Se requiere avanzar en las causales legales para garantizar la vida, la integridad y la salud de las mujeres; garantizar la NOM 046 en materia de ILE y de acceso a la anticoncepción de emergencia y de VIH y sobre todo, que la maternidad sea placentera, sin riesgos y deseada.
El derecho a la información y los servicios de anticoncepción, son derechos enmarcados constitucionalmente en los Artículos 4 y 73, de ahí que se haya avanzado en la normativa en la materia como la NOM 005 del año 2004 y la NOM 046, de 2009. Existe un conjunto de prejuicios que deberemos analizar a fondo: el derecho a la salud sexual, a los derechos reproductivos, a saber, conocer y manejar profesionalmente la anticoncepción de emergencia, y en esto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar todos estos derechos.
Quiero hacer una aclaración que es muy importante, los servicios médicos y las legislaciones en materia de aborto, denominan “producto” al embarazo, pero cuando se está frente a las y los trabajadores del sector salud, le denominan “bebé, hij@ o criatura”, cuando esta figura NO existe en los Códigos penales ni en el lenguaje médico y esto sin duda determina valoraciones morales de sanciones para las mujeres.
Hoy quiero reiterar que NADIE desea el aborto, pero NINGUNA quisiéramos ser Alicia, o haberla conocido, pero les aseguro que si yo tuviera a una Alicia cerca, le ayudaría en todo lo que diera mi humanidad y solidaridad. Estoy segura que ninguna mujer quiere depender del aborto como recurso anticonceptivo, pero requerimos destrabar estereotipos en materia familiar e individual sobre nuestros derechos a la reproducción libre e informada y a una educación sexual sin prejuicios. Los mecanismos del Estado han sido insuficientes para evitar la violencia contra las mujeres; para evitar violaciones sexuales; para garantizar todos los derechos, por eso, considero que estamos obligad@s a dar una discusión seria, abierta, científica y profesional para que sin prejuicios de clase, etnia o condición ideológica, abordemos estos temas difíciles que garanticen nuestros derechos. Así como cuando de niñas jugábamos a las escondidas y nos salvaba alguna compañera, hoy todas tenemos que salvarnos, garantizar nuestras vidas y nuestros derechos: Por ti, por mi, por todas!
Texto presentado en la presentación del Informe de GIRE – Grupo de Información en Reproducción Elegida: “Maternidad o castigo: la criminalización del aborto en México” (2018), en el Museo de la Ciudad.
Les invito a consultarlo, descargarlo y compartirlo: https://goo.gl/8ms6UC y http://criminalizacionporaborto.gire.org.mx/assets/pdf/Maternidad_o_castigo.pdf